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Las ‘expropiaciones’ de Baleares avivan el riesgo de un efecto dominó en las comunidades de PSOE, Podemos e independentistas

Skyline Barcelona
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Irene Medina / Àlex Gubern/ Gema Santamaría –ABC

Algunas comunidades ya tienen en vigor normas que atentan contra las viviendas de grandes propietarios

En algunas de las comunidades autónomas gobernadas por PSOEPodemos e independentistas, también están en vigor algunas medidas que penalizan a los grandes propietarios, pero hasta ahora no existía ninguna norma de ‘expropiación’ como la aplicada por Baleares.

Comunidad valenciana:Podemos aplica el derecho de tanteo sobre los fondos

Evitar los desahucios mediante el derecho de tanteo, con la adquisición de domicilios de fondos de inversión, y ampliar el parque público de vivienda han sido los principales objetivos de Podemos, en su política de vivienda en el gobierno de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, la Conselleria dirigida por la formación morada no cierra la puerta a estudiar nuevas medidas para «frenar la especulación».

En relación a la resolución de Baleares, por la que el Ejecutivo balear inicia

la expropiación durante siete años de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial, fuentes de la Conselleria explican a ABC que la Generalitat «prefiere ampliar el parque público con viviendas en propiedad», aunque no cierra la puerta «a estudiar nuevas medidas que permitan establecer una obligación por parte del propietario a arrendar la vivienda, en caso de ejecución hipotecaria, a la persona que vivía allí previamente».

En cuanto a la compra de viviendas públicas, señalan que han puesto en marcha mecanismos para ampliar el parque público con herramientas como la adquisición directa, los derechos de tanteo y retracto o el concurso de adquisición. «Gracias a ello, hemos podido adquirir más de 400 viviendas en el último año», sostienen.

En Cataluñas, las Regulaciones son más lesivas que la expropiación

La política de vivienda de la Generalitat ha sido objeto de una fuerte polémica con el sector, que considera que las sucesivas regulaciones han sido calamitosas. La expropiación de pisos en Baleares se considera una medida grave, pero menos lesiva incluso que las vigentes en Cataluña. Es el caso por ejemplo de la obligación de destinar a contrato social parte de los pisos de los considerados grandes tenedores (a partir de 15). «No es una expropiación, pero casi peor. No hay tope, y el alquiler que una puede recibir viene fijado por la renta del inquilino. Puede ser una ruina para el propietario, del que tampoco se tiene en cuenta su situación», denuncia a este diario Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona.

En enero, el Tribunal Constitucional ya tumbó, por defectos de forma, el decreto que obligaba a los propietarios a ofrecer un contrato social alternativo a los inquilinos morosos con pocos recursos, incluso si ocuparon la vivienda ilegalmente. Y ahora se está a la espera de que el TC se pronuncie, tras el recurso del PP, sobre la ley que fija topes al precio de los alquileres. En cualquier caso, desde el sector se confía en que la nueva regulación estatal, y el propio TC, ponga coto a lo que se consideran excesos del Govern.

Desde la Asociación de Promotores de Cataluña se añade a ABC que las normativas aprobadas penalizan la actividad promotora y desincentivan la inversión. Es por ello que, entre otras, piden derogar la citada ley de contención de rentas, que ha frenado la nueva construcción de viviendas en alquiler: «Había previsión de construir 1.500, pero ahora apenas se llegará a unas 150».

Desde el sector se reclama a la Generalitat «recuperar la seguridad jurídica y promover una colaboración público-privada realmente efectiva para desarrollar un parque de vivienda adecuado y suficiente». Arantxa Goenaga, socia del despacho de abogados Círculo Legal Barcelona, anticipa que las regulaciones que se están implantando en las CC.AA son solo el prólogo de una oleada de recursos en los tribunales

El Gobierno navarro fomenta el alquiler social a partir de viviendas vacías

En Navarra, el Gobierno está elaborando un censo de viviendas vacías, hasta ahora más de 2.600, sólo con el listado elaborado en seis municipios pero con el objetivo de formentar el alquiler social y un alquiler gestionado desde la sociedad pública Nasuvinsa, mediante un sistema en el que se garantiza que el propietario va a cobrar el arrendamiento y que el piso va a mantenerse en buenas condiciones. Estos trabajos se realizan a través de la Dirección General de Vivienda que ha desarrollado una labor de rastreo de posibles inmuebles deshabitados dentro de un primer plan piloto impulsado con objeto de detectar inmuebles sin uso y dar respuesta al crecimiento de la demanda de viviendas de arrendamiento.

Cabe destacar que el Ejecutivo foral considera que una vivienda no está habitada «cuando no se destine efectivamente al uso residencial durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último día de efectiva habitación», si bien no se considerarán como tales las segundas residencias, las viviendas usadas mediante su arrendamiento como temporal ni las ubicadas fuera de la Comunidad Foral.

La Dirección General anima a estos titulares a que incorporen estas viviendas al proyecto ‘Tu piso vacío puede ser nuestro hogar’ que gestiona la sociedad publica Nasuvinsa y que garantiza el alquiler con todas las garantías.

El director general de Vivienda, Eneko Larrarte, destacao que «la política de ocupación de viviendas vacías, como otra respuesta a la demanda de alquiler, es uno de los mejores ejemplos de la estrategia puesta en marcha por el Gobierno para recuperar la función social de la vivienda y su valor de uso frente a la mera consideración de un bien de inversión».

Junto con esas viviendas particulares citadas, el Servicio de Inspección de Vivienda -un equipo de nueva creación dentro del departamento que dirige el consejero José Mari Aierdi- ha realizado un chequeo entre los considerados grandes tenedores -personas jurídicas, físicas, fundaciones o entidades que sean titulares de más de 20 viviendas-, entre los que ha identificado un total de 4.896 viviendas que están en manos de 53 titulares (con una media de 92 viviendas por titular) y el 63% de ellas, en manos de siete empresas privadas de gestión de vivienda de alquiler y el Arzobispado.

Además el Servicio de Inspección ha contabilizado 1.978 viviendas que están en manos de 64 entidades financieras o sus filiales inmobiliarias y fotos de titulación activos -18 de ellas, consideradas grandes tenedores al ser titulares de más de 20-, entre las que ha constatado que 596 permanecen vacías, 91 de ellas -apenas un 15%- en la Comarca de Pamplona.

Las respuestas recibidas indican que la mayor parte de este parque se encuentra ya ocupado -en régimen de cesión de uso o arrendamiento- y las pocas que se hallan vacías están en proceso de venta o carecen de cédula de habitabilidad y requieren de una inversión importante para su posible incorporación al mercado de venta o alquiler.

Por otro lado, los técnicos de la sociedad pública Nasuvinsa han iniciado ya contactos con los bancos y sus filiales con el objeto de concertar visitas a este más de medio millar de viviendas identificadas como vacías y realizar su tasación y valoración de necesidades de inversión en reformas por si posteriormente cupiera su alquiler público por medio de un convenio, ha añadido el Gobierno.

 

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