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La UE investigará la ‘ley Celaá’ tras pedir amparo la concertada

Ley Celaá
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Josefina G. StegmannABC

El próximo día 23 se tratará en la Comisión de Peticiones de la Unión Europea

La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha admitido la solicitud de amparo que hizo la concertada por considerar este sector que la ‘ley Celaá’ conculca la «Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea» y «constituye un ataque sistémico al Estado de Derecho en España por el carácter fundante que tienen los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea».

La mencionada Comisión ha declarado admisible la petición de la concertada «ya que entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea», señala su presidenta, Dolors Montserrat, en una carta enviada a los solicitantes de amparo y a la que ha accedido ABC. Por ello, la Comisión Europea llevará a cabo «una investigación

preliminar sobre este asunto», dice la misiva.

Además, se les informa que la petición de las asociaciones de la concertada figura en el proyecto de orden del día de la reunión de la Comisión de Peticiones que tendrá lugar el próximo día 23 en Bruselas.

¿Qué ocurrirá ese día? «Se discutirá, los reclamantes presentarán las razones jurídicas que los han llevado a hacer la petición e intervendrán diputados a favor y en contra. Puede ocurrir que se decida que se acaba ahí o que se quede el asunto abierto para seguir debatiéndolo más adelante, en la misma Comisión de Peticiones», explica a ABC la eurodiputada del Partido Popular Pilar del Castillo.

Una nueva ley

La petición de amparo la hicieron la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa); la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (Cofapa); la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (Fsie); la Federación de Enseñanza de Uso (Feuso); la Confederación de Centros Educación y Gestión (Escuelas Católicas) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece).

Todos ellos están agrupados en Más Plurales, la plataforma que nació cuando se tramitaba la Lomloe (o ‘ley Celaá’) y que ha decidido seguir la batalla en contra de la norma pese a que esta se aprobó el pasado 23 de diciembre en el Senado (entró en vigor el 19 de enero) y, por primera vez en la historia, se hurtara a la comunidad educativa la posibilidad intervenir en su debate. La norma tampoco retornó al Congreso, como ocurre con la tramitación de todas las leyes.

Lo que busca la concertada con esta petición de amparo es «que se demuestre que la Lomloe ha vulnerado los derechos de los padres, hurtando el necesario debate social en la reforma educativa», explican fuentes del sector, que añaden que «si se produce un cambio político en el Gobierno, pretendemos que la Lomloe sea sustituida por una ley que nazca de un verdadero pacto educativo, con el apoyo y refuerzo de la Unión Europea».

Educación especial

Por otra parte, el Parlamento Europeo admitió a trámite otra denuncia contra la Lomloe realizada por la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, «por discriminar a los alumnos de educación especial», informó en un comunicado la organización.

El pasado mes de febrero, tras plantear un periodista una pregunta acerca de la ‘ley Celaá’, un portavoz oficial del Ejecutivo comunitario señaló que en la Unión Europea «la educación es una competencia nacional» y, por tanto, son las autoridades de cada país las encargadas «de decidir cómo se organiza la enseñanza y la Comisión no tiene ninguna posibilidad de definirlo».

Sin embargo, la portavoz comunitaria de Educación, Sonya Gospodinova, dijo en la rueda de prensa diaria que ofrece la Comisión Europea que desde Bruselas «seguimos la situación en España incluyendo la nueva ley y las intenciones del Gobierno de reemplazar los sistemas que había por otros sistemas públicos», y por ello «la Comisión sostiene que los padres deben tener la posibilidad de asegurarse de que la educación que se les da a los niños corresponde a sus convicciones religiosos y a sus visiones filosóficas y educativas», tal como se recoge en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, informa Enrique Serbeto.

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