Interesante y curioso

Los vocales progresistas bloquean el recurso del CGPJ contra Sánchez

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Trece contra ocho. La votación del Pleno extraordionario celebrado este jueves frustra el conflicto de atribuciones ante el Constitucional.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJno recurrirá la reforma legal del PSOE y Unidas Podemos que le retiró competencias constitucionales una vez agotado su mandato. Tras un intenso debate, el Pleno extraordinario del Consejo que ha tenido lugar este miércoles ha quedado dividido entre los partidarios de iniciar acciones legales y los que no. Una votación 13 a ocho con la que los miembros progresistas han bloqueado cualquier opción de presentar un eventual conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.

El presidente del máximo órgano de Gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, se ha visto obligado a convocar la reunión a petición de ocho de sus miembros, un número que supera el mínimo legal de cinco exigido para forzar un Pleno. Los vocales Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Noya, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona buscaban alcanzar un amplio consenso sobre “las medidas a adoptar” contra el Gobierno que, finalmente, no se harán efectivas.

El CGPJ tenía sobre la mesa la posibilidad de plantear ante el Constitucional un conflicto de atribuciones que anulase la reforma legal con la que el Gobierno, sin consenso y por la vía de urgencia, recortó sus funciones para impedirle hacer nombramientos discrecionales, una vez prorrogado. Para ello, era necesario alcanzar una mayoría suficiente, 11 de los 21 vocales, que no se ha materializado en la votación celebrada al término de un intenso debate.

Los cinco miembros del órgano de gobierno de los jueces que se han revelado más beligerantes en el transcurso de la reunión apoyaban su postura en el alcance del Informe del Gabinete Técnico del propio órgano, solicitado por Lesmes, que confirmó la existencia de causas suficientes para dirigirse al Tribunal de Garantías en defensa de su labor institucional.

Según dicho informe, las potestades del Consejo “vinculadas al ejercicio” de su labor constitucional “se establecen en la propia Constitución” y, por lo tanto, son “indisponibles para el legislador ordinario”.

“Aunque el informe como tal, no ha sido objeto de debate, porque fue solicitado por el presidente para su consulta”, han aclarado las mismas fuentes, “sí que ha habido varios vocales” que se han pronunciado en el sentido de que “algo hay que hacer” para defenderse ante la polémica reforma del Gobierno de Sánchez.

Todos ellos han concurrido al Pleno de este jueves con una “propuesta desarrollada con las medidas concretas a adoptar”, y “confiantes” en que se “sumasen más miembros del Consejo” con la intención de emitir una respuesta consensuada, oficial y definitiva a la polémica reforma legal ya en vigor. No ha sido posible.

Además de sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional y la denuncia ante Europa, los vocales impulsores del Pleno han querido llevar a debate la posibilidad de dirigir una solicitud al Defensor del Pueblo para que presente, en paralelo, un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) instada por PSOE y Podemos.

El Informe técnico avaló el recurso

Aunque los expertos consultados por el CGPJ consideraron que no entraría dentro de las atribuciones del Ejecutivo -ni de las mayorías parlamentarias necesarias para la aprobación de normas con rango de ley orgánica- la modificación de unas funciones que la Constitución recoge y encarga al órgano de gobierno de los jueces , que sólo podrían ser alteradas por los cauces especiales previstos, no ha sido suficiente para impulsar una acción concreta del Consejo en defensa de sus atribuciones.

La institución presidida por Carlos Lesmes solicitó a sus propios técnicos que analizasen el alcance de la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos y el informe resultante ha sido valorado, hoy, sin consenso. La mayoría de los miembros del Consejo han rechazado la tesis que sostiene que suprimir la atribución del Consejo para hacer nombramientos discrecionales no permite duda interpretativa alguna a la luz de la exposición de motivos de la nueva ley.

Varapalo a las asociaciones judiciales

Los jueces exigieron reacciones contundentes al Consejo tras aprobarse “definitivamente por las Cortes Generales” el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con la que socialistas y Podemos han recortado funciones al CGPJ.

“Instamos al CGPJ a fin de que, a la mayor brevedad, adopte las medidas oportunas y ejerza las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución”, pidieron jueces y magistrados, el pasado 25 de marzo, a través de un escrito dirigido en su nombre por las principales asociaciones judiciales a la Comisión Permanente del CGPJ. La petición de más de 2.500 jueces y magistrados de toda Espalña no ha sido escuchada.

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