Economia

China inicia una nueva guerra y reclama la “soberanía digital”: ¿Cada país con su propio Internet?

  • Pekín propone un Estado cibernético similar al geográfico
  • El país asiático lidera la carrera por controlar el ciberespacio
  • Occidente acusa a Xi de querer evadir así el Derecho internacional

En pleno desarrollo y regulación de tecnologías cada vez más disruptivas -como es el caso de la inteligencia artificial- China mantiene su planteamiento de crear una soberanía cibernética similar a la soberanía geográfica. Esta acción generará poderes exclusivos del Estado sobre todo lo que ocurre en una Internet propia. Pekín inicia así una nueva guerra, librada en el ciberespacio, para controlar todo lo que sucede en él y acotar la influencia extranjera en el país.

Así lo manifestó el presidente Xi Jinping en diciembre de 2015, en la segunda conferencia Mundial de Internet en Wuzhen. El asunto ha vuelto a ponerse sobre la mesa en una pregunta escrita planteada al Parlamento Europeo por el eurodiputado alemán Moritz Körner a la vista del posicionamiento mantenido por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones.

“La nueva estrategia de ciberseguridad europea tiene como objetivo salvaguardar una Internet global y abierta”, responde Josep Borrell

El vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha señalado que “la Unión Europea promueve una visión del ciberespacio basada en el Estado de derecho para fomentar el desarrollo social, político y económico a nivel mundial, con pleno respeto de los derechos fundamentales. La nueva estrategia de ciberseguridad europea tiene como objetivo salvaguardar una Internet global y abierta, que al mismo tiempo garantice la seguridad y la protección de los valores democráticos europeos y los derechos y libertades fundamentales”.

La postura china ha recibido numerosas críticas de la comunidad internacional. Las grandes economías occidentales acusan a Pekín de tratar de eludir la aplicación del derecho internacional en el ciberespacio, incluido el derecho internacional humanitario y en particular, la Carta de las Naciones Unidas (ONU). Precisamente, el documento resulta aplicable en su totalidad a este campo. Los organismos internacionales lo consideran “esencial” para mantener la paz y la estabilidad y promover un entorno global “abierto, estable y seguro en el ciberespacio”.

“Un planteamiento de Internet fragmentado contraviene el espíritu de internet y la política internacional”, manifiesta Francisco Pérez Bes

“Un planteamiento de Internet fragmentado contraviene el espíritu de internet y la política internacional, cuyos esfuerzos se centran en construir y consolidar una Internet global, estable, segura, libre y abierta, y plantea un alto riesgo de socavar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en línea”, afirma Francisco Pérez Bes, socio de Derecho digital en Ecix Group y antiguo secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe).

Desde la óptica europea, la soberanía digital, entendida como la posibilidad de actuar de forma autónoma e independiente en el campo digital, es una prioridad política para la Comisión Europea. Así lo ha manifestado Ursula Von der Leyden, presidenta de la Comisión Europea en su plan 2019-2024.

Sin embargo, en la práctica no está resultando sencillo avanzar hacia esta soberanía. La dependencia tecnológica a la tecnología 5G china o las dificultades de regular la explotación de datos personales de ciudadanos europeos por parte de grandes plataformas norteamericanas, cuestionan el éxito de dicho proyecto. Sin embargo, la hegemonía europea en el desarrollo del cloud computing con su proyecto Gaia-X, la regulación de la ciberseguridad y de la neutralidad de la red, la estrategia europea de datos, o la regulación ética de la inteligencia artificial, refuerzan el liderazgo de Europa en el desarrollo de un ciberespacio más fiable.

Blindaje ante el 5G

Una vez desplegadas, las redes 5G constituirán la espina dorsal de una amplia gama de servicios esenciales para el funcionamiento del mercado interior y el ejercicio de funciones sociales y económicas vitales, como la energía, el transporte, la banca o la sanidad. Se llega a afirmar que la organización de los procesos democráticos, como las elecciones, también se basará cada vez más en las infraestructuras digitales y las redes 5G.

Dada la relevancia que va a tener el desarrollo de esta tecnología para el futuro, el Gobierno de España prevé aprobar en breve una norma con rango de ley en la que se regulen los requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación, a través de la que se pretende lograr tres objetivos. El primero tiene que ver con la protección de la seguridad nacional, en particular en reforzar la ciberseguridad de las redes 5G y de los servicios que se presten a través de aquellas. El segundo se centra en promover un mercado diversificado de suministradores, evitando la dependencia de proveedores poco confiables y posibles injerencias de terceros en dicha cadena de suministro. Y, por último, fortalecer la industria y la I+D+i nacionales en ciberseguridad.

El borrador de la normativa hace una mención específica a la preocupación por la excesiva dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros, lo que podría aumentar el nivel de riesgo al que se exponen tales redes. En relación con este extremo, Francisco Pérez Bes afirma que “la Comisión Europea va más allá y, en una Recomendación de 2019, ya adelantaba su postura, en la que mostraba que la ciberseguridad de las redes 5G es un asunto fundamental para garantizar lo que denomina autonomía estratégica de la Unión, concepto éste que está directamente relacionado con la creciente presencia tecnológica de China en Europa, el nivel de determinadas inversiones extranjeras en empresas europeas y las amenazas a la seguridad que, a juicio de la Comisión, ello supone”. La normativa recogerá la obligación de diversificar proveedores dentro de la cadena de suministro para evitar depender de uno solo o unos pocos. Además, el Gobierno examinará el perfil de riesgo de los suministradores de redes y servicios 5G en España.

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