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Las expropiaciones de Baleares, sin precedentes en el resto de democracias europeas

Edificios residenciales en Berlín
Edificios residenciales en Berlín
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Rosalía Sánchez / Juan Pedro Quiñonero / Ángel Gómez Fuentes / Francisco Chacón /Antonio Ramírez CerezoABC

Entre nuestros convecinos solo Francia tiene en vigor una medida similar, pero sometida a estrictos controles jurídicos

El Gobierno balear liderado por la socialista Armengol, firmó el pasado martes una resolución de «carácter pionero» para hacerse con 56 viviendas pertenecientes a grandes propietarios inscritas en el registro oficial. Su objetivo: destinarlas al alquiler social. Una medida que se apoya en la Ley de Vivienda 5/2018 que el Ejecutivo balear aprobó con el apoyo de sus socios de Podemos y el partido nacionalista Més.

Con esta nueva norma, el Govern pondrá a disposición del parque público de alquiler, 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza que controlarán durante siete años. Los grandes tenedores percibirán por sus viviendas hasta 230 euros menos de media al mes de lo que indica el índice de

referencia de precios de la comunidad balear.

Oposición y sector inmobiliario han condenado esta medida, entre otros motivos, por la inseguridad jurídica que crea. Y más, en una comunidad donde el capital foráneo lleva buena parte del peso de las inversiones inmobiliarias.

Además, de confirmarse estas ‘expropiaciones’, también crearán un precedente entre las democracias de nuestros vecinos europeos. El único país que tiene en vigor una legislación similar es Francia, pero siempre tras pasar por la vía judicial y justificando argumentos de peso.

Por su parte, en Alemania existe el debate en la región de Berlín, pero el 51% de sus ciudadanos se ha mostrado en contra de este posible; en Italia fue tildado de ‘locura’ y en Portugal el Gobierno de Costa -en fraternidad con el de Sánchez Iglesias– ni se plantea esta medida.

En Alemania, las últimas expropiaciones fueron las del Tercer Reich a los judíos

En Alemania, las últimas expropiaciones las llevaron a cabo el Tercer Reich, a los judíos, y las potencias de ocupación, inmediatamente después de la II Guerra Mundial. La Ley Fundamental alemana establece en su artículo 14 el derecho de propiedad, que hasta ahora no ha sido discutido.

En Berlín, donde hace un año las autoridades locales legislaron un tope al precio del alquiler, existe actualmente un debate acerca de las expropiaciones a grandes tenedores que será seguramente tema de la próxima campaña electoral. La última encuesta, publicada por Berliner Morgenpost, señala que un 51% de los berlineses están en contra de las expropiaciones.

En Alemania, el derecho a la vivienda se garantiza con varios subsidios destinados a pagar alquileres, además de la vivienda social. Una reforma constitucional de 2006 traspasó la competencia de promoción de vivienda social a los Bundesländer, para lo que fue habilitado un acuerdo financiero transitorio.

Berlín se comprometió a abonar entre 2007 y 2019 unos 500 millones de euros anuales a los estados federados para ayudarles con esta nueva tarea, financiación que se ha prolongado. La construcción de vivienda social, por otra parte, obliga a un precio tasado por un plazo de 20 años. Los propietarios, en su mayoría inversores privados, empresas municipales y comunidades de propietarios, tienen derecho después a alquilarlas a precios de mercado.

En Francia la expropiación está controlada; los alquileres sociales menos

En Francia, los procedimientos de expropiación de bienes inmobiliarios están sometidos a controles jurídicos muy estrictos, como los alquileres de carácter social, que realizan desde finales del siglo XIX el Estado, los departamentos y las alcaldías.

Antes de poder expropiar, el Estado debe someter al poder judicial sus proyectos, que deberán respetar tres principios básicos: «Que el proyecto esté realmente justificado». «Que el proyecto no pueda evitarse». «Que el presumido atentado a la propiedad privada expropiada no sea desproporcionado con respecto al objetivo perseguido».

Según la legislación en vigor, la expropiación de terrenos o bienes inmobiliarios puede estar justificada por estos motivos: «Creación de viviendas sociales». «Creación de espacios verdes». «Creación de establecimientos hospitalarios o educativos». «Mejora del entorno urbano». En Francia, la construcción estatal y municipal de HLM (Habitation à loser modéré, Habitación de alquiler moderado), comenzó a finales del XIX y se generalizó a partir de los años 20 del siglo pasado. Al final de los primeros años 2000, 4,3 millones de familias francesas vivían en HLM de muy diversa naturaleza, estatales, departamentales o municipales.

El acceso a un HLM ha suscitado incontables polémicas desde hace décadas. Muchos políticos y personalidades se han beneficiado de alquileres muy moderados, gracias a sus amistades políticas, de izquierda y derecha. En su inmensa mayoría, los alcaldes utilizan los HLM del parque inmobilario municipal con fines sociales, en principio, respetando globalmente normas muy estrictas, comenzando por los ingresos modestos o muy modestos de los beneficiarios.

Italia: El Movimiento cinco estrellas lo puso a debate, pero fue tildado de ‘locura’

En Italia, la ley no permite la expropiación de viviendas vacías o abandonadas. En el 2018, la senadora Paola Nugnes, entonces del Movimiento 5 Estrellas (luego lo abandonó y se inscribió a Libres e Iguales, partido de izquierda) presentó un proyecto de ley para censar todos los inmuebles no utilizados y que se convirtieran en bienes públicos. Pero el proyecto de ley fue considerado una «locura» y se quedó en un cajón.

De haberse aprobado, si una casa estaba en mal estado o sin inquilinos, o un alcalde consideraba que un determinado inmueble había perdido su «función social», el propietario se arriesgaba a perderlo por la fuerza. Diversas organizaciones criticaron muy durante el proyecto porque «se daba a la autoridad pública la facultad de tomar posesión de propiedades privadas de forma totalmente discrecional y sin compensación alguna », lo que no se ajustaba a los «principios constitucionales que no admiten la expropiación».

En Portugal, en ningún momento se ha planteado el Gobierno socialista la expropiación

De cada 100 viviendas en Portugal, 66 están ocupadas por los propietarios, cuatro corresponden a los alquileres sociales y las restantes 28 pertenecen al régimen de alquiler privado. En cuanto a la vivienda social, constituye una materia que los ayuntamientos deben gestionar para facilitar el acceso al mercado por parte de los ciudadanos con menos recursos.

En ningún momento ha ocurrido que el Gobierno socialista se pueda lanzar a realizar expropiaciones a los propietarios que más inmuebles acumulan, como es el caso en Baleares.

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