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Los juristas avisan que el baile judicial sobre el toque de queda es la «crónica sobre un caos anunciado»

La Justicia avala el toque de queda en Valencia pero lo veta en País Vasco, pese a tener la tasa de contagios más alta de España

Pese al fin del estado de alarma y de tener la tasa de incidencia del virus más baja de España –cuarenta casos por cada cien mil habitantes–, los valencianos seguirán este domingo bajo el toque de queda entre las doce de la noche y las 6 de la madrugada. Con una transmisión del virus diez veces superior, los vascos, en cambio, no tendrán ninguna restricción a la circulación nocturna. Es la «crónica de un caos anunciado», aseguraron este viernes a ABC varios expertos en Derecho Constitucional. Para los juristas consultados, esta situación obedece a la «dejadez del Gobierno», que ha preferido dejar en manos de las comunidades el control de la pandemia sin dotarles de un marco

legal que dé seguridad jurídica a los ciudadanos y a las propias administraciones regionales.

Las primeras restricciones a los derechos fundamentales tomadas por algunos gobiernos autonómicos no han tardado en recibir el esperado varapalo judicial. Es el caso del País Vasco. Con una tasa de transmisión del virus por encima de los 400 casos por cien mil habitantes y una ocupación de las UCI que roza el 37 por ciento, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) vasco rechazó el viernes el toque de queda y el cierre perimetral de la comunidad que había decretado el lehendakari Iñigo Urkullu a partir de mañana tras decaer el estado de alarma.

Controles de todo tipo

En Baleares, sin embargo, el tribunal dio el jueves luz verde a Francina Armengol para mantener el toque de queda a partir de las 23 horas, pese a tener junto a la Comunidad Valenciana una de las cifras de contagios más bajas del país (60 casos por cien mil habitantes y una ocupación de las UCI de apenas el 9 por ciento).

El Govern no solo podrá mantener la limitación a la movilidad nocturna sino también la restricción a seis personas en las reuniones privadas y públicas, los controles de acceso en los puertos y los aeropuertos de las Islas y el límite de aforo a la mitad en los lugares de culto.

El auto considera que las medidas del Ejecutivo balear para el fin del estado de alarma son «proporcionadas» porque «la pandemia sigue siendo un riesgo para la vida». Los argumentos del TSJIB, sin embargo, han generado una fuerte polémica dentro y fuera del tribunal. La resolución se aprobó con un ajustado margen de 3 a 2. Las dos magistradas contrarias, Alicia Ortuño y Carmen Frígola, emitieron un voto particular en el que aseguran que el toque de queda es «desproporcionado e injustificado» al implicar «un sacrificio del derecho de toda la población sin motivar que constituya el único recurso eficaz para la contención de las infecciones y cuando no se han contemplado alternativas menos drásticas», explican las dos magistradas. Informa Mayte Amorós.

«Segunda bala»

Una situación similar se ha producido en la Comunidad Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia de esa región ha permitido la prórroga del toque de queda en esta comunidad hasta el 24 de mayo. La Justicia avala las restricciones acordadas por la Generalitat pero reduce el plazo una semana sobre la propuesta inicial de Ximo Puig. Entre esas medidas se encuentran la de limitar a diez personas como máximo las reuniones de carácter social y restringir al 75 por ciento el aforo en los lugares de culto.

El visto bueno judicial se produce pese a que la región es la única que ha logrado mantener la situación de riesgo bajo de propagación del Covid-19 durante las últimas siete semanas de forma ininterrumpida. Informa Alberto Caparrós.

Para el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, José Manuel Vera Santos, esta disparidad de criterios entre Valencia, Baleares y el País Vasco demuestra que «no existe seguridad jurídica para el ciudadano ni para las administraciones regionales que son las que deben tomar las decisiones». «Es el resultado de la dejadez del Gobierno de España respecto de sus competencias», aseveró.

Tras el varapalo judicial recibido por el Gobierno vasco, el catedrático en Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, Carlos Flores, recordó que Urkullu cuenta ahora con una «segunda bala en la recámara», al poder recurrir al Tribunal Supremo después del decreto aprobado esta semana por el Gobierno. Sin embargo, el lehendakari desestimó este viernes esa vía. «No quiero judicializar este proceso», afirmó. El presidente vasco considera que transcurrirían días hasta que el Supremo resolviera y su decisión no tendría por qué ser favorable a las restricciones decididas por las autonomías.

Los catedráticos consultados por ABC consideran una «chapuza» esta medida in extremis de Sánchez. Tanto Flores como Vera Santos son partidarios –como ya sugirió también el Consejo de Estado y el Partido Popular– de reformar la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Salud Pública del año 1986. «Es mucho más razonable que el Gobierno hubiera legislado sobre esta materia y hubiera concretado más ese margen de maniobra que tienen las comunidades para preservar la salud pública porque todos iríamos más sobre seguro: los ciudadanos, los tribunales y los gobiernos autonómicos», afirmó Flores.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, lamentó este viernes que Dolores Delgado no haya dado unificado la respuesta de la Fiscalía ante los recursos por el fin del estado de alarma. Recuerda que la instrucción que dictó el 5 de mayo sobre cómo proceder ante esos recursos, más allá de hablar de la celeridad que exige el procedimiento, «no proporciona criterios de actuación» a los fiscales de los diferentes territorios.

Canarias y Navarra, por su parte, también han decidido mantener el toque de queda a la espera de que su TSJ dé el visto bueno. El resto de las comunidades han suprimido tanto el toque de queda como el cierre perimetral, al corroborar que el mantenimiento de estas medidas no tiene el aval legal de sus respectivos servicios jurídicos.

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