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Un tercio de los fallecidos por Covid-19 en España vivían en residencias: siete recomendaciones para que no vuelva a ocurrir

Amnistía Internacional presenta una guía en un intento por conseguir legislación estatal que evite el drama sucedido en los geriátricos durante la primera ola

 

Han sufrido la peor parte de la pandemia. Oficialmente encarnan más de un tercio del total de muertes por coronavirus en España, y durante el último año y medio han sido apartados de sus familias, recluidos en sus habitaciones y, en muchos casos, se les negó el tratamiento en un hospital, sobre todo durante las semanas más duras, las de la primera ola. Los mayores que viven en residencias fueron apartados de la sociedad y hoy, coincidiendo con el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, diversas asociaciones piden cambios normativos para que nunca más sean abandonados a su suerte.

En opinión de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, las residencias son el ejemplo de una «mala gestión y falta de respuesta de las autoridades», y los ciudadanos que vivían en ella han sido tratados como «personas de segunda», en parte consecuencia de los recortes presupuestarios y la escasez de personal», informa.

Según los datos facilitados por los Ministerios de Derechos Sociales, Sanidad, Ciencia e Innovación, con fecha 6 de junio (el último informe disponible), hasta 29.628 personas mayores han fallecido en sus residencias: 10.482 lo hicieron sin contar con una prueba positiva que acredite su contagio aunque presentaran síntomas compatibles con el Covid-19. El avance en la vacunación, donde fueron el grupo prioritario a inmunizar ha hecho que este 2020 las muertes se reduzcan considerablemente, hasta situarse estos meses en 3.283 decesos. Hasta la fecha, la cifra oficial de fallecidos de todas las edades de la que informa Sanidad se sitúa en 80.501, lo que da cuenta de que el grupo de mayores que vivían en residencias soportó la mayor parte de los fallecimientos por Covid.

Entre las carencias que reconocen desde esta ONG que han provocado el abandono de las personas mayores se encuentra, en primer lugar, la decisión de forma automatizada y en bloque de no derivar a las personas mayores enfermas a los hospitales, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas. También han detectado un régimen de inspecciones insuficiente, pese a que otros actores sociales como el Defensor del Pueblo ya pedían actuar sobre ello. A esto se le une el régimen de visitas incumplido, llegando a un encierro «de facto» en las residencias, que ha vulnerado los derechos «a la vida privada y familiar de los mayores».

Destacan también la ausencia en la recogida de datos que permita analizar las necesidades de estos colectivos específicos y las ratios insuficientes. En España, por cada cien habitantes mayores de 65 años trabajan 4,8 trabajadores (según datos de 2019), mientras que en los países de la OCDE esta ratio se sitúa en 6. A esto hay que añadir la falta de inversión pública: España destina solo un 0,9% del PIB frente al 1,6% de media en los países de la Unión Europea y también la falta de participación en la toma de decisiones, tanto por parte de los residentes como de sus familiares.

Ante estas carencias detectadas, desde Amnistía Internacional lanzan siete recomendaciones. Entre ellas, asegurar que las decisiones médicas siempre estarán individualizadas y con la mejor evidencia científica disponible, un sistema de inspecciones periódicas y con el contacto garantizado y regular entre residentes y sus familias. Además, piden que se implanten procedimientos unificados para recoger datos, que la plantilla sea adecuada, un incremento de los recursos y la participación activa tanto de mayores como de sus familiares en la toma de decisiones.

Amnistía Internacional ya concluyó en su informe de diciembre de 2020 que durante la primera ola de la pandemia se vulneraron «los derechos a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y a una muerte digna» de los usuarios de residencias españolas. Desde entonces, informan, se ha flexibilizado y ampliado el régimen de visitas de familiares a las personas residentes tras la vacunación, aunque con aplicación desigual por todo el país.

Protestas e investigación en Madrid

La Asamblea General de la ONU ha designado el día 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. En España, la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) ha convocado para este martes una concentración frente a la Consejería de Sanidad para pedir responsabilidades a la administración por lo ocurrido en los geriátricos en la primera ola de la pandemia, en la que murieron varios miles de ancianos, la mayoría por coronavirus o síntomas relacionados.

Los grupos parlamentarios del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos registraron el viernes una comisión de investigación sobre la situación provocada por el Covid-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que llevó a cabo el Gobierno regional de esta Comunidad durante los meses de febrero a junio de 2020, una investigación que apoyará también Vox, según informaron este lunes.

Sin contacto aún en Valencia

En Valencia, la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas ha desestimado todas las propuestas de flexibilización en los centros de mayores que le había solicitado La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE) ante la mejoría de la situación tras nueve semanas sin fallecidos, según informó la patronal en un comunicado.

La patronal pedía que se permitiera el contacto físico entre residentes y familiares, que se incluyeran el personal de prácticas en la vacunación y que se llevaran a cabo pruebas PCR a las plantillas a la vuelta de las vacaciones. Además, reclamaba la eliminación del requisito de tener vacunado al 95% del centro para considerarlo de vacunación completa y , por lo tanto, no tener que hacer aislamientos preventivos con personas vacunadas, así como la posibilidad de ocupar las 1.400 plazas de reserva libres para aislamiento que «impiden atender a muchísimas personas que necesitan un recurso residencial».

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