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Policías y fiestas ilegales: «Estamos desamparados legalmente. No me meto en un piso ni con permiso»

La Policía Municipal

Carlos HidalgoABC

Las quejas por ruidos en pisos han crecido un 20% desde octubre. Muchos agentes acuden y ni siquiera les abren la puerta: «Estamos trabajando para nada»

La Policía Municipal intervino, el pasado fin de semana, en un total de 353 fiestas o reuniones ilegales en domicilios en las que se incumplía la normativa Covid. La Nacional hizo lo propio en varias. Se ha convertido en el día a día, sobre todo, del Cuerpo local, que es el que brega con este tipo de actuaciones en el 99% de los casos. Sin embargo, tanto sindicatos como mandos y, por supuesto, distintos agentes que se dedican precisamente cada fin de semana por velar que la legislación sanitaria se cumpla explican a ABC que se encuentran en numerosas ocasiones con las manos atadas. Muchos no quieren abrirles y la normativa actual no ampara una intervención inmediata.

«Cuando acudimos a

un evento ilegal en un local, podemos comisionar a las UCS [los ‘antidisturbios’ de la Policía Municipal] y no hay problemas. Pero en las viviendas es mucho peor. La semana pasada, acudí tres días seguidos a una misma casa. Les dices que, si no abren, les incoas diligencias por desobediencia, pero les da igual. El problema es que la gente sabe que al final no les ocurre nada. Del millón de denuncias puestas en el primer año de pandemia, solo ha llegado un 1% (10.000). Por eso, creo que necesitamos un trámite especial de celeridad», explica un agente de un distrito.

En la conversación, es inevitable que salga a colación la intervención de la Policía Nacional en un piso turístico en la calle de Ayala donde había 14 personas de farra y, tras numerosos requerimientos, tuvieron que tirar la puerta con un ariete y llevarse a nueve detenidos. «Personalmente, yo no me meto en un piso, porque, aunque tenga el permiso de los moradores, me pueden meter en un lío en el juicio. Que nieguen luego ante el juez que me dejaron acceder por su voluntad. Sé de compañeros que sí lo han hecho –continúa el patrullero–; nos sentimos desamparados legalmente. Estamos haciendo nuestro trabajo para nada. Es como si trabajas y no cobras, y da rabia». Afirma que en su distrito, un 40 por ciento de las personas no les abren la puerta en estas fiestas.

 

Una joven sale de su escondrijo este fin de semana en un restaurante

Carlos Bahón (APMU) cree que este problema no es de ahora, sino de siempre. «No abren porque así evitan la denuncia y los infractores saben que es muy difícil que nosotros podamos acceder. Solo logramos hacerlo con orden judicial o porque se esté cometiendo un delito flagrante o esté en peligro la integridad de alguien. Lo fundamental sería que la Fiscalía se mojara en este tipo de actos y haga una instrucción que ofrezca un respaldo jurídico. Porque si no, ¿qué bien es el que prevalece? La inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional». Afirma que los extranjeros que están en fiestas son los menos problemáticos en este sentido, puesto que desconocen nuestra legislación.

Bahón apuesta por que se haga como con las multas de tráfico: a un extranjero que comete una infracción al volante se le puede multar en el momento y cobrarle o retirarle el coche hasta el pago. Pero lo que hace la Policía Municipal es realmente proponer para sanción a estas personas. Luego, es un instructor el que lo cataloga y decide. Igual que ocurre con el botellón.

Mayor tutela judicial

Un mando policial consultado por este periódico cree que se ha «abierto un debate por la intervención con el ariete»: «Con el Covid, no puede haber en un domicilio nadie que no sea conviviente. Ahora la gente se molesta, es más susceptible». Tanto es así, que las quejas por ruidos en domicilios han crecido un 20% los fines de semana en la capital desde octubre. De lunes a miércoles, las cifras permanecen estables, de entre 7 y 20 llamadas; los jueves comienza a notarse cierto repunte, pero viernes y sábado se disparan a más de cien. Este fin de semana hubo un pico de 141. Los domingos vuelven a bajar.

«Que no abran ocurre desde siempre –coincide con Bahón–. Pero ahora se agrava porque estamos en pandemia y sí que nos sentimos atados de pies y manos. Pero la gente tiene la obligación de identificarse por lo que establece la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, haciendo de abogado del diablo, ¿cómo sé que las personas que hay dentro están contagiadas y por ello son un peligro para el resto, que pueden estar incurriendo en un delito contra la salud pública? Es todo muy complejo». También coincide en que «la Fiscalía General del Estado debería redactar una instrucción que avale una seguridad jurídica a la hora de intervenir»: «Se precisa una tutela judicial para que no se vulneren derechos fundamentales».

«Casos muy minoritarios»

José Luis Morcillo es el comisario responsable del servicio Covid de la Policía Municipal. Tiene una visión muy distinta. Recuerda que es el Cuerpo local el que tiene «el peso de las intervenciones en fiestas en Madrid»: «La mayoría son ruidos que se acaban con la simple llamada a los agentes o su personación en el lugar. Hay que distinguir situaciones. Los pisos turísticos son los más problemáticos, pero los más fáciles a la hora de intervenir, porque acudes con el dueño y abren la puerta. Luego están los domicilios particulares, en los que en un porcentaje muy alto se acaba el problema cuando llegamos o esperamos a que acaben y se les identifica al salir».

Además, asegura que, cuando hay alguna negativa por los alborotadores y se produce un forcejeo con la Policía, se les detiene por desobediencia y resistencia. Sobre si es necesario un cambio legislativo o un nuevo marco que ampare estas actuaciones, Morcillo apostilla: «Es una situación completamente excepcional. Nunca nos había pasado que la gente se esconda en un local, que se encierre. Todo es nuevo. Un apoyo jurídico se necesita cuando se prevé que la situación va a durar en el tiempo. Y esto es un momento coyuntural extraordinario. La problemática se da en casos muy minoritarios».

José Francisco Horcajo, de CSIT-UP Sindicato de Policía Local Asociada (PLA), es tajante: «Estamos desesperados. Hay que atarlo todo, porque si no estamos expuestos judicialmente. Llevamos meses pidiendo que se nos dé seguridad jurídica, que se regule de alguna manera. Es inviable tener a un retén de policías fuera esperando horas para identificar a estar personas».

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