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Los interinos se movilizan para intentar tumbar el ‘icetazo’ en el Congreso de los Diputados

El PSOE no tiene todavía asegurado ningún voto a favor de cara a la convalidación del decreto

Ni cuatro días han pasado desde que el Ministerio de Función Pública acordó con los sindicatos su fórmula contra el abuso de la temporalidad en el sector público y ya se enfrenta al primer muro de oposición. Los interinos, a través de diversas organizaciones y encabezados por la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, se están movilizando para intentar tumbar en la fase parlamentaria el decreto aprobado por el Gobierno.

El pacto alcanzado tiene por objetivo rebajar la temporalidad en la Administración desde el 30% actual a menos del 8%. Una vieja exigencia de Bruselas para equipararnos a la media comunitaria y que ahora ha sido comprometida también en el plan de recuperación. Es por ello que el

Ejecutivo sacará procesos masivos de concurso-oposición para regularizar a este personal, tras los últimos varapalos de la justicia comunitaria y del Tribunal Supremo. En total se sacará del limbo a alrededor de 300.000 plazas que tienen carácter estructural y que deberían estar cubiertas por funcionarios de carrera; sin embargo, los sindicatos y las organizaciones del gremio cifran los afectados por el abuso público entre 800.000 y 900.000 trabajadores, unos números que el ministerio de Miquel Iceta no reconoce.

La presentación del acuerdo fue triunfal en la sede de Función Pública este pasado lunes, con Iceta y representantes de CSIF, CC.OO. y UGT. Fuera, apenas cuatro manifestantes, contados. Pero en realidad el germen de rechazo contra el decreto que ha publicado el Gobierno está muy presente. Los propios sindicatos, según ha podido saber ABC, son conscientes del clima de oposición que hay en una parte importante de los interinos.

Esta oposición proviene de organizaciones como la Coordinadora Estatal, que rechaza el nuevo marco que se abre ahora. Esta denuncia que no se trata de regularizar a cientos de miles de afectados, sino cientos de miles de plazas. También se quejan de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «rechaza cualquier proceso selectivo para sancionar el abuso» de la Administración, y que la indemnización para quienes no pasen la oposición (veinte días por año trabajado con tope de doce mensualidades) no es suficientemente disuasoria para que el sector público deje de actuar así con los interinos, faltando «una sanción por daños y perjuicios».

En este escenario, buena parte de los interinos reclaman la consolidación en sus puestos como fijos -ni siquiera como indefinidos no fijos, como reconoció el Tribunal Supremo-, es decir, no tener que acudir al proceso de concurso-oposición, aunque la experiencia previa vaya a primar un 40%.

Presión política

No todo está perdido para quienes se oponen al ‘icetazo’, como llaman al decreto algunos sectores. Este ya está en vigor pero en cuestión de semanas deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados por mayoría simple. Esa es la baza principal que juegan los interinos contrarios al proceso masivo de estabilización que deberá estar resuelto antes del 31 de diciembre de 2024. La Coordinadora Estatal ya ha iniciado las reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para presionar y conocer si la norma saldría adelante en la Cámara Baja.

Lo cierto es que el paso por el Parlamento de esta norma no está de momento asegurado. Y es que entre los grupos no solo se critica el fondo de la norma sino también las formas. El abuso de la figura del real decreto, de la que ha ‘tirado’ el Ejecutivo de Sánchez durante toda la legislatura, es fuertemente cuestionado para resolver un problema que, como el de los interinos, lleva años enquistado en la Administración Pública española.

Fuentes del PP aseguran que de momento están estudiando a fondo el decreto pero apuntan precisamente en esta dirección: «El Gobierno debería haber llevado al Parlamento un proyecto de ley, para mantener un debate sosegado y productivo al respecto por parte de todos los grupos, con informes de los órganos consultivos del Estado y con audiencia a los sectores afectados, lo contrario de lo realizado», defienden.

Muy críticos se muestran también en Ciudadanos, que de hecho está manteniendo reuniones con las asociaciones de interinos estos días. Su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, asegura que Iceta lo que ha hecho es «tirar por la calle de en medio» y denuncia que el Gobierno sigue sin poner sobre la mesa la cifra de interinos que hay en situación de fraude. Bal se pregunta además cuánto va a costar al Estado indemnizar a estos trabajadores pues, recuerda, la norma llega sin memoria económica. «A falta de que lo estudiemos a fondo, nos parece una chapuza». Tampoco Vox desvela aún su posición sobre un texto que, dice, está aún analizando.

Incógnita entre los socios

Entre los socios parlamentarios del Gobierno también se mantiene la incógnita. En el PNV, cansados de enterarse por la prensa de los detalles de las normas, mantienen la incertidumbre, al igual que ERC. «Somos conscientes de que es un problema generalizado al que hay que busca una solución. De ahí la PNL que presentamos en Pleno hace ya unos meses. Pero tenemos que mirar el texto y su letra pequeña, que no conocíamos antes de su aprobación, para comprobar si respeta nuestras competencias y si la solución que se articula nos satisface o creemos que es la adecuada», aseguran fuentes del grupo vasco.

Pero quizás el mayor escollo esté dentro de la propia coalición. La dirigente de Unidas Podemos, Isa Serra, aseguró el lunes que el partido ha enviado al ministerio una propuesta para trabajar «a favor de acabar con la precariedad que sufren tantos interinos» y señaló que su propuesta pasa por llevar a cabo «procesos de conversión del personal temporal en personal estabilizado, procesos de consolidación del personal». «Se tiene que asumir la responsabilidad por parte de las Administraciones Públicas, y es una responsabilidad del Gobierno de coalición acabar con la precariedad que sufren los y las interinas», dijo

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