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Los barones del PP evitarán ir a la manifestación de Colón

La presencia de Ayuso determinó la decisión de Casado de asistir a la concentración

Los barones del PP esquivarán en la medida de lo posible la foto de Colón del próximo día 13. No han recibido tampoco aún ninguna instrucción de Génova al respecto, pero tienen ya preparadas sus alegaciones para que, salvo por causa de fuerza mayor, no tengan que estar en la concentración contra los indultos que reeditará aquella malhadada imagen de 2019 de Pablo Casado, Santiago Abascal y Albert Rivera bajo una misma pancarta contra la negociación de Pedro Sánchez con el independentismo. La excepción es la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero sus compañeros de otras comunidades coinciden en recordar cómo el PP de Rajoy «salió por todo en contra de Zapatero y esto hizo que el PSOE ganase con más fuerza en 2008».

La presión de la estrategia del contrario, dentro del mismo bloque, ha hecho que tanto la dirección del PP como la cúpula naranja hayan revisado sus reticencias iniciales a dejarse llevar por una estrategia de movilización dirigida desde la sociedad civil, pero a la que en primera línea se ha apuntado Vox. De hecho, este partido ya había anunciado que sacaría a los españoles a la calle antes de que se convocase esta concentración.

En el caso del PP, los análisis más internos vinculan también la decisión de Génova con la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto. Como fenómeno de masas Ayuso sigue al alza después de las elecciones autonómicas que ganó, y el entusiasmo que despierta, allá por donde va, no pasa desapercibido en la cúpula popular. «Hay más miedo a que el protagonismo nos lo quite Ayuso a que se lo lleve Abascal», reconocen en el Comité de Dirección del PP.

Respecto a los demás emblemas del poder territorial, comparten la posición más crítica contra la concesión de los indultos, pero también son más de la opinión de que la movilización del PP debería centrarse en el plano institucional, y, si acaso, en la recogida de firmas, como hizo el Gobierno de Rajoy contra la reforma del Estatuto catalán, aunque en el nuevo PP se prefiere comparar con el precedente del modelo que promovieron contra la Ley Celaá. «Las manifestaciones deben ser una excepción».

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