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Las autonomías sacan los colores a Sánchez al dedicar más de 3.000 millones en ayudas directas a empresas

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Susana Alcelay / María CuestaABC

El Banco de España llama al Ejecutivo a actuar para evitar insolvencias

Cuando se cumple ya un año desde el inicio de la pandemia, Pedro Sánchez sigue deshojando la margarita sobre si debe o no seguir el camino de nuestros socios europeos y atender la petición de auxilio de millones de pymes y autónomos con ayudas directas. El tejido productivo se desangra y reclama inyecciones económicas a fondo perdido que insuflen oxígeno a los negocios, sobre los que cae como una losa un problema de solvencia que puede derivar en un dramático escenario de cierres y despidos. Muchos empresarios llevan meses usando sus ahorros para pagar impuestos y facturas.

El Covid ya se ha llevado por delante más de 100.000 empresas, el paro ha superado los cuatro millones y se han

quedado por el camino 400.000 puestos de trabajo. Y mientras, el presidente del Gobierno sigue manteniendo la incógnita sobre la materialización de los 11.000 millones en supuestas ayudas directas anunciados la pasada semana sin más concreción que un número.

Frente a la pasividad del Ejecutivo al llamamiento de organizaciones empresariales grandes y pequeñas, de autónomos y pymes, del Banco de España y de banqueras como Ana Botín, las autonomías han tomado la iniciativa y todas ellas han puesto en marcha planes de ayudas directas para tratar de salvar sus economías. Más de 3.000 millones han dedicado las regiones a rescatar a sus negocios, cantidades que se han dirigido, en la mayoría de los casos, al sector servicios, que es uno de los más afectados por la crisis sanitaria.

Con el comienzo del año y la embestida de la tercera ola la mayoría de las comunidades, aunque con más intensidad las turísticas, diseñaron y aprobaron planes específicos para sus empresas después de la decepción del plan de ayuda para el turismo, la hostelería y el comercio aprobado por el Gobierno a finales de diciembre en el que finalmente no se incluyó ninguna ayuda directa. En su lugar se pusieron en marcha rebajas en el alquiler de los locales, una nueva partida de créditos ICO, moratorias de impuestos o el aplazamiento en el pago de las cotizaciones. Entonces el Ejecutivo anunció que la responsabilidad de financiar esas ayudas directas recaería en las comunidades, que siguen reclamando el apoyo del Gobierno. Economía y Hacienda siguen instando a las comunidades a que tomen el testigo de las ayudas con cargo a su financiación. Estas recibieron el año pasado 115.662 millones y para este ejercicio la cantidad será de 113.729 millones, además de un fondo extra de 13.486 millones.

El debate sobre las ayudas directas también ha abierto una brecha en el Ejecutivo de coalición. Las diferencias van en aumento y crece el debate sobre qué hacer para evitar una cascada de cierres de empresas. Los ERTE y el cese extraordinario de actividad para los autónomos fueron muy bien recibidos y su puesta en marcha ha frenado una sangría de despidos, pero ambas medidas se han tornado insuficientes, coinciden desde varios gobiernos autonómicos.

Yolanda Díaz y Nadia Calviño han discrepado públicamente sobre las ayudas directas a las empresas. La ministra de Trabajo ha llegado a decir que el Gobierno debería dar ya estas ayudas porque con los ERTE «no es suficiente». La respuesta de la vicepresidenta tercera siempre ha sido que el Ejecutivo lleva desde el principio de pandemia dando ayudas directas.

A pesar de ser el país más castigado de Europa, con una caída del PIB del 11%, es el que menos ha gastado en forma de ayudas directas. Un informe del Banco Central Europeo publicado hace semanas estima que solo representan el 1,3 % del PIB, lo que supone casi una cuarta parte de lo que ha gastado la zona euro (4%). El Gobierno, sin embargo, asegura que las ayudas de España alcanzan el 5,5 % si se tienen en cuenta los pagos de los ERTE.

Como ya informó ABC, el Ministerio de Economía trabaja contra reloj para tener listo el paquete de 11.000 millones de euros en ayudas a empresas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada en el Congreso. Si bien aún se está terminando de cuadrar el detalle, como señalan fuentes de Moncloa, sobre la mesa del Gobierno figura que los Presupuestos Generales de 2021 permiten elevar la deuda pública en hasta 10.000 millones para diseñar un paquete de medidas para las empresas que abre la puerta a las ayudas directas que también reclama la banca, que ve como una oleada de impagos puede hacer mella en sus balances.

Garamendi, a Calviño

Ayer el gobernador del Banco del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insistió ayer en la necesidad de mantener una política fiscal expansiva para evitar las insolvencias, pero también para garantizar que la crisis sanitaria-económica se convierta en financiera.

Calviño, sin embargo, sigue analizando con el Tesoro y el Banco de España cuál es la mejor fórmula a través de la cual estructurar las ayudas. La ministra ha señalado en varias ocasiones al sobreendeudamiento como el origen de los actuales problemas empresariales, lo que ha disparado los temores entre los empresarios a que las ayudas prometidas por Sánchez sean en realidad apoyos financieros. El propio Antonio Garamendi, líder de la CEOE, trasladó esta inquietud personalmente a Calviño en una reunión que mantuvieron algunos días atrás y en la que le pidió expresamente que no buscaran fórmulas más allá de las ayudas a fondo perdido, que es lo que, defiende la patronal, necesitan actualmente las compañías para capear los que podrían ser los últimos y más duros, meses de la pandemia.

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