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La ley de eutanasia vulnera al menos nueve principios constitucionales, según el recurso de Vox

Los principales son el derecho a la vida y el deber del Estado de proteger la salud de sus ciudadanos

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia atenta al menos contra nueve principios constitucionales, según el recurso interpuesto este miércoles por el grupo parlamentario Vox ante el Tribunal Constitucional. El escrito de más de 89 folios y presentado por los 52 diputados de Vox denuncia que la ley aprobada en el Congreso el pasado mes de marzo «vulnera el derecho a la vida», a «la libertad ideológica y de conciencia» de los profesionales sanitarios, a la tutela judicial frente a «una decisión administrativa de tal gravedad como es la de acordar la muerte de una persona» y va en contra del «deber del Estado de proteger la salud» de sus ciudadanos, entre otros.

Por todo ello, el grupo

parlamentario Vox pide al máximo tribunal que «estime íntegramente» su demanda «y, en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley Orgánica 3/2021, del 24 de marzo». Además solicita que se suspenda cautelarmente la entrada en vigor de la ley, prevista para el próximo 25 de junio, hasta tanto el tribunal resuelva su recurso.

La demanda recoge que la regulación de la nueva prestación de ayuda morir vulnera al menos nueve artículos de la Constitución. El primero y más importante es el artículo 15 que consagra el derecho a la vida. El recurso recuerda que tanto la jurisprudencia clásica como la del propio TC establece que el derecho a la vida «tiene un carácter absoluto», por lo que «no puede el legislador introducir un ‘nuevo’ derecho individual cuya existencia no solo ha sido negada por los más altos tribunales, sino que además implicaría infringir un derecho fundamental como es el de la vida consagrado en el artículo 15 de la Constitución Española (CE)».

El escrito señala además que «constitucionalmente» lo que se impone al Estado es «el deber de protección de la salud» (artículos 43, 49 y 50 CE), comprendiendo «la obligación de articular alternativas que permitan afrontar en las mejores condiciones de salud los casos de enfermedades graves crónicas, degenerativas o incurables; resultando radicalmente contrario a este principio rector la renuncia a la vida y a la salud mediante el establecimiento de un supuesto derecho a que el Estado procure la muerte de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción».

Otro de los puntos lacerantes para Vox es «la ausencia de control judicial» en el procedimiento de solicitud y aplicación de la prestación de ayuda a morir, lo que vulnera los arts. 24 y 53.2 y 106 CE», en cuanto «imposibilita todo control jurisdiccional de una decisión administrativa de tal gravedad como la de acordar la muerte de una persona».

La demanda critica que la concurrencia del poder judicial resulte «absolutamente preterida» en el caso de la eutanasia cuando «tiene constitucionalmente encomendada la tutela de los derechos fundamentales». En esa misma línea, critica que «el médico responsable pueda determinar la «incapacitación» del paciente «para decidir sobre su propia vida al margen de la autoridad judicial», según prevé el art. 5.2 de la ley.

Las creencias son personales

En la misma línea que el Consejo General de Colegios de Médicos (Cgcom), el recurso de Vox considera contrario al art. 16.2 de la CE la creación de un registro de sanitarios objetores de conciencia –tal como establece la ley en su art. 16–. Vox recuerda que la CE exime a cualquier persona de la obligación de declarar sobre sus creencias. Pese a la garantía de confidencialidad de dicho registro, señala que no es por ello «absolutamente ajeno al riesgo de discriminación y estigmatización de los profesionales que en él se inscriban».

Para Vox la norma además presenta «vicios legislativos», al obviar el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante su tramitación parlamentaria, al presentarse como proposición de ley y no como proyecto de ley. Para el grupo parlamentario la tramitación de esta norma infringió el artículo 23 de la Constitución que reconoce «el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o a través de los representantes, libremente elegidos en elecciones».

La tramitación como proposición de ley, «de manera acelerada y durante la vigencia de un estado de alarma ha privado a la ciudadanía y a los parlamentarios de un debate imprescindible sobre una legislación que altera total y radicalmente la propia concepción de la vida humana y del derecho fundamental nuclear, soporte de todos los demás derechos».

Esta situación, supone para el grupo parlamentario «la inconstitucionalidad de la ley por haber privado a los parlamentarios de los elementos de juicio imprescindibles para formar su opinión y emitir su voto en una cuestión tan absolutamente relevante». «Téngase en cuenta, que la tramitación de la LO 3/2021 en la forma expuesta no sólo ha afectado al derecho de participación del artículo 23 CE de los parlamentarios, sino al derecho del titular de la soberanía que participa políticamente a través de sus representantes», subraya.

Vox asegura en su escrito que el Gobierno cuando tiene una mayoría política que le sustenta «no puede utilizar a conveniencia el cauce del proyecto o la proposición de ley como medio para hurtar a los diputados de la minoría de aquellos informes y dictámenes exigidos por la ley y que sirven de soporte técnico imprescindible para el fundado ejercicio de la potestad legislativa».

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