Ciencia

Los Quijotes de la ciencia española luchan contra el virus de la precariedad

Quijotes
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Patricia Biosca – ABC

Vicente Larraga capitanea el Laboratorio de Parasitología Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el que trabajan seis personas, la mitad contratadas a raíz de la pandemia. «En realidad mi intención era jubilarme cuando acabara la vacuna de la leishmaniosis, en la que he trabajado los últimos diez años. Pero me llamaron desde la Agencia del Medicamento para proponerme investigar en la vacuna. Y accedí». El conocimiento de Larraga era fundamental: él trabajaba con vacunas de ADN sintéticas que tienen como ventajas su conservación a temperatura ambiente y su rápida adaptación a posibles nuevas variantes del virus más resistentes. «Y hemos abierto la puerta a que sea administrada con parches», explica

a ABC.

«Ahora que hay tres vacunas circulando, lo importante es aportar nuevas con un valor añadido», continúa. Pero detrás de este esfuerzo hay muchas horas de trabajo, sin vacaciones de verano e incluso robando horas de la familia en Navidad. «En menos de un año hemos hecho el trabajo que haríamos normalmente en dos o tres», cuenta. En su equipo, él cobra la prestación de la jubilación a pesar de que sigue en activo; y en su laboratorio hay dos técnicos contratados. «La escala técnica es muy rígida y no les permiten pedir proyectos a pesar de que llevan muchos años de experiencia. Cuando esto acabe, a ellos les reubicarán en otros lugares porque tienen plaza, pero no sabemos qué será de los otros tres investigadores». Pero la historia tristemente se repite en otros equipos que estudian acerca no ya sobre las vacunas contra el SARS-CoV-2, sino en todo el ámbito de la investigación científica.

De hecho, una situación parecida se da en el equipo de Mariano Esteban, quien lidera el laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC que está desarrollando otra de las vacunas españolas. Su equipo, formado por once personas de las que todas, excepto él, tienen contrato por obra y servicio, está desarrollando una vacuna basada en un virus muy atenuado, como la que se utilizó para una variante del virus de la viruela, y que hasta el momento ha resultado muy eficaz tanto para proteger de la enfermedad como evitar su mortalidad. «Hemos tenido resultados muy positivos en ratones, también lo trasladamos a hámsters con resultados parecidos, y ahora nos encontramos en fase de prueba en macacos. Si todo va bien, a finales de año o principios del siguiente podríamos tenerla». Aunque el equipo de Esteban lleva ya más de tres décadas dedicado a las vacunas, la pandemia ha puesto de manifiesto que la ciencia contaba con problemas estructurales graves: por ejemplo, en su caso no contaban con instalaciones preparadas para hacer pruebas con grandes animales, el paso previo para probarla en humanos. O la ya tristemente tradicional escasa inversión en ciencia e investigación, que lleva años lastrando a los equipos patrios, cada vez más diezmados.

«Los científicos somos una especie de Quijotes que, a pesar de las dificultades, se mantienen en un nivel muy alto», afirma Esteban. Y lo hace con conocimiento de causa, pues lleva planeando su retiro desde hace años: su grupo llegó a estar formado por una veintena de personas. Poco a poco, y en vista a su jubilación, fue haciéndose cada vez más pequeño. Pero, en el proceso, llegó la pandemia. «Todos pensamos que teníamos que contribuir y nos pusimos manos a la obra. Esta crisis nos está poniendo en nuestro sitio y mostrándonos que entre nuestras prioridades debe estar la ciencia. Que el turismo está muy bien y es necesario. Pero se ha demostrado que debemos apostar por el conocimiento. Así es como se sale de cualquier bache».

Equipo actual de Mariano Esteban
Equipo actual de Mariano Esteban – CNB-CSIC

Detrás de la tercera vacuna del CSIC (concretamente en el laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología) está el grupo de Luis Enjuanes, que a sus 75 años también ya anticipaba su jubilación, dejando al cargo a Isabel Sola, investigadora con la que, desde hace años, codirigía el laboratorio, buscando el claro relevo. Sonia Zúñiga lleva años en el equipo, pero no ha sido hasta ahora, a los 48 años, cuando ha conseguido una plaza fija. Aún así, asegura que su carrera ha sido ‘poco ortodoxa’, porque apenas ha trabajado fuera de España. «Hice una estancia en el extranjero, pero yo preferí volver y quedarme aquí». Zúñiga tiene claro que detrás de su ‘estabilidad’ en un mundo que ella define como «complicado» está el empeño de los propios Enjuanes y Sola. «Son ellos los que siempre están buscando proyectos. Tal y como está la ciencia, un equipo no se puede permitir el lujo de que se te acabe un proyecto y no tener otro en marcha». Su equipo, que está elaborando una vacuna en base a una copia sintética casi completa del SARS-CoV-2 pero no transmisible y que genera una potente respuesta inmune lo componen 15 personas, la mayoría con contrato por obra y servicio, como en el resto de grupos del CSIC en los que están puestas las esperanzas de las vacunas españolas.

Grupo de Luis Enjuanes
Grupo de Luis Enjuanes – Ignacio Gil

Los números concretos pueden explicar parte de la situación. En cuanto a inversión pública, encontramos que el esfuerzo de España ha sido increíblemente ‘tímido’ con respecto a otros países: el Gobierno dedicó al principio de la pandemia 29 millones de euros a la lucha contra el coronavirus, de los cuales solo 8 han ido a parar al desarrollo de vacunas; muy lejos de los casi 100 millones de euros que ha puesto sobre la mesa Italia para una sola vacuna, los 177 millones de euros del Reino Unido o los 300 de Alemania. Y si nos vamos al ámbito privado, solo para la vacuna de Pfizer se invirtieron 3.000 millones de euros. «Competimos contra gigantes», dice Esteban.

Otros ejemplos jóvenes

Por supuesto, esta precaria situación no es exclusiva de los equipos que trabajan desarrollando vacunas, sino que se amplía a todos los proyectos científicos relacionados con la Covid-19. Incluso a toda la ciencia en general. David Ortega tiene un grado en Bioquímica y un máster en investigación biomédica. Ahora prepara su tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza y participa en dos proyectos relacionados con el coronavirus: búsqueda de fármacos que inhiban los efectos de la enfermedad y el desarrollo de un nanomaterial de recubrimiento de objetos, en colaboración con el CSIC. Tiene 26 años y su sueldo apenas supera los 1.100 euros. «Y yo no me puedo quejar -cuenta a ABC tras salir del laboratorio, en el que sabe cuándo entra pero no a la hora que sale-. Mi contrato es uno de los mejores, pero hay quien encadena no cada par de años, cada par de meses. Por eso hay mucha gente que se queda por el camino».

Él de momento quiere terminar su proyecto aquí, en España. «Luego veré qué opciones tengo», dice, sin descartar irse fuera a pesar de que le gustaría quedarse. Si al final se decanta por el ‘exilio’, se sumará a la lista de los miles de cerebros españoles ‘en fuga’. Como dato: según uno de los últimos estudios del Centro de Estudios de Política Europea (CEPS) de Bruselas, en la década de 2007 a 2017 se fueron de nuestro país 87.000 trabajadores de alta cualificación, casi la mitad del total. «Me gustaría pensar que hemos hecho progresos y que al final conseguiremos que se nos reconozcan nuestros derechos. Pero yo, hasta que no lo vea, no me lo creo».

En opinión de Margarita del Val, viróloga y quien el CSIC puso al frente de la coordinación de los más de 300 grupos españoles de investigación: «Los primeros años deben ser una época de movilidad, porque enriquece muchísimo salir a otros países, conocer otras formas de trabajar. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, haya muchas trabas a la hora de contratar a gente de fuera. La burocracia es un problema», dice apuntando hacia otro viejo enemigo de la ciencia en España, que exige con un detalle casi desquiciante cada paso en la investigación. Como vocal del área de Ciencias de la Vida y de la Salud de la Junta de Gobierno de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) alaba el trabajo que se está haciendo desde la agrupación, pero pide más allá de voluntad política, hechos concretos. «Que la financiación en ciencia dependa cada año de los Presupuestos Generales es un error. Debería haber una partida fija, estable, que se renueve de forma automática. El problema es que la ciencia se sigue considerando un gasto y no una inversión».

Perla Wahnon, presidenta de COSCE, apostilla: «Es urgente tomar las medidas necesarias para evitar la precariedad de los contratos e incrementar el número de especialistas en todas aquellas disciplinas científicas, sociales y de la salud que se requieran para afrontar la actual y futuras crisis para reducir el perjuicio al tejido social y económico de España». Sin embargo, a pesar de todas las voces que llevan décadas alzándose en contra de esta situación, la precariedad en investigación en España sigue siendo una enfermedad crónica y grave sin muchos visos de mejora.

Promesas sobre años de inversión pírrica

La situación de la ciencia en nuestro país nunca ha sido precisamente un camino de rosas: su máximo histórico se situó en el 1,4% del PIB en 2010, unos niveles que cayeron tras la crisis en dos décimas, muy lejos del 2% de media en Europa y en las antípodas del 3% que pide la UE. A principios de marzo, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, presentó la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, en la que se compromete a alcanzar el 2,12% para dentro de seis años. Una promesa que es acogida con escepticismo por la comunidad científica.

«Circula la leyenda urbana de que existe un ministro de Universidades, pero yo no le he visto. El de ciencia sí que aparece algunas veces diciendo cosas, la mayoría poco acertadas», afirma con ironía José Antonio López Guerrero, director del grupo de Neurovirología del departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. «Solo espero que ese 2% sea de ayudas reales, ayudas directas, y que vayan a parar directamente a los grupos de investigación, ni a edificios ni a créditos para los investigadores, que tienen que pedir préstamos para hacer su trabajo y luego devolverlos».

A pesar de lo que pueda parecer, y teniendo en marcha una línea de investigación en viricidas y antivirales, afirma que la pandemia en su caso solo ha complicado más las cosas: «Para ciertos grupos ha supuesto una especie de oasis. Pero para el resto, nosotros incluidos, ha sido un mazazo, porque lo primero que se cerraron y lo último en abrir fueron las universidades». De hecho, su situación es tan crítica que ha tenido que recurrir al crowdfunding o micromecenazgo, pidiendo dinero a todo aquel que quiera participar para poder pagar los sueldos de apenas 20.000 euros anuales de sus dos investigadoras predoctorales y la viabilidad de su laboratorio. «Esperemos que no sean otro caso de cerebros fugados».

Duque también ha prometido una nueva Ley de Ciencia en la que abordará el nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) que «se reconozca correctamente la labor de profesores asociados así como las tareas de docencia y transferencia de conocimiento, y que desarrolle nuevas figuras de contratación», una reclamación de larga data. Por ejemplo, hasta 2011 no se reconoció como personal contratado a los investigadores predoctorales, que eran simples ‘becarios’. «Ahora aún hay gente que nos sigue llamando así, y en esa cuestión nominal se encierra toda la problemática real que existe detrás», explica Darío Badules, Graduado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid y con dos máster por la Universidad de Zaragoza que ahora, a sus 29 años lleva tres años elaborando su tesis en esta última.

«El último mono»

Él vivió en sus propias carnes eso de ser «el último mono» en la universidad, y eso que solo tuvo que esperar un año para tener un ordenador («otros ni siquiera llegan a verlos durante toda la tesis», apunta). Es por ello que él y algunos compañeros más montaron el colectivo PIF Unizar. «Porque sí, somos monos. Pero hasta los monos tienen derechos», señala. En apenas dos años han conseguido que se reconozca el derecho de los investigadores predoctorales a los trienios (condición solo aprobada en algunas universidades de Madrid y Comunidad Valenciana, pero no el en resto de España), se garantice un sueldo mínimo de 1.000 euros (1.200 el cuarto año) o la exención de tener que contratar un seguro para poder trabajar.

Pero aún queda mucho camino por delante: «De los 300 que formamos PIF Unizar, unos 100 no tienen lo más básico: una silla y una mesa propias para sentarse y desarrollar su trabajo», afirma. Badules cree que esta nueva Ley de Universidades sigue siendo un «parche»: «Es cierto que se han hecho avances durante estos años. Pero hay cuestiones básicas que aún están en el aire. Por ejemplo, en este borrador no se menciona la posibilidad de indemnizar a los investigadores predoctorales tras acabar nuestro contrato, algo que sí se les ha reconocido a los futbolistas, que tenían unas condiciones parecidas a las nuestras». De hecho, PSOE y Podemos votaron en contra de la proposición de implantar el tradicional ‘finiquito’ en el ámbito de los investigadores predoctorales.

La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI Precarios) va más allá y denuncia falsos contratos de media jornada que acaban siendo de todo el día o becas unitarias que se comparten entre dos investigadores que apenas llegan a 1.000 euros. Y se quejan de la indefensión de los investigadores postdoctorales, a los que no llegará esa subida al 2% del PIB anunciada por Duque «porque actualmente no existe en el convenio colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado una categoría que requiera la titulación de doctor, sino que la categoría más alta corresponde al título de máster (M3)». Es decir, que en España el título de ‘doctor’ no sirve de nada a efectos de salario ni reconocimiento de categoría.

«A pesar de estar en un estado muy precario -termina Margarita del Val- todos los investigadores, desde los jóvenes a los veteranos, hemos respondido con creces. Ahora es el momento de que se reconozca el valor de la ciencia y de que los partidos no estén continuamente olvidándolo. Aunque la precariedad en ciencia sea una enfermedad crónica en nuestro país».

 

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