Economia

El plan de recuperación se financiará con más impuestos y no incluye reformas

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Alea Jacta Est (La suerte está echada). La misma sensación de vértigo que sintió Julio César antes de cruzar el río Rubicón para asaltar la Galia experimentan los socialistas con respecto a las elecciones madrileñas. El candidato socialista, Ángel Gabilondo, se queja de que todo está planificado desde Moncloa. Sus asesores de comunicación le pasan notas con instrucciones y discursos que incumple porque no comparte ni comprende. Primero decidieron que fuera el aspirante soso, serio y formal para arañar los votos a Ciudadanos y luego, que se echara en brazos de Iglesias.

Una vez más el tiro les salió por la culataLos más favorecidos son los extremos de derecha e izquierda, mientras que el aspirante soso, serio y formal se desangra en votos en favor de la candidata revelación de Más Madrid, Mónica García, y de la propia Ayuso.

Madrid lleva camino de convertirse en una cruz en la brillante carrera del gurú monclovita y encargado de la campaña, Iván Redondo. Después de la moción de censura que aupó a Sánchez a la Moncloa en un golpe de gracia frente a Rajoy o del sorprendente resurgimiento del exministro de Sanidad, Salvador Illa, como aspirante a la Generalitat, este puede ser su gran fracaso.

Los nervios entre los socialistas están a flor de piel. La presión a los ministros para salir en defensa de Gabilondo ante la desesperación por la falta de resultados es tal en estos días, que la vicepresidenta Nadia Calviño se echó a la arena. Pero metió la pata al calificar de “inaceptables” los sueldos de los banqueros y pedir al Banco de España que tome cartas en el asunto.

¿Qué recoge el plan de 2.000 folios enviado a Bruselas? Más impuestos y ni una reforma

Calviño bendijo, desde el primer momento, la fusión entre Bankia y CaixaBank, que va a poner a 8.281 empleados en la calle. El Consejo de Administración, en el que se sienta Teresa Santero por parte del Frob, dependiente de Calviño, aprobó el pasado 30 de marzo la propuesta salarial de sus ejecutivos. ¿Por qué no se opuso la vicepresidenta en ese momento?

El Banco de España hace tiempo que perdió su capacidad regulatoria sobre las entidades financieras. La única que puede poner coto a los sueldos de los banqueros es Calviño, recurriendo a la llamada vía holandesa, avalada por el BCE, y que establece el control previo del Ejecutivo a las retribuciones de los consejeros delegados y presidentes de los bancos.

La vicepresidenta se metió sin querer en una ratonera de la que veremos cómo sale, porque ahora el Frob tendrá que decidir si se pronuncia en contra del sueldo del presidente de CaixaBank y antes de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, cuya remuneración se triplica al pasar de 500.000 euros a 1,62 millones con su nueva responsabilidad.

Los pagos de los banqueros, como recordó el CEO del Santander, José Antonio Álvarez, son aprobados por la comisión de retribuciones en base a una tabla de comparaciones internacionales con el sector (como se puede ver hoy en elEconomista) y luego ratificados por los consejos de administración y las juntas de accionistas. Son estos últimos los que deben oponerse o protestar, como han hecho con Florentino Pérez en ACS, en caso de que consideren sus ingresos desproporcionados.

Calviño sorprende con su giro a la izquierda con el ataque al sueldo de los banqueros

Lo que no es de recibo es que desde el poder establecido se aliente a la rebelión contra la banca. Esta posición solo se explica por el giro a la izquierda, que los gurús de Moncloa dieron a la candidatura por Madrid.

El teletrabajo aceleró la tendencia al alza de las ventas online o la sustitución de trabajadores, que no tienen la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. No hay más que echar un vistazo a los resultados de Google, Apple o Amazon. No obstante, los bancos se equivocaron al anunciar en tropel miles de bajas para aprovechar los meses que quedan hasta final de año, fecha que se puso de límite el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para endurecer prejubilaciones.

La campaña de Madrid sacó a la luz otra de las políticas impopulares del Gobierno, las subidas de impuestos a las que está obligado para financiar su obsesión por el gasto público. Este viernes, Montero tuvo que revisar el déficit al alza y aún quedan por recoger más gastos por la prolongación de las moratorias o los Ertes.

España es el único país de los grandes que aboga por subir los tributos a partir del año que viene. Francia, Alemania e Italia defienden lo contrario. Grecia prepara una ofensiva para bajar Sociedades e IRPF y Portugal, el más madrugador en presentar sus planes ante la Unión Europea, propone una senda de recorte de la presión fiscal hasta 2025.

El Gobierno pasó por el bochorno de aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el plan de reactivación de más de 2.000 folios que llevará a Bruselas, sin revelar ni una línea a la Prensa. Este viernes se descubrió el misterio. El Ejecutivo remitió el Plan Nacional de Reformas, que en vez de hacer honor a su nombre, tras señalar que “sin unos ingresos suficientes no es posible mantener un Estado social robusto que garantice la igualdad de oportunidades y la cohesión social”, anuncia “la adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI”.

Esta adaptación consiste, como ya se figuran, en una subida de impuestos que incorpore “la fiscalidad verde, las perspectivas de género y potencie las políticas de protección públicas más allá de la salud”.

Ni una mención al ajuste o contención de los gastos de la Administración para aquilatar sus costes y mejorar su eficiencia si no es mediante los recursos que se destinen a la digitalización. Tampoco hay reformas como las planteadas por Mario Draghi en Italia o Antonio Costa en Portugal.

El plan pasa de puntilla por aspectos claves como la reforma laboral, con la excusa de que depende de la negociación con los agentes sociales. Que Calviño y la responsable de Trabajo, la nueva vicepresidenta Yolanda Díaz, acudieran de manera separada a presentar sus iniciativas a Bruselas delata la existencia de grietas en el Gabinete ministerial.

Díaz defiende cambios de la reforma laboral en “aspectos esenciales” nocivos para la economía como la vuelta a los convenios colectivos, que vincularían los sueldos a la inflación, en víspera del repunte de los precios que se espera para los próximos meses por culpa de las materias primas. Nadie se explica cómo se va a lograr reactivar la economía con un incremento de los impuestos.

Para contrarrestar la ristra de malas noticias como el descalabro de Gabilondo o los malos datos económicos, Calviño tiene un as en la manga. El fondo de recuperación Next Generation EU, elaborado de manera unilateral por el Ejecutivo sin consultar con nadie, será utilizado como el bálsamo de fierabrás con el que tapar todas las heridas.

Esta semana España, junto a los tres grandes países de la Unión Europea, pidieron a la Comisión que acelere la llegada de los fondos para no perder la carrera frente a Estados Unidos o China. En eso llevan razón. Después del paquete de 1,9 billones anunciado esta semana por el presidente Biden, Estados Unidos habrá inyectado 4 billones de dólares a su economía, frente a los 750.000 millones de Europa, que aún están en el limbo de los parlamentos nacionales.

Para más Inri, Biden pretende financiar su plan de expansión con un incremento de los impuestos para los que ganen más de 400.000 dólares anuales, que pasarán de tributar el 20% al 40% por las plusvalías del capital, unido a un alza en Sociedades o la implantación de un gravamen mínimo del 15% para las empresas que facturen más de 2.000 millones.

La izquierda pretende utilizar el programa de Biden de manera propagandística para respaldar el incremento de la fiscalidad en nuestro país, aunque no tienen nada que ver una cosa con otra. Aquí se considera renta alta desde 60.000 euros anuales en adelante, una quinta parte que en Estados Unidos, y se pagan tipos de IRPF muy superiores a los americanos pese a las subidas.

El Banco de España alertó esta semana de que habrá que incrementar en ocho puntos las cotizaciones sociales para sufragar el gasto hasta 2050 si el Gobierno se empeña en subirlas al mismo ritmo que la inflación. El ingreso medio de un pensionista supera ya el 20% al salario mínimo. Solo el empleo público creció en 150.000 personas en los últimos doce meses.

¿Cómo vamos a pagar todo esto? A partir de 2022 se avecina un alza fiscal sin precedentes para financiar los incrementos de gasto en sanidad y educación derivados de la pandemia, así como las pensiones.

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