Economia

Habrá 8.200 ventanillas para pedir los fondos europeos pero Sánchez las controlará todas

María Vega  Eduardo Ortega Socorro

La UE exige al Gobierno dotar de más recursos al IGAE para que sus funcionarios fiscalicen a las Administraciones en el reparto de las ayudas europeas.

Pedro Sánchez tendrá en sus manos todo el control del reparto de los fondos europeos. El presidente del Gobierno creará una Unidad de Seguimiento de las ayudas en La Moncloa para que le informe día a día de la evolución de los proyectos que vaya a impulsar España.

Para que la liquidez llegue a todos los rincones del país, el Gobierno utilizará todos los resortes de la Administración. Convertirá, así, en ventanillas abiertas para los empresarios a los 8.131 ayuntamientos, las 17 comunidades autónomas y 22 ministerios que hay en España. Pero todo estará bajo la supervisión del presidente, según explican fuentes de Moncloa.

Los responsables de todas estas instituciones podrán impulsar o licitar los fondos europeos que les correspondan. “Si es un Ayuntamiento el que impulsa un proyecto y licita una determinada materia, será ese Ayuntamiento” la ventanilla a la que tendrá que recurrir la empresa interesada.

De esta manera, queda descartada la idea de una ‘ventanilla única’ que organice el acceso a los fondos. Se desarrollará un nuevo portal web, pero será para agrupar la información “de manera didáctica” y que los interesados se dirijan a la Administración correspondiente.

Este procedimiento es el que se ha fijado en el esperado Real Decreto-Ley (RDL) de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aprobó el Consejo de Ministros este martes, pero que no se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el próximo 31 de diciembre.

Entrará, así, en vigor, el 1 de enero de 2021. ¿La causa? Desde Moncloa alegan que el RDL y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se complementan el uno al otro. Por ello, el Gobierno los publicará en el BOE de forma paralela el último día de 2020.

Pero no irán solos. El 31 de diciembre se publicarán dos decretos más para reforzar las estructuras del Ministerio de Hacienda, que asumirá el control de la coordinación de los fondos europeos -con un papel especial del IGAE- y de la Presidencia de Gobierno, que tendrá grandes poderes para el reparto.

La Moncloa creará una Unidad de Seguimiento del Plan, que informará a Pedro Sánchez de manera diaria, individual y personalizada de la marcha de cada uno de los proyectos financiados con los euros procedentes de Bruselas. Esto asegura el control político por parte del presidente del Gobierno de este plan, ya que Sánchez ocupará, además, la presidencia en la Comisión de Seguimiento de los fondos.

Montero fiscaliza con el IGAE

Con el presidente ejerciendo el control en primera persona de todo el reparto de fondos de la Unión Europea, será la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) quien fiscalice al Gobierno.

Se trata de un organismo que depende de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que en este momento podría no contar todavía con los medios necesarios para poder asumir ese volumen de trabajo.

La Comisión Europea ha exigido al Gobierno español que dote a este ente público de los “medios materiales y humanos que sean necesarios para hacer su control”, según fuentes gubernamentales.

Para cumplir con este requisito imprescindible, el Gobierno no descarta optar por la redistribución de funcionarios o incluso por la contratación de personal para dotar de más recursos a este ente que depende del Ministerio de Hacienda.

Esa labor de control se tendrá que hacer, además, en base a unos nuevos procedimientos para poder agilizar el reparto de las ayudas europeas.

Sin que exista la intención de disminuir los controles esenciales de los movimientos de dinero público, el Ejecutivo quiere agilizar los mecanismos de control para que no sean un lastre en el reparto de fondos.

Que esta normativa funcione y que el IGAE pueda ejercer su control será vital para evitar usos no deseados o fraudulentos de las ayudas europeas. Según reconoce el Gobierno, dentro de España no habrá otros órganos fiscalizadores del reparto de fondos europeos.

Colaboración público privada

Como avanzó este periódico, la capacidad de los empresarios para poder llevar la iniciativa en este reparto de fondos será muy limitada.

No obstante, la normativa aprobada este martes para agilizar los trámites se enfoca claramente a reforzar la colaboración público privada para poder exprimir mejor los fondos europeos.

Para que el sector privado pueda colaborar de manera más estrecha con el sector público en la ejecución de proyectos, el Gobierno ha recuperado la figura de las Agencias independientes.

Pero no en el Real Decreto Ley que aprobó este martes para reformar las Administraciones, sino en los Presupuestos Generales del Estado a los que dio luz verde el Senado también este martes.

Además, a partir del 1 de enero funcionarán en España los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) para inyectar con más agilidad el dinero que libere Bruselas.

Se espera que estos proyectos estratégicos, que están inspirados en una figura similar que funciona en la Unión Europea, tengan gran capacidad de arrastre para la economía del país.

Antes de poder captar fondos, estos proyectos tendrán que ser arropados por un Ministerio y aprobados por el Consejo de Ministros. Pero una vez se pase este trámite, contarán con una prioridad absoluta frente a otros proyectos menos estratégicos.

Registro de empresas

Para que los emprendedores y empresarios puedan acercarse a los PERTE, el Gobierno creará un registro de empresas en el Ministerio de Hacienda.

Mientras, los ministerios que vayan a impulsar algún PERTE o proyecto podrán contar con un comité asesor para su puesta en marcha. Este punto no será obligatorio, pero no está claro con qué criterio se nombrarán sus expertos.

Además, como desveló Invertia, reorganizará a los funcionarios y los incentivará para que puedan dar salida al ingente volumen de trabajo que tendrán a partir de 2021 para que la Administración pueda canalizar los fondos de la UE.

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