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Podemos no echará a sus cargos imputados cuando considere que hay «acoso judicial»

La futura líder de Podemos se ampara en un supuesto «acoso judicial» para proteger casos como el del número tres

El Tribunal Supremo sentará finalmente en el banquillo de los acusados al diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, por la supuesta agresión a un policía en una manifestación en 2014. Rodríguez renunció a su reelección interna (no se presenta a las primarias), pero mantiene su escaño nacional, por lo que sigue siendo aforado. Desde 2014 el partido ha ido rebajando grado a grado su Código Ético para proteger a los imputados, ya que en los textos fundacionales un investigado debía abandonar sus responsabilidades.

Ahora, la futura líder de Podemos, Ione Belarra, también ministra de Derechos Sociales, se presenta al congreso morado del 12 de junio con nuevos estatutos que justifican «el acoso judicial» como

excepción para blindar los cargos públicos y/o orgánicos.

Así se refleja en la página 7 de la propuesta de su documento ético: «El compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que a tal efecto publicará la Comisión de Derechos y Garantías (…) Este precepto deberá aplicarse en cumplimiento de la legislación vigente mientras esta se intenta modificar desde los correspondientes legislativos y con las matizaciones necesarias cuando exista un contexto de acoso judicial con intenciones políticas (lawfare) y alejado del derecho».

Para ellos es un «montaje»

Es el propio partido quien resuelve si existe una «persecución judicial». Estas reacciones pueden comprobarse con una búsqueda rápida en internet. Ayer mismo, fuentes de la dirección de Podemos reaccionaban al auto de apertura de juicio oral de Rodríguez poniendo en solfa al tribunal. «Estamos ante una estrategia más de criminalización de las personas que se manifiestan para defender derechos», explicaron; y luego añadían: «Buscan meter miedo a la gente que se moviliza».

El partido insiste en que se trata de «un claro montaje» porque «no hay ni una sola prueba». Una explicación que encaja perfectamente con su cláusula de la persecución judicial (‘lawfare’). «Para nosotros es un orgullo participar, y seguiremos participando, en las movilizaciones sociales para defender los derechos de la gente», añadían.

Argumentos también válidos para el caso de la portavoz y diputada en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a quien consideran «víctima» de otro montaje. La que fue número dos en la lista de Podemos a las autonómicas de Madrid ya sólo está pendiente de la sentencia firme del Supremo, que en los próximos días podría confirmar la condena a 19 meses de cárcel que el TSJ de Madrid le impuso también por atentado a la autoridad y lesiones de dos agentes en el transcurso de un desahucio en Madrid.

Lo cierto es que donde la formación morada ve «venganza y criminalización», los Tribunales ven delitos. En el caso de diputada Serra se consideró así en los hechos probados de la sentencia. Por otro lado, en el de Alberto Rodríguez, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral aprecia indicios claros de atentado a la autoridad y lesiones. Tanto es así que ayer le comunicó su decisión de llevarlo a juicio y le ha dado diez días para que presente directamente su escrito de defensa.

El auto recuerda que la Fiscalía presentó el pasado 7 de mayo escrito de acusación interesando la apertura de juicio oral e imputándole esos delitos, que se habrían producido en La Laguna (Tenerife) el 25 de enero de 2014, con motivo de un acto al que estaba prevista la asistencia del entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert.

En la protesta se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y agentes de Policía que se encargaban de la protección de autoridades. Según la Fiscalía, Alberto Rodríguez propinó una patada a un policía ocasionándole una contusión en la rodilla izquierda, de la que tardó en recuperarse cinco días. Por estos hechos pide seis meses de prisión y 250 euros de multa.

El juez señala que, «en una valoración provisional», esos hechos pueden ser constitutivos de delitos de atentado a agente de la autoridad y lesiones leves y que existen indicios contra el acusado que excluyen la procedencia de un sobreseimiento en este momento. Además, fija una fianza de 350 euros para asegurar la responsabilidad civil solicitada por la Fiscalía.

Piden «justicia feminista»

Al margen de esto, Irene Montero, ministra de Igualdad y futura número dos de Belarra en Podemos, reclamó ayer en las redes sociales «justicia feminista» para Juana Rivas. El Ministerio de Justicia ya comenzó a tramitar la petición de indulto para ella. Rivas fue condenada a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores. En 2017, se escapó con sus hijos y burló la orden judicial que le obligaba a entregárselos al padre de estos, al que acusa de malos tratos.

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