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Sánchez se olvida de los seis presos políticos españoles en las cárceles de Maduro

La ONG Foro Penal pudo reunirse con el encargado de negocios español cuando Cristina Gallach visitó Caracas

Antes de salir del cargo, el exembajador Jesús Silva se reunió con el presidente del Supremo para insistir en la liberación de los europeos

Poco a nada se habla ya de los casi 300 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Pero preocupa aún más que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya olvidado de los seis presos políticos españoles que permanecen privados de libertad en las cárceles venezolanas. Ruperto Chiquinqurá Sánchez Casares (55 años), María Auxiliadora Delgado Tabosky (46 años), Ángela Lisbeth Expósito Carrillo (56 años), Jorge Henrique Alayeto Bigott (48 años), Álvaro Sánchez Negro (55 años) y Francisco Javier Gorriño Fernández (67 años) -todos ellos con pasaporte español- son los nombres que engrosan la lista de la ONG Foro Penal, una organización local dedicada al seguimiento de la población penitenciaria en el país. Cinco de ellos están presos sin haber

sido condenados, mientras que el teniente Ruperto Sánchez es el único prisionero del régimen con una condena que venció hace 10 meses, y debería estar ya en libertad.

El Gobierno español, en boca de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha dicho en varias ocasiones que la salida de la crisis política en el país «debe incluir la plena liberación de todos los presos políticos y el respeto de los Derechos Humanos de los venezolanos». Sin embargo, en Venezuela ser un preso político es estar en la sombra del sistema judicial del país. Las llaves que abren esas deprimentes y hacinadas mazmorras solo las tiene los jerarcas del régimen de Maduro, así como la potestad para decidir quién entra y quién sale de las celdas según sus intereses.

Visita de Gallach a Caracas

Los seis españoles detenidos por razones políticas se encuentran en un limbo jurídico, con sus expedientes archivados, una situación que evidencia la ausencia de un Estado de derecho en Venezuela y que sigue comprometiendo al Gobierno de Nicolás Maduro por la práctica sistemática para pisotear los derechos fundamentales de los ciudadanos, algo que ha sido condenado rotundamente por organizaciones como Human Rights Watch, e incluso por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

La visita a Venezuela de la «número dos» de Exteriores, Cristina Gallach, el pasado mes de marzo despertó de nuevo el interés del Gobierno de Sánchez por la situación de los presos políticos en Venezuela. Según fuentes consultadas por ABC, una de los encargos que se le dio a Gallach fue que intentara negociar con el Gobierno de Caracas para «traer a España a al menos a un preso político».

El abogado y director de Foro Penal, Alfredo Romero, explicó a ABC que como representante de la ONG se ha reunido con el actual encargado de negocios, Juan Fernández Trigo, para intercambiar y actualizar información de los presos políticos españoles, como hizo también con el anterior embajador Jesús Silva. Las reuniones con el actual diplomático español se concretaron tras la visita a Caracas de Gallach. Romero aseguró que durante su visita logró que el ciudadano Álvaro Sánchez Negro recibiera la medida de arresto domicialiario, tras permanecer en Yare III, una centro penitenciario que reune a presos comunes.

El Foro Penal solo representa formalmente a Sánchez; el resto de los casos son manejados por abogados privados, por decisión de los familiares.

«Estos casos son sangrantes», es la expresión del exembajador de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, en conversación con ABC. El diplomático destacó que mientras estuvo al frente de la Embajada atendió «a las familias en la sede diplomática, y en la cárcel los presos han recibido visitas consulares».

Las funciones de Silva en Venezuela cesaron en noviembre pasado y antes de salir del país tuvo la oportunidad de reunirse el 15 de octubre de 2020 con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (considerado por la oposición como un apéndice del Ejecutivo), Maikel Moreno, «para insistir en cada uno de los casos». «Él se comprometió a revisar cada expediente para que fuesen liberadas estas personas», dijo Silva. Pese a esos esfuerzos, los seis españoles siguen todavía en prisión. El actual encargado de negocios, Juan Fernández Trigo, no respondió a las llamadas de ABC para conocer la situación de los presos políticos desde que asumió el cargo en noviembre del pasado año.

Mediación humanitaria

Las familiares de los presos políticos son los que más sufren las garras del régimen. «Yo quisiera que por medio del Parlamento Europeo o la Embajada de España se consiga una medida humanitaria para todos ellos. Necesitamos que haya presión. Todos son inocentes. María Auxiliadora es inocente», demanda un familiar de Delgado Tabosky a este diario, quien está presa desde marzo de 2020 por supuestamente conspirar contra Maduro.

Delgado Tabosky comparte su celda y el baño con 14 mujeres en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) -el principal centro de tortura del régimen-, casi no recibe luz solar y la atención médica es insuficiente. De acuerdo con su familiar, la abogado, de 46 años, presenta hipertensión y a nivel ginecológico debe ser atendida por miomas uterinos.

Similar es el caso de Ruperto Sánchez. «Él era un hombre sano cuando entró a prisión y desde el año pasado sufre de crisis hipertensivas. En años anteriores presentó problemas pulmonares por la humedad de la cárcel. Ha sufrido bronquitis y neumonía. Se ha quejado por dolores de cabeza y dolores musculares», explicó Kerling Rodríguez, esposa de este teniente coronel de la Aviación venezolana que fue acusado, igualmente, de conspirar contra el régimen de Maduro.

La mujer explicó que aunque ha sido atendido por médicos de la prisión militar de Ramo Verde no le permiten médicos particulares. El caso de Sánchez tomó fuerza en agosto del año pasado cuando el español cumplió formalmente con su condena por las redenciones judiciales (trabajo y estudios en prisión). Rodríguez recordó que su esposo fue enviado en 2020 a una celda de castigo en Ramo Verde con más de 20 hombres, donde estuvieron 17 días. «Fue inhumano. Ahí había una letrina para todos ellos. Las heces fecales se desbordaban. Se tenían que bañar en esa celda, y me imagino que hasta tenían que comer ahí también (…) Actualmente en Ramo Verde (la cárcel donde estuvo preso leopoldo López) hay presos durmiendo en el piso y las condiciones de salubridad han empeorado en estos últimos años», dijo la mujer en una conversación con ABC.

En prisión, Sánchez ha sido sometido a tortura blanca, psicológica y tratos vejatorios a la dignidad humana. Este medio no pudo conocer de primera mano los testimonios de familiares de los otros cuatro presos políticos.

El Foro Penal, que brinda apoyo a los presos políticos desde 2002, explicó a ABC que una persona es considerada detenida por razones políticas cuando está en prisión -incluyendo el arresto domiciliario-; cuando existe una verdadera causa política, y cuando no hay relación del detenido con actos de violencia con objetivo político. La exigencia de Foro Penal para que sean liberadas estas personas confluye con el clamor de las familias, que piden a gritos al régimen la libertad de los presos políticos. En cada familia, el dolor y la desesperación por la injusticia y la indiferencia del chavismo crece cada día.

Esperando respuesta

El régimen de Nicolás Maduro ha repetido ese mismo patrón de persecución contra el dirigente opositor Juan Requesens. Y es que días después de un supuesto y fallido atentado contra el líder chavista en agosto de 2018, Requesens, de 32 años, quedó detenido tras ser acusado de intentar asesinar al líder chavista.

El opositor venezolano también pertenece a una familia con nacionalidad española, pero él es el único miembro que no se nacionalizó a tiempo. «Yo informé de su caso al Ministerio de Asuntos Exteriores mucho antes de culminar mi misión diplomática en Venezuela», explicó Jesús Silva Fernández, pero Requesens se encuentra a la espera de una respuesta. Por su parte, el padre del dirigente explicó a este diario que cuando obtuvo la nacionalidad española su hijo «tenía ya 21 años y no tuvo derecho a eso, pero la solicitud se ha hecho».

Requesens recibió la medida de arresto domiciliario en agosto de 2020. En su juicio político no hay pruebas ni testigos con sustento que lo involucren con el caso de «magnicidio» de Nicolás Maduro del pasado 7 de agosto de 2018, de acuerdo con la postura de sus defensores y del grueso de la oposición venezolana.

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