Interesante y curioso

El Consejo de Estado aprobará su dictamen sobre la ley de libertad sexual el 10J

Montero lo ha enviado con tres meses de retraso tras el golpe que el CGPJ asestó al anteproyecto de su ley estrella. Ahora confía en que el último órgano consultivo sea más benevolente.

El interminable periplo del anteproyecto de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual antes de su vuelta al Consejo de Ministros, adonde llegó por primera vez en un lejano 3 de marzo de 2020, está cerca de acabar.

El Consejo de Estado es el único órgano consultivo que queda por pronunciarse sobre la comúnmente conocida como ley del solo sí es sí y lo hará en un Pleno que se celebrará el jueves 10 de junio, según confirmaron fuentes del mismo a ESdiario.

Ese día el Pleno aprobará el dictamen que, a su vez, eleve una Comisión Permanente que ha de convocarse días antes: bien ordinaria -el jueves 3 de junio, lo más factible- o bien extraordinaria en una fecha más próxima al día 10.

Tres meses más de retraso

El pasado viernes 21 de mayo el Ministerio de Igualdad envió al fin, y con tres meses de demora, el anteproyecto de ley al Consejo de Estado y solicitó al órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega que se pronunciara al respecto con carácter de urgencia (le dio 17 días para hacerlo).

El motivo del retraso está en el informe demoledor que el pasado 25 de febrero aprobó por unanimidad el Consejo General del Poder Judicial sobre el articulado de la ley. Un informe que venía a cuestionar los dos ejes troncales del proyecto estrella de Montero: el consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso sexual y violación/agresión.

Ante tamaño rapapolvo, la vicepresidenta Carmen Calvo decidió forzar a la ministra de Igualdad a introducir nuevos cambios -en colaboración con el ministro de Justicia- antes de enviar el anteproyecto al Consejo de Estado. Curándose en salud de recibir otro palo similar; puesto que, aunque los informes de los órganos consultivos no son vinculantes, sí son preceptivos.

Es decir: el Gobierno tiene que pedirlos sí o sí aunque luego no los asuma, máxime tratándose de una ley orgánica que por tanto afecta a derechos fundamentales. Además, involucra a otros cuatro ministerios: Justicia, Interior, Política Territorial y Función Pública y Derechos Sociales y Agenda 2030.

Para este curso parlamentario, tampoco

Tanto se han alargado los tiempos que aunque el Consejo de Ministros se diera mucha prisa en enviar a las Cortes el proyecto de ley definitivo tras recibir el dictamen del Consejo de Estado es casi imposible que la ley del solo sí es sí sea aprobada en este periodo de sesiones. De forma que sería el segundo curso parlamentario con el casillero de Irene Montero en blanco.

Desde el Consejo de Estado trasladan a este periódico que el asunto es “muy complejo” y que ya están trabajando “a destajo” en él, pero es difícil adivinar por dónde irá el dictamen. Aunque sí hay un par de pistas clave.

Todos los asuntos relacionados con el Ministerio de Igualdad van a la Sección Novena, que preside la consejera permanente -y progresista- Adela Asua Batarrita, catedrática de Derecho Penal y exvicepresidenta del Tribunal Constitucional.

La jurista Adela Asua preside la sección del Consejo de Estado que elevará el dictamen al Pleno.

En una entrevista concedida a El País en mayo de 2018, antes de entrar a formar parte del Consejo de Estado, Asua se mostró favorable a unificar abuso y agresión sexual en un solo tipo penal que proponía llamar “atentado sexual”. Y ponía el foco en el consentimiento, la madre de todas las batallas en lo que se refiere a este proyecto de ley.

Es decir, opinaba muy distinto a lo que plasmó el CGPJ en su informe de febrero, que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, llegó a calificar de “regresivo”.

La encargada del dictamen

“Hay muchas formas de doblegar la voluntad de una mujer sin usar la fuerza. ¿Es esto menos grave? No creo que lo sea hasta el punto de constituir un delito diferente de menor entidad y con un nombre distinto”, señalaba la jurista Asua.

“Yo establecería un único delito de atentado contra la libertad sexual definido como cualquier acto sexual no consentido. Modelo basado en el consentimiento. Lo importante es la falta de consentimiento, la subordinación de la mujer al hombre”, añadía en aquella entrevista.

El factor Fernández de la Vega

También hay que recordar que la ahora presidenta del Consejo de Estado, Fernández de la Vega, era en 2004 la vicepresidenta primera del Gobierno. Y quien convenció a José Luis Rodríguez Zapatero para desoír un informe del CGPJ desfavorable a su proyecto de Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y seguir adelante. Que es el precedente de insumisión al CGPJ que en varias ocasiones ha esgrimido el actual equipo de Montero.

Entonces Fernández de la Vega llegó a decir: “Si el Gobierno tenía que elegir entre la seguridad de las mujeres y una interpretación conservadora del derecho a la igualdad ha optado por lo primero”.

Cabe recordar que, a mayores del informe del CGPJ, en diciembre el anteproyecto de ley recibió otro del Consejo Fiscal, con Dolores Delgado a la cabeza. Éste avalaba por unanimidad la consideración de todo abuso como agresión y proponía, eso sí, que lo del consentimiento expreso fuera redactado mejor. También el Consejo Económico y Social fue benevolente en el suyo.

Por eso en Igualdad confían en que el dictamen del Consejo de Estado decante la balanza de los órganos consultivos (Consejo Fiscal y Consejo de Estado frente a CGPJ).

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