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La juez critica que la Generalitat entorpeciera la investigación al exmarido de Mónica Oltra

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en las Cortes Valencianas
La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en las Cortes Valencianas
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Toni JiménezABC

El fallo reprocha la «hostilidad» con la que se trató a la menor víctima de abusos sexuales por parte de quienes debían protegerla

La sentencia contra el exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por un delito continuado de abuso sexual a una menor de edad que estaba bajo la tutela del Gobierno valenciano, pone en entredicho la gestión que el ejecutivo autonómico hizo sobre este asunto. De hecho, el tribunal señala la «la hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla».

Tras un primer fallo anulado y una repetición parcial del juicio, Luis R. ha vuelto a ser condenado a cinco años de prisión por unos hechos que ocurrieron entre finales de 2016 y principios 2017

, cuando este educador se ocupaba del turno de noche del centro de menores Niño Jesús de Valencia. El acusado acudía a la habitación individual en la que la niña, que entonces tenía 15 años, dormía cuando estaba castigada por mal comportamiento, donde le realizaba masajes consentidos en el cuello y la espalda para que se relajara. Pero una vez que creía que la menor estaba dormida -en realidad fingía dormir por vergüenza-, cogía su mano y se masturbaba con ella.

Una situación que se repitió varias veces, según el relato de la joven, que no quiso denunciar al pensar que nadie iba a creerla porque sabía del parentesco de su cuidador con la alto cargo en ese momento. La adolescente fue trasladada a otra residencia, pero el educador siguió en su puesto, en el que trabajaba desde 2011, hasta que pudo ser apartado con una sentencia.

La defensa recurrió el primer fallo en diciembre de 2019 al haberse obviado durante el proceso dos informes que exculpaban al acusado y ponían en duda la versión de la víctima. Se trataba de un estudio psicológico de la menor realizado por el Instituto Espill, centro al que Igualdad encarga la evaluación de los casos de abusos, y otro expediente elaborado por la Dirección Territorial de la conselleria que dirige Oltra basado en parte en el primer documento. No obstante, la Conselleria pidió ese informe en noviembre de 2017 excediéndose de sus competencias, puesto que el juez de instrucción ya había dictado un auto para investigar penalmente los hechos dos meses antes.

La juez no entiende porqué no se acudió a la Fiscalía de Menores y se optó por practicar una «’instrucción’ paralela» de la que se extraen unos documentos que «podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat». Informes en los que, además, «llama la atención cómo se ocultan los apellidos del acusado» o «cómo se permite a éste confeccionar un ‘protocolo’» sobre casos similares para el centro con el que poder defenderse.

Del mismo modo, en el momento en el que la menor -ante la inacción de la dirección del centro- relata lo sucedido a dos policías, detalla el escrito, «parece que se trata de disuadir a los agentes de que pongan en conocimiento de la Fiscalía los abusos». El fallo también recalca que pasaron cuatro meses hasta que esto ocurrió, puesto que «la primera noticia que se tuvo en el centro de los hechos fue el 20 de febrero de 2017» y no se dio parte hasta junio.

La magistrada aprecia «un claro sesgo de confirmación en toda la actuación de dicha Conselleria, a partir de la inicial percepción (consigna en realidad) de que la víctima es una niña problemática, mentirosa e incluso violenta». Tanto es así, que «solo las personas ajenas al ámbito de la Conselleria dotan de credibilidad el relato de la menor».

Las claves del caso

· Una menor tutelada denuncia abusos

La víctima señala ante varias personas en el centro de menores en el que vive que ha sido objeto de abusos por parte de su cuidador en febrero de 2017. La dirección del mismo no da parte de lo ocurrido a la Fiscalía y es la menor cuando, ya en junio, explica su situación a dos agentes de la Policía Nacional que acuden a la residencia por otro motivo.

· La Conselleria actúa por su cuenta

Cuando el asunto ya está en manos de los tribunales, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas abre una investigación paralela y encarga al Instituto Espill un informe psicológico de la denunciante. El expediente final, al que se suma otro informe con las testificales de varios psicólogos, señala que la versión de la niña es poco creíble.

· Cinco años de prisión

Tras ser condenado a cinco años de prisión en diciembre de 2019, la defensa del acusado recurre la sentencia al haberse obviado los informes exculpatorios durante el proceso, puesto que no fueron enviados al juzgado correctamente. El TSJ valenciano anula el fallo en junio de 2020 y ordena la repetición parcial del juicio con la misma composición del tribunal.

· Se repite el juicio con el mismo resultado

Se celebran dos vistas en febrero y marzo de 2021 con la participación de nuevos testimonios que evidencian la falta de criterio a la hora de evaluar a la menor, pero sin contar de nuevo con la declaración de la víctima. La Audiencia de Valencia vuelve a condenar al acusado a la misma pena de prisión, con la agravante de superioridad.

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