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«La Justicia vuelve a ponerse la venda con la prostitución. Los autónomos no tienen sindicatos»

Organizaciones abolicionistas y de corte feminista acusan el Supremo de «hipocresía» al no mojarse e inhibirse del debate en manos del legislador: creen que el Gobierno de Pedro Sánchez debe dar algun señal de su compromiso para erradicar el negocio del sexo

Trabajadoras sexuales y abolicionistas. La guerra entre colectivos parece abierta. Y no ha acabado por cerrarla una sentencia del Tribunal Supremo que se conoció íntegra ayer jueves 3 de junio y que, en la terminología, deja muchos flecos pendientes, al señalar el fallo que «no supone ni laboralizar ni legalizar la prostitución por cuenta ajena, pero admite la legalidad de los estatutos» de las trabajadoras sexuales. Cabe recordar que la sentencia del Alto Tribunal estima el recurso de OTRAS (Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales) contra su disolución (que dictó la Audiencia Nacional en noviembre de 2018) y considera «ajustados a derecho los estatutos del sindicato». Es decir, permite que se agrupen como organización sindical. Para el Supremo, lo que

debe someterse a examen «son los contenidos del mismo sindicato» y no el continente, en una palabra. Las decisiones judiciales deben marginar o aparcar, dicen los magistrados en la sentencia de la que es ponente Rosa María Virolés, el debate candente en España sobre la alegalidad de estos servicios sexuales y sobre la «legalización, tolerancia o penalización de la prostitución por cuenta ajena».

Para quienes impugnaron al sindicato OTRAS, el fallo es negativo en el sentido de que anula la disolución que había acordado la Audiencia Nacional, pero al mismo tiempo deja la pelota en el tejado del Gobierno, porque urge al legislador a adoptar las medidas pertinentes respecto a la abolición de la prostitución.

Charo López Gálvez, miembro de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP) y también perteneciente a una de las plataformas que denunciaron a OTRAS ante los tribunales -la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla contra el Sindicato-, opina en ABC que lo más significativo de la «tremenda hipocresía» del Supremo es que «no quiere juzgar en lo moral, ético o humano» el trabajo sexual. Pero -añade López Gálvez- hay una estructura empresarial de proxenetas y explotadores sexuales detrás. «¿No juzgaría a una organización que trafica con órganos por ejemplo?», compara. El Supremo intenta regular unos derechos que no asisten como organización sindical, puesto que «los autónomos no tienen sindicatos» y es lo que reconoce la sentencia, advierte la PAP. La página 15 del fallo lo recoge de estta forma: «Unos estatutos sindicales no pueden determinar la legalidad o ilegalidad de cualquier actividad, correspondiendo esa tarea al legislador».

Es decir, el meollo de la resolución jurídica estriba en que, por una parte, permite sindicarse a las «prostitutas por cuenta propia, aunque el 99,9% del trabajo es por cuenta ajena», así que OTRAS lo que está haciendo es «blanquear el proxenetismo», dicen las organizaciones que quieren la abolición de la prostitución en España. «La Justicia en el fondo nos da la razón, pero en la forma les permite sindicarse. OTRAS tiene otros intereses espurios, de países, organizaciones empresariales de la industria del sexo», acusa directamente López Gálvez, que forma parte de la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla. «No nos ha sorprendido que la Justicia se ponga una vez más la venda y no resuelva el problema. No reconoce la prostitución como un trabajo, pero el Supremo no ha tenido la valentía de decirlo claro», dice a este diario López Gálvez. «Si no existe patronal y no existe relación laboral, es pura falsedad hablar de organización sindical», colige la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución.

Al llamamiento contra OTRAS se han sumado también la Alianza contra el Borrado de las Mujeres y otras asociaciones de corte feminista, que consideran que la sentencia es un toque de atención al Gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra Irene Montero en particular, que debe dar ya -consideran- «alguna señal de su compromiso en esta materia y acelerar una legislación que ponga freno a la epxlotación sexual de las mujeres en España». No obstante, esta entidad ha sido más contundente contra la sentencia del Supremo, que tacha de «absurda».

«Un gran avance»

Muy diferente ha sido la acogida por parte de trabajadores de OTRAS y colectivos afines consultados por ABC, que emplazan a una próxima rueda de prensa para valorar el fallo. Pese a estar analizándola con sus asesores jurídicos, ven la sentencia como una «gran victoria» y un «gran avance» para el colectivo de trabajadoras sexuales que quieren laborar de forma voluntaria, aunque según fuentes policiales ese colectivo solo agrupe a un 5% de las personas que integran un negocio redondo que mueve alrededor de 50 millones de euros al día.

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