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Los empresarios avisan de que Cataluña lanzará un órdago fiscal

Patronales catalanas como Fomento han animado a Sánchez a liquidar el sistema madrileño

«No lo vamos a permitir», asegura el presidente de CEIM, Miguel Garrido

La aprobación en el Consejo de Ministros de los nueve indultos a los condenados en el juicio del ‘procés’ tan solo ha sido el preludio de la batalla fiscal que promete librar el independentismo. Eso temen los empresarios españoles, que ayer ya pusieron en alto su espadas. Durante la asamblea anual de CEIM, la patronal madrileña, y en presencia del alcalde de la capital y el consejero de Economía y Hacienda, el mensaje fue rotundo: «Queremos una armonización fiscal sí, pero a la madrileña», dijo Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien recogía el guante lanzado previamente por el líder empresarial madrileño, Miguel Garrido: «No lo vamos a permitir. Los madrileños no somos más que nadie, pero

tampoco menos que nadie».

Efectivamente, la armonización fiscal entre comunidades y las acusaciones de ‘dumping fiscal’ contra Madrid han vuelto a resurgir en los últimos días, al calor de la aprobación de la medida de gracia. De hecho, la presidenta de laComunidad de MadridIsabel Díaz Ayuso, trabaja en una nueva norma para blindar sus tributos.

El mensaje de los empresarios nacionales es también muy relevante en clave interna, pues los propios representantes empresariales ya han reclamado en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que eleve la presión fiscal sobre la capital. En concreto, el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, ha trasladado este mensaje al jefe del Ejecutivo diversas ocasiones, por lo que ahora, una vez zanjado el preámbulo de los indultos, se espera un repunte de las exigencias en este sentido.

La reforma fiscal que planea el Gobierno de Sánchez prevé subidas de Patrimonio y Sucesiones ya en 2022 de la mano de los Presupuestos Generales. La idea es la armonización de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio en toda España, impuestos que en el caso de Madrid están bonificados al 99% en el primer caso y al 100% en el segundo caso, lo que hace que este tributo en la práctica no exista. Madrid mantiene una política de impuestos bajos desde 2014, ha exprimido la autonomía fiscal que tiene, junto a todas las comunidades de régimen común, por lo que pueden subir o bajar impuestos como Patrimonio o Sucesiones al nivel que deseen. El manejo de esta competencia es lo que ha distinguido a la autonomía madrileña de otras regiones, ha permitido a los ciudadanos pagar menos y ha logrado atraer a empresas de todo el mundo.

En una vuelta de tuerca más, para disgusto de sus críticos, Ayuso se ha comprometido a impulsar una nueva rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones, hoy con una de las tributaciones más bajas de España, y ampliará las bonificaciones entre tíos y sobrinos, que se elevan del 10% al 20%; así como entre hermanos, donde pasará del 15% al 25%. Una política fiscal que se acompañará de una rebaja fiscal de medio punto en el IRPF para la campaña de la renta de 2022. Una vez en marcha, Madrid contará con el tramo mínimo más bajo de toda España, situándolo en el 8,5%, lo que beneficiará a más de tres millones de contribuyentes, especialmente a las rentas más bajas.

En este caso, la región ya cuenta con el menor tipo autonómico -aplicable para rentas de hasta 12.450 euros- que se sitúa en el 9%, lo que sumado al gravamen nacional arroja un tipo total de IRPF del 18,5%, solo igualado por Canarias y La RiojaCataluña, por ejemplo, aplica un 21,5%, y solo Navarra, de régimen foral, llega a aplicar uno inferior. Cuando se reduzca el tipo madrileño total al 18% situará a la autonomía por debajo ya de todas las comunidades no forales, lo que se traducirá en un ahorro medio por contribuyente de rentas bajas de unos 25 euros, según los cálculos de la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

«Queremos mostrar nuestra preocupación ante el nuevo pico en la campaña permanente por conseguir privilegios de unos españoles contra otros», se lamentó ayer Garrido, tras advertir de que «no permitiremos» que se culmine esta maniobra. «Unos han creado un conflicto y violentado el Estado de derecho y ahora exigen diálogo para reparar el daño hecho». «Eso se parece más a un chantaje que a un diálogo. Nosotros no vamos a chantajear al Estado, pero vamos a denunciar cada vez que se negocien bilateralmente aspectos que afectan a todos», alertó.

Garrido aseguró que no se descarta la vía judicial y que no permitirán que se «revoquen competencias autonómicas» en pos de la armonización fiscal «alentada por responsables de otras autonomías» para «dificultar la exitosa gestión», que en su opinión ha puesto en marcha el Ejecutivo madrileño. Por su parte, Garamendi, señaló que el problema de recaudación de España no es por los tipos, sino por la economía sumergida. «En España llega casi al 24%, cuando en Madrid está en línea con Europa, en el 14%. Nosotros abogamos por más bases imponibles y menos tipos», señaló.

Tanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, se comprometieron con los empresarios a defender en los tribunales y en las plazas políticas cualquier paso dado por el Gobierno central en esta dirección. «Nos queda un camino difícil y que el Gobierno nos pondrá obstáculos, pero contamos con la sociedad más dinámica y abierta», remarcó Almeida. «Estamos dispuestos a tirar del carro porque esa es la esencia de Madrid», zanjó.

Estabilidad y seguridad

«Frente a los que quieren armonizar fiscalmente y subir impuestos a los madrileños, les diría que en Madrid no solo funciona por los impuestos a la baja, que seguiremos bajándolos cuando podamos, sino que tenemos un marco de estabilidad política y generamos confianza y certidumbre en la respuesta de las instituciones», aseguró Almeida, que destacó el «marco establecido desde hace décadas» en la región y en la que los operadores económicos «saben cómo desenvolverse y desarrollar su actividad».

También el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, cargó duramente contra los indultos y su «golpe de Estado» y cuestionó «cuánto costarán» estas medidas de gracia en términos económicos. «A estas horas se está golpeando gravemente la unidad nacional y la marcha económica de toda España. El Gobierno central deja sin castigo a los condenados por dar un golpe de Estado», se lamentó Fernández-Lasquetty.

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