Economia

La activación del fondo público de pensiones se demorará hasta 2022

  • Se aprobará la ley este 2021 pero no funcionará hasta un año después
  • Técnicos de Economía y Seguridad Social ya trabajan en las condiciones para los ahorradores

La puesta en marcha de conocido como fondo público de pensiones destinado a impulsar el ahorro privado a través de los planes de empresa no llegará antes del cierre de 2022, e incluso se podría retrasar su funcionamiento pleno algunos meses sobre esta fecha si el Ejecutivo no logra culminar la negociación y los agentes sociales y las licitaciones para la gestión de los depósitos a las empresas del sector privado en el plazo previsto.

 

Por el momento, el compromiso del Gobierno sobre este punto de la reforma de pensiones que deriva de la recomendación decimosexta del Pacto de Toledo para el impulso de los planes de previsión social complementaria, con especial atención a estos planes colectivos de pensiones en el ámbito de la empresa, pasa por aprobar antes de finales de este año 2021 la ley que enarbole el funcionamiento de este vehículo de ahorro que tendrá la titularidad pública pero cuya gestión correrá a cargo de las empresas aseguradores y gestoras del sector privado. “En el plazo máximo de doce meses, el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo en el que se atribuya a la Administración General del Estado capacidad legal para su promoción”.

Fuentes de Moncloa confirman a elEconomista que este es el plazo con el que trabaja el grupo de técnicos de la Seguridad Social y de los ministerios de Hacienda y Economía, para llevar la ley a Consejo de Ministros y al Congreso, posteriormente, y que se encuadraría en ese segundo paquete de medidas de la reforma de pensiones que se abordará durante el próximo año, tal y como se especifica en el calendario de actuaciones en la materia publicado recientemente por el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, donde este componente de la reforma se desplegaría en la segunda mitad del próximo año.

De este modo, pese a que la ley que regirá el fondo público de pensiones antes de la finalización del presente ejercicio, los trabajadores autónomos, funcionarios, pymes y empresas en general que quieran a acogerse a este vehículo de ahorro financiero no podrían comenzar a depositar sus ahorros al menos hasta finales del próximo 2022.

Esta medida, más allá, se contempla como fundamental en el seno del Ejecutivo y también en el grupo de trabajo para la materia de la Comisión Europea, ya que supondrá una revolución del ahorro privado en nuestro país. Más aún, si el Gobierno logra el objetivo de recortar hasta en un 66% el coste de las comisiones de gestión con las que cargan los ahorradores y que erosiona en el largo plazo el rendimiento y productividad del dinero depositado en los planes.

“Yo creo que el compromiso en la ley general de Presupuestos es que tendremos la norma preparada este año, por tanto, que esté disponible para el año que viene“, apuntaba en una reciente conversación con elEconomista el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá sobre los plazos para la puesta en marcha del instrumento.

Mejorar la fiscalidad de los planes

“Hemos tenido un modelo hasta ahora donde las rentas medias se beneficiaban muy poco de los incentivos fiscales existentes. Sabemos, por ejemplo, porque se está desarrollado en otros países, o en el País Vasco, que el mecanismo más potente para cambiar eso es a través de los planes de empleo. Hay que tener en cuenta que un plan de empleo tiene un coste medio en comisiones del 0,3% y un plan individual está en torno al 1,5%. Calculemos lo que es durante toda una vida pagar más de un punto más al año de rentabilidad durante 30 años, es decir, cambia completamente el atractivo del fondo”, argumentaba el ministro Escrivá.

Las primeras pautas del fondo público que aparecen en el Presupuesto General de 2021 también recogen un recorte del 75% de la desgravación fiscal para los planes individuales y un aumento hasta los 10.000 euros anuales de aportación para los planes de empleo. Unos parámetros que, más allá, podrán ser revisados en los próximos meses con mayores incentivos en los fondos de planes de empresa.

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