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Una juez investiga prevaricación en el informe de Patrimonio sobre los bienes del Pazo de Meirás

Sada (La Coruña), 10/12/2020. El Pazo de Meirás ya forma parte del Patrimonio del Estado, después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña, Marta Canales, haya hecho entrega del mismo a la Administración General del Estado, en cumplimiento de la ejecución provisional de la sentencia del 2 de septiembre, en la que se acordó que el inmueble es un bien público. Foto: Miguel Muñoz. ARCHDC
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Ve indicios de delito en el relato de los Franco sobre cómo se confeccionó el dictamen que atribuía la titularidad de muebles y enseres al Estado

La titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha abierto una investigación ante la posible comisión de «hechos que pudieran ser constitutivos de delito» por parte de la jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, en relación al informe y el dictamen que elaboró sobre muebles y accesorios que contenía el Pazo de Meirás y que apuntaba a la titularidad del Estado de buena parte de ellos.

En un auto al que tuvo acceso ABC, la juez Cristina Díaz atiende así a la querella presentada por la representación de la familia Franco, que apunta a Benito por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público, estafa

procesal, falsedad o alteración en testimonio pericial y revelación de secretos en la confección de aquel informe de 60 páginas que respaldaba entregar los bienes al Estado. Esa resolución fue revocada por la Audiencia Provincial de La Coruña la semana pasada.

En este momento preliminar de las actuaciones, la juez acuerda investigar ante «hechos que pudieran ser constitutivos de delito», de cara a la «averiguación de la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento».

La querella de la familia Franco parte de que el 11 de noviembre, Benito se presentó en la diligencia de entrada en el Pazo de Meirás para inventariar los bienes tanto del exterior como del interior del edificio, en calidad de asesora de la Abogacía del Estado. Su papel era auxiliar a los técnicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Junta de Galicia, que eran quienes, por orden judicial, iban a hacer el inventario.

Sin embargo, el 27 de noviembre y sin que exista «resolución judicial que ampare» su actuación «fuera de las funciones de auxilio dispuestas», presentó el denominado ‘Informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás’ ante el juzgado en lo que la familia Franco considera una «extralimitación» de sus funciones.

Omisiones

Conforme recuerdan, aquel informe concluía «indubitadamente» que «proceden de Patrimonio Nacional y de fundaciones u organismos dependientes de aquella entidad y que, por tanto, serían titularidad de dicho ente público» y lo hacía «sin fundamento que lo sustente».

Indican además que «omite conscientemente» datos que la pudieran contradecir, como que la Fundación Generalísimo Franco-Industrias Artísticas Aplicadas, «desde la entrada en vigor de la Ley 23/82, no forma parte integrante del Patrimonio Nacional» y que actuaba por encargo, atendiendo no sólo a la administración sino también a terceros.

«Así, el contenido del pretendido informe refiere una serie de objetos, al parecer elaborados por la citada Fundación y que, a pesar de las consideraciones expuestas, reclama la titularidad de los mismos para Patrimonio Nacional en perjuicio de mis mandantes», dice la querella, que señala por ello una presunta prevaricación de la técnico de Patrimonio.

En la misma línea, la querella incide en que la propia familia le trasladó las principales discrepancias con su informe en un requerimiento, pero «dicha comunicación fue ignorada y huera de respuesta alguna por parte de la querellada, manteniendo así los equívocos voluntariamente provocados a través del documento difundido en los medios».

En este sentido, la querella lo es también por revelación de secretos en tanto que su informe fue filtrado a la prensa. Recuerdan que Patrimonio depende del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y que la querellada es una técnica. «Dicha publicación sólo pudo tener origen en aquellos que disponían del documento, por razón de su cargo y tenían interés, no en su divulgación, sino en la amplificación de las falsedades contenidas en el mismo y las interesadas conclusiones», apunta.

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