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La Inspección exige ya el pago y cotización de los descansos de los trabajadores

Envía requerimientos a empresas que han rescindido contratos antes del fin de semana o de las vacaciones para evitar la Seguridad Social

Escrivá ultima un nuevo castigo para relaciones laborales de corta duración

Nueva vuelta de tuerca a la temporalidad, un desequilibrio que pesa sobre el mercado laboral como una losa y distingue a España del resto de nuestros competidores. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a poner en jaque a las empresas que abusen de la temporalidad y volverá a penalizar aquellas que acumulen contratos de cortísima duración, de apenas uno, tres o cinco días. Para ellas el ministro José Luis Escrivá prepara una penalización, que aumentará en función del número de bajas de afiliación en un periodo de tiempo acotado.

Dicha penalización podría llegar en forma de la creación de una «tasa» que se cobraría en el momento de dar de baja el contrato, ya que, según el titular de

la Seguridad Social, la gran agilidad con la que el sistema permite dar de alta y de baja los contratos facilita esta estrategia empresarial para ahorrar costes de cotización.

A la espera de estas penalizaciones, la Inspección ha comenzado ya a dirigirse a empresas que dan de baja los contratos los fines de semana y las vacaciones para no pagar las cotizaciones de esos días. En estos casos los inspectores están reclamando que paguen al trabajador el salario y coticen por los descansos. Una situación que está levantando ampollas en empresas cuya actividad solo requiere la contratación de uno o dos días de trabajo, por ejemplo las ligadas a ceremonias o eventos concretos.

Tras años de recesión y dos reformas laborales (2010 y 2012), los contratos que se firman en España son, en su gran mayoría, por tiempo limitado, lo que mantiene a nuestro país en el pódium de la temporalidad en Europa con una tasa del 20,1%, el doble que la media, según Eurostat. Los datos del SEPE reflejan de forma recurrente que los contratos que se firman son en más del 90% temporales, circunstancia que también está estrechamente ligada a la estacionalidad de la economía y a su dependencia del sector servicios.

Esa temporalidad afecta no solo al sector privado, también al público. El Covid ha aumentado la contratación de sanitarios y de personal de servicios sociales y estos nuevos empleos se han realizado, en su gran mayoría, por tiempo limitado, lo que ha provocado que la brecha existente entre empleos temporales e indefinidos se haya marcado más en el sector público, donde la tasa acaricia el 30%, casi cuatro veces por encima del objetivo marcado en 2018 y un récord sin precedentes.

Desde que Sánchez llegó a La Moncloa ha sido objetivo del Gobierno combatir la excesiva temporalidad, pero sus medidas de castigo no han surtido efecto alguno. En el último decreto escoba de 2018 el anterior equipo del Ministerio de Trabajo, con Magdalena Valerio al frente, ya elevó del 36% al 40% la cotización para los contratos de menos de cinco días para intentar evitar esta práctica, pero los resultados han sido nulos a la luz de los datos, de los que se deduce que uno de cada cuatro contratos eventuales tiene una duración de siete días o menos.

En este caso los remedios que defiende el departamento que dirige Yolanda Díaz parece que, también en esta ocasión, son distintos a los de José Luis Escrivá. La vicepresidenta y ministra de Trabajo es más partidaria de endurecer la normativa que delimita las condiciones por las que una empresa puede usar el contrato temporal. Piensa que con causas más precisas sobre qué necesidades organizativas o productivas son las únicas que permitirán acogerse a una contratación por tiempo limitado será posible además castigar con más eficacia las irregularidades. Claridad que también daría más facilidades a la Inspección para perseguir los abusos y para instar a convertir en fijos los contratos abusivos.

La ofensiva contra el exceso de temporalidad de Díaz, trasladada al diálogo social, obligaría también a convertir en indebidos todos los contratos de más de un año de duración. Una idea que ha puesto en pie de guerra a los empresarios, que ya avisan de que dañaría el empleo. «Es una reforma ideológica, intervencionista y regresiva, completamente alejada de los objetivos de convergencia en temporalidad con la Unión Europea y de la realidad del mercado laboral español», aseguró a ABC Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE.

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