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Las empresas se alzan contra los ‘dedazos’ en el megacontrato sanitario de Sánchez

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Un compañía ya ha impugnado una adjudicación al sentirse perjudicada después de ofrecer la alternativa más económica

El exiguo grado de ejecución no es el único problema del megacontrato para la compra centralizada de material sanitario que puso en marcha el Gobierno en agosto del año pasado. También hay polémica entre las escasas compras que han cristalizado y que se corresponden con 57 millones de euros gastados de los 2.500 previstos inicialmente. A juicio de algunas empresas involucradas en este plan de Sanidad, hay comunidades autónomas que ignoran el espíritu del procedimiento al sellar acuerdos con firmas que no son las que ofrecían los productos detallados en los 11 lotes al precio más bajo.

Entre los 26 contratos por valor de 57 millones de euros que hasta el momento se han publicado en el Portal de Contratación

hay dos, uno suscrito por Cataluña y otro por Castilla y León que incomodan y han despertado suspicacias. El malestar surge después de que en los pliegos de esta encomienda, el Ministerio de Sanidad determinara que el criterio fundamental para escoger proveedor sería, ante un mismo producto, el precio más bajo.

Las dos autonomías se sirvieron de un resquicio legal contenido en el acuerdo marco para firmar sendos contratos con una empresa que, en ninguno de los dos casos, ofertó los productos a los precios más baratos al presentar su candidatura como adjudicataria. Por ello, reclamaron unas características especiales en lugar de ceñirse a los productos exactos que se contemplan en los lotes. Esta maniobra, al menos según el espíritu que se desprende del pliego de condiciones del megacontrato, debería emplearse solo en casos excepcionales y este hecho molesta especialmente entre las empresas que ofertaron a precios más bajos. Se sienten perjudicadas y no entienden cómo el mecanismo de abastecimiento planteado por Sanidad abre la puerta a situaciones así.

A peor precio

La compra que realizó Cataluña de 720.000 mascarillas FFP3 a cambio de 1.873.080 euros quedó regulada por el lote 9, donde hasta 12 empresas pasaron el ‘examen’ del ministerio para ser nombradas adjudicatarias. Cataluña entregó este millonario contrato a la compañía 3M, que había presentado inicialmente la segunda oferta más cara del lote: a 2.6 euros por unidad frente a los 0.94 euros de la opción más económica. La Consejería de Sanidad de la Generalitat solicitó, en este caso, un tipo de FFP3 con unas condiciones especiales, circunstancia que le abrió la posibilidad a realizar, en la práctica, una nueva licitación más a su medida pero amparada en el megacontrato. Finalmente se adjudicó cada mascarilla a un precio de 2,15 euros.

En Castilla y León ocurrió algo similar con la compra de mascarillas FFP2, objeto de adjudicación del lote 8. Esta autonomía se decantó igualmente por la compañía 3M, que ofertó el producto al sexto precio más caro entre las 23 empresas seleccionadas. En este caso, Castilla y León solicitó mascarillas FFP2 pero también con algunas características particulares, como que la sujeción fuera a la nuca y no a la parte posterior a las orejas al considerarlas más adecuadas para la protección de profesionales sanitarios. A la postre contrató por 4.157.324 euros más de 3 millones de mascarillas a un precio unitario de 1,24 euros frente a los 0,3 euros por unidad que ofreció la opción más económica. Se trataba, eso sí, de la alternativa más barata para su petición especial.

Acto seguido, la empresa que al licitar el acuerdo marco presentó la oferta más barata, Prolimax Higiene Industrial, decidió impugnar ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León esta forma de actuar con el objetivo de que se respete el criterio del precio que se establece en el pliego como criterio fundamental para las adjudicaciones. Prolimax, según se extrae de su recurso, considera que, en el momento en el que se reclaman nuevas características sobre los productos establecidos, la administración adjudicadora debería haber convocado nuevamente a las empresas adjudicatarias para informarlas y que pudieran contraofertar. Fuentes consultadas por ABC entre las empresas afectadas no descartan que aparezcan nuevas quejas en el ámbito judicial.

Inseguridad jurídica

El abuso de las excepciones que plantea el pliego de condiciones genera una situación de inseguridad jurídica entre las empresas adjudicatarias, especialmente entre aquellas que ofertaron a los precios más bajos. Esto se debe a que, entendiendo que la Administración iba a respetar las condiciones de los pliegos, adquirieron material una vez que supieron que habían sido validadas como proveedoras fiables.

Una de las condiciones que se recogen en este megacontrato es que, para asegurar que no hay desabastecimiento, las empresas adjudicatarias tienen que entregar el material en un plazo de diez días a las autonomías o ministerios que soliciten material. Esta circunstancia, junto con que traer un cargamento de mascarillas vía marítima desde China puede costar hasta dos meses, posibilitó que las empresas que ofertaron a mejor precio quisieran estar preparadas, por lo que hicieron acopio de un material al que ahora no pueden darle salida una vez que el mercado internacional se ha estabilizado.

Meses después de que el Gobierno recurriera a empresas solventes del sector privado en su proyecto de compra centralizada, el plan parece abocado a ir muriendo poco a poco mientras los almacenes de algunas de estas compañías lucen repletos de un material sanitario que ahora no pueden vender.

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