Por otro lado, tampoco acudirán ni el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni la consellera del ramo (Justicia), Ester Capella, ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En este caso, porque, desde 2016, el CGPJ no invita a líderes políticos al acto. Es decir, justo desde el primer año de Carles Puigdemont en la presidencia de la Generalitat, cuando el independentismo había tomado ya rumbo hacia el choque con el Estado –en aquellas fechas (septiembre de 2016) se anunció el referéndum ilegal del 1-O–. Hasta esa edición, el presidente de la Generalitat sí acudía anualmente al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces –el último president ha sido Artur Mas–.

En cualquier caso, la incomodidad del Poder Judicial con el independentismo es palpable por los múltiples desafíos y ataques a los que ha tenido que hacer frente. Sin ir más lejos, los últimos tres presidentes de la Generalitat han tenido que enfrentarse a las consecuencias judiciales por sus actos: Mas fue inhabilitado por la consulta del 9 de noviembre de 2014; Puigdemont está huido de la Justicia por el 1-O y la declaración unilateral de independencia; y, Torra está pendiente de su inhabilitación y destitución del cargo de president por un delito de desobediencia al no retirar una pancarta de apoyo a los presos independentistas del Palau de la Generalitat. En este sentido, la resolución del Supremo que, previsiblemente, ratificará la condena a Torra podría llegar de manera inminente –la semana que viene–.

Los permanentes desafíos lanzados desde las instituciones catalanas al Poder Judicial también han tenido continuidad en la calle. El independentismo social ha protagonizado múltiples ataques a sedes judiciales y ha puesto en el punto de mira a determinados jueces que tenían en sus manos causas relacionadas con el «procés»: de hecho, el episodio más destacado son los ataques a la vivienda del juez instructor del 1-O, Pablo Llarena.