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Pedro Sánchez intenta quitar poderes al Tribunal Constitucional contra el criterio de los jueces

Madrid, 16/12/2020. Congreso de los Diputados. Pleno sesión de control al Gobierno con el presidente Pedro Sánchez. Foto: Jaime García. ARCHDC

Una sentencia de 2016 avala la constitucionalidad de los instrumentos de ejecución de sentencias que quiere derogar el PSOE

Los socialistas sí preservarán, en cambio, el recurso previo de inconstitucionalidad

Tras la arremetida contra el Consejo de General del Poder Judicial le llega el turno al Tribunal Constitucional (TC). El PSOE tiene previsto derogar los instrumentos para la ejecución de sus sentencias por considerarlos contrarios a la naturaleza de la Carta Magna, pese a que en noviembre de 2016 este tribunal confirmó su constitucionalidad en un fallo, el 185/2016. Los socialistas vienen así a cuestionar el criterio del TC, el órgano competente para controlar la constitucionalidad de las leyes y al que la Ley de Leyes atribuye la potestad de obligar al cumplimiento de sus sentencias. Tribunales homólogos de varios países de nuestro entorno como Austria o Alemania cuentan con poderes similares.

Este tribunal se pronunció sobre sus propios poderes

después de que el Gobierno vasco los recurriera argumentando que desnaturalizaban la concepción y la configuración constitucional al situar su jurisdicción por encima de los demás órganos constitucionales. También alegó que vulneraban el principio de legalidad penal, el régimen de aforamientos y el principio de autonomía política de las comunidades. Argumentos todos ellos que el TC desechó subrayando no solo que sus instrumentos tienen plena legitimidad sino que no desnaturalizan el modelo constitucional y confirmando que las Cortes no excedieron sus facultades al aprobarlos en 2015, de mano del Partido Popular.

El PSOE tacha las capacidades del tribunal de «desorbitadas» y recuerda que le permiten suspender a Sánchez

Desde entonces, el PNV intenta conseguir por la vía política lo que no logró por la vía judicial impulsando en el Congreso reformas para su derogación. La primera en 2016 y la segunda ahora en tramitación. En este camino ha encontrado como aliados no solo a los partidos independentistas sino también al PSOE. El partido de Pedro Sánchez está dispuesto a echar abajo estas atribuciones, que permiten al TC notificar de forma personal sus resoluciones con apercibimiento de desobediencia, suspender cautelarmente los nombramientos de los cargos y autoridades que obstaculicen sus resoluciones, imponer multas coercitivas o requerir el auxilio de las Administraciones Públicas para la ejecución de sus resoluciones.

Suspender a presidentes

El portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Odón Elorza, se aferra a que la ley orgánica del TC ya ofrece instrumentos para hacer cumplir sus sentencias y califica de «problemático» que este tribunal pueda apartar a los cargos públicos que ignoren sus dictámenes. «Podría alcanzar al presidente del Gobierno o al de una comunidad autónoma», argumenta, «afecta a la arquitectura constitucional española». Elorza tacha las nuevas competencias del Constitucional de «innecesarias y desorbitadas», asegura que cambian «la naturaleza de la jurisdicción constitucional del tribunal» y que suponen «un desequilibrio en el reparto de funciones entre los poderes constitucionales».

El PP introdujo estos instrumentos en un momento en el que contaba con mayoría absoluta y con el objetivo de dotar al TC de poderes disuasorios y agilidad ejecutiva para asegurar el cumplimiento de sus sentencias frente al pulso secesionista catalán. Ahora, el vicepresidente de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, el popular Jaime Olano, advierte de que derogar estas facultades supone «facilitar la destrucción de nuestro sistema constitucional nacido en el año 1978» porque «dificultan» que el independentismo utilice la vía unilateral. «El peligro», advierte, «no ha desaparecido». «A nadie le puede sorprender que el propósito de ERC, de Junts, del PNV, de Podemos o de los filoetarras de Bildu sea derogar la reforma del año 2015», subraya. «Lo que resulta realmente peligroso, es que todos esos partidos que cuestionan nuestro sistema democrático o bien están en el Gobierno o bien son los socios de legislatura del PSOE», añade.

Ofensiva contra la Justicia

Este nuevo plan de recorte de poderes a la Justicia avanza en el Congreso tan solo dos meses después de que PSOE y Unidas Podemos aprobaran la reforma que impide al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos cuando se encuentra en funciones. Un cambio introducido contra el criterio de los propios jueces, que pidieron ser escuchados sin éxito, pero también sin que el texto fuera sometido al dictamen de los órganos consultivos y sin la participación de los agentes implicados.

El recorte al TC también se gesta cuando el Gobierno ultima los indultos a los condenados por el ‘procés’ pese a los informes contrarios tanto del Tribunal Supremo como de la Fiscalía. Y cuando el Ejecutivo prepara la rebaja del delito de sedición. Un cambio que facilitará que los independentistas fugados como Carles Puigdemont puedan regresar a España al afrontar menores penas, y respaldará la tesis secesionista de que las penas actuales son exageradas.

El PP advierte de que retirar estas atribuciones es facilitar el camino unilateral a los partidos independentistas

A este contexto hay que añadir los votos particulares de los dos magistrados progresistas del Tribunal Constitucional que discreparon de la confirmación de la condena a los líderes de ANC y Òmnium CulturalJordi Sànchez y Jordi Cuixart. Dos escritos que allanan el recurso de estos secesionistas ante el Tribunal de Estrasburgo por cuanto tachan su condena de desorbitada apoyándose en varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Recurriendo al PP

Junto a la derogación de los instrumentos de ejecución de sentencias, el PNV también plantea eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad. Otro instrumento introducido por el PP en 2015 –en este caso junto al PSOE– que permite recurrir ante el TC las reformas de los estatutos autonómicos antes de que sean votadas en referéndum. Así se pretende evitar que se repita lo que sucedió con el Estatut catalán: la derogación de parte de sus artículos cuando ya estaban en vigor. En este caso, no solo el TC sino el Consejo de Estado han confirmado la constitucionalidad de esta medida. Y se da la circunstancia de que cuando el recurso previo era aplicable a las leyes del Estado, hasta 1985, el PNV lo consideraba constitucional. En cuanto a esta segunda parte de la reforma vasca, fuentes del PSOE subrayan que están de acuerdo con la existencia del recurso previo y que registrarán enmiendas para evitar su derogación. Su plan, aseguran, no pasa por negociar esta parte con el PNV, por lo que sacarán estos cambios con el apoyo del PP.

De momento, la doble reforma vasca se encuentra en fase de enmiendas hasta el día 23 cuando la Mesa del Congreso decidirá si prorroga el plazo o da paso a la siguiente etapa, el informe de ponencia. Después, el texto tendrá que ser debatido en comisión, en el pleno y en el Senado. Los socialistas aseguran que aún no tienen un calendario fijado, pero con la cercanía de las vacaciones, los poderes del TC no podrán derogarse antes de otoño.

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