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Sánchez promete ahora subir impuestos y peajes a la UE a cambio de los fondos

El plan a Bruselas incluye un alza de la presión fiscal al diésel, a billetes de avión, más cotizaciones sociales y la armonización de Patrimonio

El Ejecutivo prevé implantar un modelo de pago por uso en 2024 en todas las autovías y deja la puerta abierta a extenderlo al resto de carreteras

La meta de la reforma fiscal es subir los ingresos públicos reduciendo la brecha con la media de los países de la Eurozona, que el documento recuerda que es de 7,3 puntos de PIB, equivalentes a 80.000 millones de euros más de ingresos (un 39,2% España en 2019, un 46,5% los países de la moneda común).

En primer lugar, mediante la armonización del Impuesto de Patrimonio por «la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades autónomas». Precisamente, la Comunidad de Madrid, que bonifica al 100% el Impuesto de Patrimonio, se opone a

esta medida y el candidato socialista, Ángel Gabilondo, se comprometió en campaña a no subir impuestos. El Ejecutivo señala que, en todo caso, «se procurará alcanzar un acuerdo» con las comunidades y lo supedita a lo que aconseje el grupo de expertos que entregará su informe en febrero de 2022. El grueso de la reforma fiscal entrará en vigor en el primer trimestre de 2023.

Hasta entonces hay una larga seguidilla de subidas fiscales que el Ejecutivo implantará. En primer lugar, el Gobierno apuesta por elevar la fiscalidad verde y abre la puerta a bajar los impuestos al trabajo en su lugar -sin dar más detalles-. En el segundo trimestre de este año aprobará el proyecto de ley para crear los impuestos a plásticos y residuos que incluía ya en las previsiones de los Presupuestos de 2021, para que entren en vigor en el tercer trimestre.

Más adelante se abordará la fiscalidad del diésel. «En el cuarto trimestre de 2022 se revisará la imposición sobre los hidrocarburos», señala, para recordar a continuación que «los tipos impositivos en el Impuesto sobre Hidrocarburos son más elevados para la gasolina que para el gasóleo». El Ejecutivo ya incluyó una subida del impuesto al diésel en el proyecto de Presupuestos de 2021, si bien el PNV la eliminó a cambio apoyar las cuentas.

También abre la puerta a elevar la presión fiscal a los viajes en avión, ya que se compromete a «revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores». El Ejecutivo ya publicó antes de la pandemia un proyecto en información pública para crear un impuesto a los billetes de avión, que después guardó en el cajón.

Asimismo, el Gobierno recoge que «en el primer trimestre de 2022 se analizarán y revisarán los impuestos sobre matriculación y circulación». En el segundo trimestre de 2022 se aprobará «la reforma del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero». Y en el cuarto trimestre de 2023 se realizará «la revisión de otras figuras que inciden sobre la movilidad sostenible».

Pero además de esto, el Ejecutivo también promete un «incremento gradual de la base de cotización máxima del sistema, acompasada de una adaptación de la pensión máxima» para antes de que acabe 2022. Ello elevaría las cotizaciones a los sueldos superiores a 49.000 euros, a la vez que aumentaría la pensión máxima, que es de 2.707 euros al mes en la actualidad.

En materia de movilidad, una de las principales novedades del plan es la definición del modelo de pago por uso que quiere implantar el Gobierno en las carreteras españolas. El Ejecutivo promete a Bruselas imponer peajes en las autovías españolas en 2024, y además deja la puerta abierta a que este sistema se extienda al resto de las carreteras.

La intención con todo ello es costear el mantenimiento de la red estatal de carreteras, que se extiende por 24.466 kilómetros de la red estatal de carreteras (12.000 son autovías y autopistas). Esto genera unos costes crecientes que «no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios» y un déficit de mantenimiento que repercute en una pérdida de valor. Por eso, el Ejecutivo planea sufragar este mantenimiento con nuevos peajes.

Eso sí, el Gobierno, consciente de la polémica que generan los peajes en la opinión pública, asegura que negociará este sistema de pago con los transportistas y lanzará una campaña de sensibilización para que la opinión pública entienda la «necesidad» de la reforma. También abre la puerta a implantar bonificaciones o reducciones para los conductores más necesitados.

Más allá de los peajes, el Gobierno ha diseñado un ambicioso plan de inversión en Cercanías sufragado con los fondos europeos y dotado con 1.619 millones de euros hasta 2026 -1.502 de Adif-. El Gobierno promete además electrificar el 100% de la red. En materia de vivienda, el Ejecutivo retrasa a 2022 la remisión a las Cortes de la ley nacional de vivienda y asegura que levantará 20.000 viviendas sociales, aparcando los límites al alquiler.

Tipo mínimo en Sociedades

Junto a ello, el Ejecutivo eliminará beneficios fiscales y propondrá la evaluación de quince de ellos, a razón de cinco por año de 2021 a 2023. En este sentido, el Ejecutivo promete eliminar las ventajas fiscales de las aportaciones a planes de pensiones privados para otorgárselas a los planes de empresa. El Gobierno ya lo limitó de 8.500 a 2.000 euros anuales en 2021.

Por último, con la intención de aumentar la recaudación del Impuesto de Sociedades, el Gobierno también señala a Bruselas que aprobará el tipo mínimo del 15% que incluyó en el proyecto de Presupuestos de 2019, rechazado luego en el Congreso. Bruselas ya cuenta con el plan y, tras su visto bueno, Calviño apuntó que para junio esperan los primeros 9.000 millones, además de un adelanto semestral que cubra los 18.000 restantes para este 2021.

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