La Constitución establece que la Justicia se imparte en nombre del rey, por lo que el esperpento es todavía mayor y ha provocado un rechazo generalizado. En términos militares estamos ante una rendición incondicional del Gobierno que solo sirve, además, para envalentonar a los independentistas que quieren romper España. Hace demasiado tiempo que se frivoliza sobre estas cuestiones que son fundamentales en cualquier democracia. El cachondeo sobre los símbolos, la declaración de municipios republicanos, los insultos a la jefatura del Estado y una larga lista de gestos propios de un fanatismo excluyente muestran los síntomas de la grave enfermedad que afecta a Cataluña y sus instituciones. Nadie pide una adscripción militante a la Monarquía, sino simplemente el respeto que es exigible al margen de las ideas que cada uno pueda tener. El Gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad del jefe del Estado y el respeto de nuestro ordenamiento constitucional, ya que ningún voto o apoyo en el Congreso puede justificar la ignominia que estamos viviendo. Uno de los problemas más graves que tiene España es la progresiva ausencia del Estado en Cataluña que permite este tipo de actuaciones. No es algo achacable solo a este gobierno, sino que es un catastrófico error que arrastramos desde la Transición. La debilidad de España es la fuerza de los que quieren destruirla.