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Sánchez deja al 23 por ciento de los presos de ETA en manos de sus socios del PNV

Iceta cierra la entrega de las cárceles vascas, donde ya hay más de 40 miembros de la banda terrorista cumpliendo condena

El viernes de la semana pasada, tras el anuncio de que otra remesa de etarras cambiaba de prisión, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) lanzó su enésimo aviso: el Gobierno sólo tiene que trasladar a otros diez presos de ETA para culminar el fin de la política de dispersión de los integrantes de la banda encarcelados. El viaje de todos ellos, seguramente, terminará en su tierra. Y con el plan del Gobierno a punto de culminar, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se desplazó ayer hasta el País Vasco para rubricar la entrega de las cárceles.

A partir del 1 de octubre, la cesión a los nacionalistas se hará efectiva cumpliendo con la reivindicación vasca

contemplada en el estatuto de Guernica, publicado en el BOE en el año 1979. Y desde ese momento, en un movimiento bendecido por Bildu, el día a día de los presos etarras quedará en manos del Ejecutivo vasco, liderado por el PNV; en ambos casos, socios necesarios para que Pedro Sánchez prolongue su estancia en La Moncloa. En sus manos quedarán, según los datos que maneja la AVT, los etarras que ya están en las cárceles vascas. Son 44, contando los internados y aquellos cuyo traslado ya está aprobado. O lo que es lo mismo: el 23% de los 192 miembros de la banda que, según estas mismas fuentes, cumplen condena en las distintas prisiones del territorio nacional.

A las puertas

Al revisar el mapa, la tendencia es clara. Los presos etarras cada vez están más cerca del territorio vasco. En virtud de los recuentos de la AVT, entidad a la que Interior ha notificado cada traslado, hay 42 presos de la banda terrorista en prisiones de Castilla y León, 19 en Aragón, 22 en Cantabria, 21 en La Rioja, 11 en Asturias o 19 en Aragón. En total, otros 125 etarras en las zonas más próximas al País Vasco sin contar otros territorios más alejados.

Iceta obvió estos datos en su comparecencia ante la prensa ayer en Bilbao. Una vez finalizada la comisión mixta de Transferencias que integran el Gobierno central y el Ejecutivo vasco, el ministro sacó pecho por el traspaso de las competencias penitenciarias. «Es una cuestión trascendente, pendiente desde hace muchos años y que viene a cumplir y saldar una deuda», dijo el socialista, quien también insistió en que la cesión es perfectamente legal.

«No estamos haciendo nada más que cumplir con la ley», defendió Iceta, a quien no se le ocurrió poner otro ejemplo que el catalán -el otro territorio donde gozan de estas competencias- para respaldar el pacto del Ejecutivo con los nacionalistas. «La verdad es que la sociedad catalana está razonablemente satisfecha de la gestión y el uso concreto de esa transferencia». Eludió el ministro el golpe del 1 de octubre, la posterior condena a los cabecillas del ‘procés’ y el golpazo judicial que el Tribunal Supremo dio a la Generalitat por trato de favor a los líderes secesionistas.

Control judicial

Cuestiones cotidianas de la vida en prisión de los etarras, como pueden ser la concesión de los permisos o la flexibilización de la pena, pasarán ahora a manos de la administración vasca. No obstante, las fuentes jurídicas consultadas consideran que, por mucho que las competencias sobre las cárceles pasen a manos de los nacionalistas, los etarras no disfrutarán de beneficios penitenciarios en su concepción más técnica, que se corresponde con la reducción de la pena o el indulto.

Y si la Administración vasca ejecutara alguna decisión polémica en este sentido, la última palabra la tendría siempre la Audiencia Nacional, como órgano judicial que condenó a los etarras. Carlos García Castaño, abogado especialista en temas penitenciarios, expone que sobre las cuestiones más cotidianas de los presos en las cárceles vascas, como los citados permisos, también existirá control judicial. No obstante, en primer término, serán las juntas de tratamiento de las prisiones vascas las que tomen las decisiones aunque después sean recurridas y, entonces sí, den el salto al ámbito judicial. Hay precedentes en este sentido que sirven como advertencia a los ‘jeltzales’. El más claro, el de los líderes del ‘procés’.

Las víctimas vigilarán

La línea de actuación que a partir de ahora siga el Gobierno vasco en materia penitenciaria, al margen de someterse al control de la Justicia, también será escrutada muy atentamente por los principales agraviados: las víctimas de los etarras. A través de un comunicado, Consuelo Ordóñez, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), recordó que la competencia de prisiones que ahora ha conseguido el Gobierno vasco no es algo nuevo, ya que figura en el texto de Guernica del año 1979.

«Nunca han querido ser carceleros y gestionar la competencia de prisiones mientras ETA mataba. Empezaron a reclamar esta competencia cuando ETA dejó de matar»

Lo que sí es nuevo es el interés de los partidos nacionalistas vascos por gestionar las cárceles: «Nunca han querido ser carceleros y gestionar la competencia de prisiones mientras ETA mataba. Empezaron a reclamar esta competencia cuando ETA dejó de matar». De igual modo, Ordóñez advirtió al Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu, y del que forman parte tres socialistas, que vigilarán «muy de cerca que no se abran las cárceles cuando no toque».

La indignación también se trasladó, pese al triunfalismo que exhibió Iceta, a la arena política, donde la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, cargó duramente contra el Ejecutivo. «Es un desprecio a las víctimas del terrorismo. Seguimos viendo el chantaje de Bildu a Sánchez», clamó la popular acto seguido de la rúbrica de un acuerdo por el que el País Vasco pasará a gestionar el futuro de 1.300 presos, 700 funcionarios y la organización de unas cárceles que ya esperan a más etarras.

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