Interesante y curioso

Sánchez acumula más de 30 leyes atascadas en el Congreso por su debilidad

A la falta de un plan B al estado de alarma se suman: las consecuencias de haber gobernado durante 14 meses mediante reales decretos ley y sus pocos -y cada vez más caros- apoyos.

Insistió Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso en que su intención es agotar la legislatura, por más que Pablo Casado le llamara “pato cojo”. E invocó las palabras mágicas: “Estabilidad política”.

Sin embargo, durante estos 16 primeros meses de legislatura la estabilidad del presidente del Gobierno se ha asentado sobre una situación anómala: el estado de alarma y los 42 reales decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros desde el 10 de marzo de 2020.

La falta de un plan B para hacer frente al coronavirus que las comunidades demandan a Sánchez -incluida alguna del PSOE-, como también sus propios socios parlamentarios (ERC, el PNVMás País…) es en realidad reflejo de una desidia legislativa que acompaña a este Ejecutivo desde sus inicios.

Desidia y debilidad, puesto que los 155 escaños que suman los dos socios de gobierno les dejan a 21 de la mayoría absoluta, a expensas de otros costaleros parlamentarios.

Hasta ahora Sánchez ha disimulado ambas cosas con esos 42 decretazos en 14 meses (a tres por mes). Estos son mucho menos farragosos de hacer porque salen directamente del Ejecutivo y entran en vigor de inmediato, pero luego requieren su convalidación en las Cortes en los 30 días siguientes.

Y hete aquí que, para asegurarse los apoyos parlamentarios suficientes para convalidarlos y que no decayeran al mes siguiente, el Gobierno se comprometió a tramitar después muchos de esos reales decretos ley como proyectos de ley para que los grupos parlamentarios pudieran introducir enmiendas.

Más de una treintena

La consecuencia es que, a día de hoy, no se trata solo de que el Gobierno de Pedro Sánchez carezca de un plan B legislativo contra la pandemia, sino que además tiene varados en el Parlamento 32 proyectos de ley. De ellos, 24 proceden de decretazos que el Consejo de Ministros ha ido aprobando desde marzo de 2020 para parchear la crisis sanitaria y económica y que ahora tiene que tramitar como proyectos de ley.

Entre ellos figuran, entre otros, el Ingreso Mínimo Vital, actualmente en la Comisión de Trabajo; la suspensión de los desahucios para las personas más vulnerables y ayudas fiscales al sector de la hostelería, el comercio y el turismo.

Así como el proyecto de ley por la que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, más conocido como el proyecto de ley de los fondos europeos. Famoso porque, al enviarlo al Congreso, el Ejecutivo omitió un informe demoledor del Consejo de Estado al respecto. El órgano consultivo alertaba en él de la falta de control sobre el reparto de fondos.

La interminable ley del “solo sí es sí”

Claro que si el Gobierno tiene más de una treintena de proyectos de ley atascados, algunos no llegan ni a eso. El caso paradigmático es el de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la gran apuesta de Irene Montero para convertir en ley el famoso “hermana yo sí te creo” y que va camino de convertirse en la historia interminable.

Se suponía que iba a ser la primera ley del Ministerio de Igualdad y a día de hoy sigue en fase de anteproyecto, sufriendo mil y una modificaciones antes de ser enviada al Consejo de Estado para que emita un informe. Un trámite que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, está postergando después de que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no fuera nada favorable.

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