Economia

Bruselas se queja al Gobierno por el recorte a las centrales limpias de CO2

  • La Comisión rechaza la medida tras las alertas de bancos de inversión
  • La secretaria de Estado se reunió media hora con la directora de Energía de la UE

La Comisión Europea ha trasladado al Gobierno español su malestar por el Anteproyecto de Ley que recortará los ingresos de tecnologías libres de emisiones como la eólica, la hidráulica o la nuclear.

La Directora general de Energía de la Comisión Europea, Ditta Juul Jorgensen, mantuvo una reunión ayer con la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagsen, para trasladarle al Gobierno las dudas que ha generado la propuesta de reducir los llamados windfall profits en el seno de la Comisión Europea.

La reunión, que duró apenas media hora, ha servido a los servicios de la Comisión para recabar más detalles sobre una propuesta que, según indican fuentes preguntadas por este diario, no había sido consultada ni con el sector, ni con la propia Comisión y que ha sido considerada en Europa como una clara intervención del mercado.

El ajuste de la retribución para la nuclear e hidráulica se incluía ya dentro del acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y Podemos, pero la entrada de los parques eólicos anteriores a 2005 ha sorprendido a los agentes del sector.

El principal temor de la Comisión Europea es que otros países europeos puedan seguir la senda abierta por España y la confianza de los inversores pueda retraerse en un momento en el que el Ejecutivo comunitario se dispone a lanzar el paquete de medidas “Fit for 55” que significa dar un salto importante en las necesidades de inversión.

Moody’s, por ejemplo, explicó esta semana que considera que “la decisión del Gobierno español ilustra el riesgo de intervención política que identificamos en nuestra reciente investigación centrada en las implicaciones del aumento de los precios del CO2 en Europa para los servicios públicos no regulados ya que los precios más altos del carbono acaban repercutiendo en las facturas de los clientes” y para no dejar dudas añade que “los gobiernos de algunos otros países pueden verse tentados a considerar medidas similares, siempre que el régimen se considere compatible con la legislación de la UE. El grado de tentación también reflejará el deseo de cada Gobierno de señalar la estabilidad y previsibilidad de la política energética en el contexto de la inversión en generación de energía”.

En la misma línea se pronunció la semana pasada el secretario general de Eurelectric, Kristian Ruby, que indicó a S&P que la medida “preocupa mucho al sector eléctrico, ya que introduciría inestabilidad regulatoria y distorsionaría los incentivos adecuados del mercado para invertir no solo en futuras energías renovables, sino también para operar los activos existentes que no emiten”.

Doble cobro

“Básicamente, significa que se cobraría a los generadores por partida doble, poniendo en riesgo sus ingresos y su capacidad de invertir en nuevas capacidades de generación. Manipular los precios políticamente es como un veneno para la confianza de los inversores”.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró en un foro organizado por Expansión que es “fundamental trabajar para lograr acuerdos entre todos que permitan hacer llevadero el cambio”.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, indicó que “en situaciones coyunturales no se pueden tomar decisiones estructurales”, en referencia a esta medida. En esta línea, aseguró que no “es cierto” que las instalaciones de energías renovables construidas antes de 2015 estén amortizadas y pidió “seguridad jurídica y certidumbre” al Ejecutivo para invertir.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, aseguró que resulta “sospechoso” observar que el precio de la luz haya alcanzado su máximo histórico coincidiendo con la decisión del Gobierno de “tocar” los beneficios de las compañías eléctricas mientras su partido insiste en la creación de una eléctrica pública.

La medida de recorte planteada por el Ejecutivo español va en contra de la línea política marcada por la Comisión Europea que apuesta por un fuerte crecimiento de las renovables. La medida ha levantado un gran revuelo en el Ejecutivo comunitario, ya que se produce apenas unas semanas antes de la presentación del paquete de medidas “Fit for 55”. La medida de reducción de los ingresos de las centrales hidráulicas, nucleares y eólicas -todas ellas libres de CO2- supone complicar la situación de algunas de estas instalaciones y generar una mayor desconfianza en los inversores.

Una encuesta elaborada por KPMG asegura que el 75% de los directivos del sector señala los cambios regulatorios como el principal reto al que deberán enfrentarse próximamente sus compañías, según se desprende del informe Perspectivas Energía en España 2021 de KPMG, realizado en colaboración con la CEOE.

España informará a Eurostat de los precios reales de la luz

La Comisión Europea ha obligado a España a exigir a las comercializadoras de electricidad que le informen de los precios que cobran a los consumidores finales para poder entregar a la Oficina Estadística Europea, Eurostat, unos datos comparables a los del resto de países. La exigencia, una obligación impuesta desde 2016, todavía no se había trasladado a la normativa española, ya que el Gobierno pidió una excepción en 2018.

Ahora, transcurrida la prórroga solicitada a Bruselas, el Ejecutivo acaba de dar los primeros pasos para tener los datos más afinados correspondientes al segundo semestre del año y poder así entregárselos a Eurostat. Para hacerlo, el Ministerio de Transición Ecológica aprobó a finales de abril una Orden TED/456/2021, por la que se determinaba el contenido y las condiciones en las que el Ministerio debe recibir la información sobre los precios aplicados a los consumidores finales y ahora ha dado a conocer la lista de comercializadoras que deben informar.

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