Economia

Las cesiones de Sánchez: empleo, pensiones, alquileres e indultos

Las cosas son del cristal con que se miren. El primer ministro italiano, Mario Draghi, fue agasajado este viernes en Barcelona por Pedro Sánchez. Una representación de ambos gobiernos celebró una cumbre bilateral para aunar esfuerzos en materias como inmigración, reformas energéticas o fondos europeos. La sintonía entre España e Italia siempre fue elevada, aunque en estos momentos la política de ambos gobiernos tiene poco que ver.

El premier italiano tiene un plan de reformas para impulsar la economía avalado por todos los grupos políticos del Congreso de su país, mientras que aquí Sánchez es incapaz de ponerse de acuerdo con sus propios socios, si no es a cambio de cesiones en asuntos vitales como los indultos.

La diferencia más notable entre los dos gobiernos está en la administración de los fondos europeos. El anterior Ejecutivo transalpino de Giuseppe Conte creó un comité asesor integrado por empresarios y expertos de la sociedad civil, encabezados por otro economista de prestigio, el expresidente de Vodafone, Vittorio Colau. En España, será un grupo de funcionarios dirigidos por el jefe de Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo, el que mangonee en su reparto con criterios discrecionales, que nadie conoce a estas alturas, ni sepamos probablemente jamás.

La política de reformas españolas también permanece en el limbo. El Ejecutivo engañó a todos los españoles al desligar la llegada de los fondos europeos del cumplimiento de las recomendaciones exigidas por la Unión Europea. Esta semana hemos conocido que no es así. Las contrarreformas laboral y de pensiones, así como las medidas para mejorar la eficiencia del gasto público tienen que estar completadas antes de mediados del año que viene, en palabras de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, si queremos recibir el segundo tramo por 12.000 millones.

El Gobierno nos engañó: los fondos europeos dependen de las reformas de pensiones y laboral

El resultado de la fragilidad institucional y de las prisas por cumplir con Europa se traduce en cesiones constantes al precio que sea. El ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aprieta el culo estos días por culminar la reforma de las pensiones. El Banco de España le reprochaba esta semana, en su informe trimestral sobre perspectivas económicas, que la actualización anual de las pensiones al ritmo de los precios al consumo obligará a alargar la edad de jubilación y a elevar las cotizaciones.

Escrivá aceptó ligar las pensiones a la inflación y ante la presión de los sindicatos retiró su plan de que las revalorizaciones se guiaran por una media ponderada de los tres últimos años. Con unos precios al consumo próximos al 3 por ciento, las pensiones tendrán el año que viene el incremento más alto de la década, con entre 2.000 y 2.500 millones adicionales.

El ministro de Seguridad Social se dispone a recular también en el factor de sostenibilidad, que permite revisar estas subidas cada cinco años, a fin de contentar a los sindicatos y facilitar un acuerdo urgente.

Otra reforma descafeinada será la laboral. La vicepresidenta Yolanda Díaz envió la semana pasada un plan de despropósitos a los agentes sociales, consistente en suprimir por decreto ley los contratos temporales, en un país dominado por el sector servicios, sin mención alguna a la flexibilidad sobre los despidos.

De Biden a Rabat; de las pensiones a los alquileres o la luz, somos víctimas de la improvisación

Cualquier propuesta para reducir la temporalidad, pasa por rebajar a la par las rigideces y los costes del despido mediante fórmulas ensayadas con éxito en otro países europeos, como la mochila austriaca. Un método que establece la indemnización del trabajador desde el momento de su contratación y reduce al mínimo, por tanto, los litigios laborales. El papel presentado por Díaz no recoge, sin embargo, ni una línea sobre este asunto.

Con estos mimbres, el cesto que quería armar Calviño para recoger la cosecha de los fondos europeos, se quedará reducido este año a un tercio de lo previsto. De los 27.000 millones que puso en los Presupuestos, solo llegarán 9.000 a finales de julio, si no se producen más retrasos, porque los 10.000 restantes se darán a finales de año y su desembolso se producirá ya en el siguiente. Calviño introdujo esta pequeña trampa para semejar que el recorte de Bruselas era menor.

A menos de un mes de que lleguen los fondos nadie sabe adonde dirigirse para pedirlos. Un consorcio de grandes empresas energéticas se entrevistó con el ministro de Ciencia, Pedro Duque, para presentarle un proyecto por valor de 8.0000 millones por encargo de Iván Redondo. Duque, apurado, les contestó: “El plan es estupendo, pero solo dispongo de 200 millones para repartir entre todos”.

Los consorcios de capital público privado tampoco están definidos. La sensación creciente entre los empresarios es que las decisiones se tomarán a dedo, por interés político.

Un reflejo fiel de la desconfianza que inspira la política española ya se vio con los 28 segundos concedidos por el presidente estadounidense, Joe Biden, para atender a Sánchez en los pasillos de Bruselas.

Vicente Yáñez Pinzón y Américo Vespucio pusieron el primer pie en Norteamérica, en el lago de Chesapeake, en 1498, y Jaime Ponce de León, 15 años después alumbró La Florida. Si levantaran la cabeza, se volverían a la tumba de inmediato al ver el ridículo en el que hemos caído.

Pero aquí no acaban las capitulaciones. Un acuerdo político entre Podemos y el PSOE forzó al ministro de Transporte, José Luis Ábalos, a congelar durante tres años los alquileres en las zonas tensionadas, pese a que había prometido lo contrario. La medida provocará un efecto boomerang contrario al que se busca, al restringir la oferta, como ya ocurrió en otras capitales europeas. Suecia se vio obligada a suspender el control sobre los precios, porque los contratos tardaban en formalizarse hasta una década.

Las subidas combinadas del C02, el gas y el petróleo están creando una bomba de megatones a punto de estallar. La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, se sacó de la manga un impuesto sobre los dividendos caídos del cielo a las hidráulicas y nucleares anteriores a 2005, para contentar a Podemos.

Pero la medida, más allá de vapulear la seguridad jurídica, no tendrá repercusiones sobre los precios de la luz, que seguirán de récord en récord hasta finales de año.

Los consumidores y empresas soportamos una doble imposición en el recibo eléctrico sin que nadie en el Gobierno se rasgara las vestiduras hasta ahora. Además del 21 por ciento de IVA, se abona un impuesto del 5 por ciento y otro del 7 por ciento a la producción, que las eléctricas trasladan al cliente.

La tarifa regulada, que abonamos más de diez millones, entre particulares y pymes, va destinada en el 60 por ciento a sufragar peajes que deberían depender de los Presupuestos Generales del Estado. El principal coste son las renovables, a las que el Gobierno de Zapatero regó con miles de millones en subvenciones.

Fue el Ejecutivo de Rajoy el que recortó las ayudas, poniendo en riesgo la seguridad jurídica. Por contra, introdujo un sistema de subastas que refleja diariamente las variaciones de los costes y contribuye a la volatilidad actual. En la mayoría de países europeos se utiliza un método basado en futuros trimestrales o anuales, que dan estabilidad a los precios de la luz.

Ribera, en vez de modificar el sistema, se dedica a criticar al Gobierno anterior y a las eléctricas, con las que vivía una luna de miel pese a que ahora reniegue de fotografiarse con sus directivos. Subestimó las subidas y no tomó medidas para prevenirlas. Ahora vendrán las improvisaciones.

El principal benefactor es el Estado, como señaló este viernes el presidente de Iberdrola, José Ignacio Galán, que percibirá 2.700 millones solo por el alza del CO2. Así que debería rascarse el bolsillo, devolviendo a los consumidores la mayoría de estos ingresos extraordinarios, en vez de pasar la factura al sector. Pero es más popular cargar contra las eléctricas y no reconocer los errores.

Desde la fugaz cita con Biden a la inmigración; de las reformas laboral, de pensiones o energética a los indultos, que Garamendi dice que apoyó por error, somos víctimas de una gigantesca improvisación consistente en ceder o en capitular para seguir en el machito del Gobierno.

Ande yo caliente, y ríase la gente. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno. (Luis de Góngora)

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