Interesante y curioso

Iglesias hace una auditoría de las residencias y concluye que él no tuvo culpa

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Ana Isabel Martín

En el documento, de 115 páginas, no hay un ápice de autocrítica por parte de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que por contra sí señala con el dedo acusador a otros.

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha elaborado lo más parecido a una auditoría sobre la gestión de la pandemia en las residencias y, a lo largo de las 115 páginas del documento, no hay un solo mea culpa. Más bien al contrario, el departamento de Pablo Iglesias concluye que se dieron una treintena de factores que provocaron una “tormenta perfecta” en la que él nada tuvo que ver. Fueron las comunidades. Y, si acaso, el Ministerio de Sanidad, que formaba parte del mando único.

Las conclusiones del informe (puede consultarlo aquí) vienen a refrendar la postura mantenida por Iglesias, que en los compases iniciales del estado de alarma compareció (saltándose la cuarentena) en La Moncloa junto a Salvador Illa para anunciar una serie de medidas en las residencias y después negó una y mil veces haber asumido ni una sola de las competencias de las comunidades. La oposición siempre dijo lo contrario.

El equipo de Iglesias no lo llama auditoría sino ‘marco común de lecciones aprendidas’

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales que encabeza Nacho Álvarez, que redactó el borrador y coordinó después este documento, no lo llama auditoría. Lo llama “marco común de lecciones aprendidas y de cooperación”, una forma más suave de tratar de explicar y explicarse por qué murieron 20.000 personas en las residencias solo en la primera oleada.

La cifra la aporta el propio documento con todas las cautelas. Éste fue presentado al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a principios de diciembre.

Entre las razones que esgrime están, además de la propia condición de los internos (personas mayores con problemas, en muchas ocasiones, de “índole neurocognitiva”) y de los centros (mucha zona común, habitaciones generalmente dobles), otras en las que el equipo de Iglesias señala con el dedo acusador.

En el capítulo de culpas de las residencias, Derechos Sociales asegura que: éstas no hicieron “planes de contingencia” o los hicieron mal; contaban con “ratios insuficientes de personal” ya de antes de la pandemia; el personal sanitario era escaso o no “suficientemente formado”; hubo contrataciones “de urgencia” de personal “sin experiencia”; hicieron “uso inadecuado” de los EPIs”; faltaron también “apoyos psicológicos”. Y, por supuesto, cita también la “enorme dificultad de acceso” a los test y el “colapso” en las funerarias.

Un extracto del documento elaborado por la Vicepresidencia de Iglesias. 

En un momento del informe, Derechos Sociales tira la piedra y esconde la mano al afirmar:” Operó una errónea percepción de que los centros residenciales, por su predicado carácter ‘socio-sanitario’, podían y debían hacer frente a la situación por sus propios medios. Esto se unió al lógico énfasis que la sanidad pública debía poner en proteger prioritariamente el ámbito sanitario y muy especialmente el hospitalario, que a su vez se encontraba más que sobrepasado en algunos territorios para afrontar la oleada. Todo esto pudo favorecer una errónea percepción del riesgo”.

Ahí y cuando sostiene, en abstracto: “La virulencia y rapidez de la primera oleada superó el ritmo de la adopción de medidas. A esto también contribuyó la complejidad organizativa y la multiplicidad de agentes intervinientes”.

Aquí se dirige a las comunidades, que son las que tienen las competencias en materia de residencias: “No siempre se estableció un abordaje conjunto del problema, en todos los niveles, con la aportación de las múltiples visiones y conocimientos. Las personas residentes en centros residenciales son y deben seguir siendo atendidas por el Sistema Nacional de Salud, si bien, a pesar de las situaciones de cronicidad que generalmente se abordan en las residencias, la coordinación entre sistemas debe mejorar, superando la existencia de diferentes lenguajes y cierto desconocimiento mutuo”.

El equipo de Iglesias reconoce el “esfuerzo” de las comunidades autónomas para mejorar sus sistemas de información compartida entre sanidad y servicios sociales, pero también ahí hay un pero: “La toma de decisiones podría haberse beneficiado de un mejor intercambio de información derivado de la existencia de un sistema más interconectado y con mayor detalle sobre la situación de los distintos centros y su evolución”.

El informe no especifica el papel jugado por Iglesias en la crisis de las residencias

En el informe hay grandes omisiones. Entre ellas, cuántas residencias hubo que intervenir y medicalizar y si Pablo Iglesias en personas llegó a mantener alguna reunión con el sector o las consejerías de Servicios Sociales o si siempre delegó en su secretario de Estado.

A partir del verano, y ante la masacre vivida en las residencias en la primera ola, la Vicepresidencia de Derechos Sociales tomó algunas decisiones. El 25 de junio el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia creó el grupo de trabajo Residencias y COVID-19 para coordinar propuestas.

Entre el 4 de agosto y el 8 de septiembre, cuando la segunda ola amenazaba, hubo tres reuniones de coordinación urgente entre la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y las consejerías de Servicios Sociales, en las que participó también el Ministerio de Sanidad. De ahí salió, entre otras cosas, un documento marco común para la aplicación en las residencias del Plan de Respuesta Temprana.

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