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Montero acude a la exvicepresidenta Fernández de la Vega para salvar su ley

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Ana MartínEsdiario

La oposición unánime del CGPJ a la ley estrella de la ministra ha caído como una bomba. Ella quiere seguir. El ministro de Justicia no lo tiene tan claro. Y en el medio, el Consejo de Estado

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual sigue escribiéndose con renglones torcidos, un año después de que el Consejo de Ministros aprobara el inicio de la tramitación de su anteproyecto; que entonces vendió como “un referente internacional en materia de protección de las mujeres”.

El informe aprobado este jueves por unanimidad -detalle importantísimo- en el pleno del CGPJ cuestionando los dos pilares de la llamada ley del solo sí es sí, el consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación/agresión, ha caído como una bomba en un Gobierno ya de por sí muy tensionado.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se apresuró a tocar a rebato y llamar a la insumisión contra la justicia patriarcal. Puesto que el informe es preceptivo pero no vinculante (había obligación de solicitarlo pero no de asumirlo).

El Gobierno esperaba un informe desfavorable, pero no tanto… ni unánime

El Ejecutivo se esperaba un informe desfavorable, o al menos no tan favorable como el que en diciembre emitió el Consejo Fiscal con Dolores Delgado a la cabeza. Este último avalaba por unanimidad la consideración de todo abuso como agresión y proponía, eso sí, que lo del consentimiento expreso fuera redactado mejor. También el Consejo Económico y Social fue benevolente en el suyo.

Sin embargo, no se esperaba el Gobierno tamaño misil contra la línea de flotación de un anteproyecto que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha tratado de reconducir después de que el año pasado generara por estas fechas muchas dudas. A él mismo, a Carmen Calvo y a los otros dos ministros que son jueces de carrera, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

 

A la voz de “Solo sí es sí. #Seráley” en Twitter, Montero dejó clara su intención de seguir adelante con la tramitación, pasando por encima del informe del CGPJ. Es más. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, habló de un informe “regresivo”: “Si el informe va en ese sentido regresivo, efectivamente, la obligación del Gobierno y de los proponentes de esta ley, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia, es seguir adelante, cumplir el Convenio de Estambul, la legislación internacional, no desatenderla”, sostuvo.

He ahí la cuestión. Que también es proponente el Ministerio de Justicia, y Campo no lo tiene tan claro. Desde Igualdad recordaban este jueves que el CGPJ también se posicionó en contra del anteproyecto de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en 2004, y que entonces José Luis Rodríguez Zapatero optó por ignorar la opinión del órgano de gobierno de los jueces.

Zapatero con la entonces vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega.

Sí pero… no. Hay dos diferencias de calado. Entonces hubo mucho debate y la votación se decidió por un único voto de diferencia. Ahora el pleno del CGPJ al completo, tanto los vocales conservadores como los progresistas, se han pronunciado de forma unánime en contra. Entonces lo que se cuestionaba era la exclusión del hombre de su articulado. Ahora es su presunción de inocencia.

La última bala

En Igualdad guardan una bala en la recámara, según fuentes consultadas por ESdiario. Ahora deberá pronunciarse al respecto de este anteproyecto el Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo. Éste está presidido por María Teresa Fernández de la Vega, que en 2004 era la vicepresidenta primera del Gobierno y quien convenció a Zapatero para desoír el informe del CGPJ y seguir adelante con su proyecto de Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Entonces Fernández de la Vega llegó a decir: “Si el Gobierno tenía que elegir entre la seguridad de las mujeres y una interpretación conservadora del derecho a la igualdad ha optado por lo primero”.

En Igualdad confían en que el Consejo de Estado decante la balanza de los órganos consultivos (Consejo Fiscal y Consejo de Estado frente a CGPJ) y eso disipe las dudas del ministro Campo y, por elevación, de Pedro Sánchez.

El tira y afloja continúa.

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