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La Guardia Civil celebra la sentencia de Pérez de los Cobos: “Nos blinda de las injerencias en las investigaciones políticas”

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Los mandos del Instituto Armado cierran filas con el coronel ante Marlaska, del que creen que dimitiría “si tuviera un poco de dignidad”. La investigación reveló que la orden del cese “la tomó Moncloa”

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso del coronel Diego Pérez de los Cobos ha sido recibida con enorme “alivio” en el seno de la Guardia Civil. En primer lugar, porque deja las cosas claras y el camino expedito para que los agentes inmersos en investigaciones judiciales puedan trabajar “con tranquilidad y serenidad”, sin tener que notar el aliento en el cogote de sus superiores y, sobre todo, de los responsables políticos del Ministerio del Interior.

Fuentes de alto nivel del Instituto Armado entienden que la decisión de la Audiencia contra del criterio “ilegal” del ministro Fernando Grande-Marlaska de destituir a Pérez de los Cobos por negarse a informarle sobre una causa judicial solidifica los pilares firmes de cómo se debe trabajar y arroja luz sobre la independencia que debe primar en la labor de la Guardia Civil. “Lo triste es que un juez lo tenga que recordar y no esté interiorizado por parte de todos los políticos, y más si han sido jueces”.

Este sentimiento es extensivo también a los integrantes de la Policía Nacional, básicamente a los que trabajan en la Comisaría General de Policía Judicial, bajo el mandato de los magistrados.

La sentencia del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 8 señala claramente que una decisión como la que adoptó Marlaska es ilegal, que no se puede inmiscuir el responsable político en un asunto judicializado y que, además, está declarado secreto, por mucho que quienes lo llevan a cabo sean agentes que estén bajo su dependencia jerárquica. “La sentencia nos blinda de las injerencias políticas en investigaciones clave, como las políticas”.

Se considera que la que provocó el caso lo era, como resalta la propia sentencia. Se investigaba la manifestación del 8-M de 2020, su celebración cuando ya había datos alarmantes de la difusión de la epidemia de coronavirus y la incidencia que tuvo en que España fuera en las semanas siguientes uno de los países con peores datos de contagios y fallecidos del mundo. El principal imputado era el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que también es el secretario general del PSOE madrileño. Varios miembros del Gobierno dieron positivo tras acudir a la manifestación, así como la esposa del jefe del EjecutivoBegoña Gómez, y el propio Marlaska acudió a la marcha.

LA INSTRUCCIÓN DEL CASO

El sentir de la Guardia Civil quedó claro durante la instrucción del recurso presentado por Pérez de los Cobos que ha provocado la dura sentencia contra Marlaska. Los responsables del Instituto Armado avalaron la versión que puso sobre la mesa de la Audiencia Nacional el coronel cesado, dejando en evidencia la defensa de Marlaska de su decisión.

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El testimonio más relevante fue el del general Laurentino Ceña, que como director adjunto operativo (DAO) era en el momento del cese de Pérez de los Cobos el máximo responsable militar de la Guardia Civil. Ceña detalló al juez cómo la directora general del Cuerpo, María Gámez, le pidió información del ‘caso 8-M’ y cómo él se la proporcionó “en tres ocasiones”, debido “a la singularidad de la persona investigada”, en referencia a José Manuel Franco. El DAO explicó a continuación que en un momento determinado le transmitió a María Gámez que la magistrada del ‘caso 8-M’ había ordenado “cautela extrema” y “reserva” para evitar filtraciones y que no se compartiera información de la instrucción con nadie.

Pese a ello, Pérez de los Cobosfue destituido por no dar información del caso, es decir, por no contravenir las órdenes dadas por la magistrada. Laurentino Ceña pidió a Interior “parar el cese”, entre otras cosas para que el coronel “pudiera aducir en su defensa”, pero la respuesta que recibió era que no podía ser. La razón era política: “La decisión estaba tomada por Moncloa”. Ceña dimitió como DAO tras consumarse la destitución de Pérez de los Cobos.

GUARDIAS AMEDRENTADOS

Todo este episodio fue vivido en el seno de la Guardia Civil como una forma de amedrentar a los agentes. La destitución arruinaba la carrera de Pérez de los Cobos en el momento en que tenía que ascender a general, pero también lanzaba un mensaje a todo el Cuerpo y toda la seguridad del Estado en general: al ministro Marlaska no se le niega ningún dato operativo, y el que lo haga se va a la calle.

Interior piensa agotar las vías de recurso para no perder esta batalla y ni el ministro se plantea dimitir ni el presidente del Gobierno baraja pedírselo (“la decisión estaba tomada por Moncloa“), pero por el momento los guardias civiles y los policías nacionales se sienten más protegidos por una sentencia que pueden esgrimir para negarse a facilitar información judicializada a los responsables políticos.

Lo cierto es que a todos los uniformados les provocó en su momento una enorme sorpresa la forma de proceder tanto del ministro como del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, dos políticos que antes de serlo fueron jueces y que muy probablemente vuelvan a serlo tras dejar la política.

Las numerosas fuentes consultadas por este periódico enumeran los sumarios abiertos que tienen importantes vertientes políticas y que, tras esta sentencia, consideran que quedan más blindados ante las “garras políticas”, tal y como lo define un general de la Guardia Civil.

Entre otros, citan las numerosas piezas del caso del comisario Villarejo; los sumarios que se instruyen sobre corrupción que puede salpicar a anteriores responsables del PP, como Kitchen, o los que afectan a Unidas Podemos, con un reciente informe de la Policía que atribuye al partido irregularidades con la consultora Neurona y un intento de engañar al juez del caso. Además, advierten de causas que pueden abrirse próximamente. Hablan de Andalucía, donde consideran que pueden aparecer algunos casos de corrupción de épocas no tan pasadas y que podrían afectar a partidos que tenían poder en esa zona no hace tantos años.

“La sentencia nos permitirá trabajar con más tranquilidad. Porque las presiones han existido y existen. Y no es muy fácil decir que ‘no’ cuando el que te reclama datos es tu superior político y en su mano está hacerte la vida complicada. Lo que hizo Pérez de los Cobos no es lo habitual”, apuntan estas fuentes. “Se han marcado unos límites importantes, que deben ser ratificados, para que los políticos no mangoneen en las investigaciones. No digo que sean ellos los que estén dirigiéndolas, pero el mero hecho de conocerlas ya es una injerencia, una incomodidad para los investigadores y, sobre todo, un palo en la rueda de jueces y fiscales, que deben contar con toda la independencia y protección del mundo”, apuntan estas mismas fuentes.

Guardia Civil 2

Los guardias civiles no tienen dudas de que los dos jueces de Interior -el ministro y el secretario de Estado- han quedado muy señalados por el escrito del juez. Pero, para ellos, quien al final ha quedado muy retratada es María Gámezla primera mujer en dirigir la Guardia Civil y que a la postre es la que tuvo que poner la cara en toda la maniobra de Marlaska y la primera que en el Instituto Armado consideran que debería dimitir.

EQUIPO SIN SIMPATÍA POR LA GUARDIA CIVIL

También han recibido en el seno del Instituto Armado con cierto alivio este escrito judicial porque entienden que el actual equipo político tiene entre poca y muy poca simpatía por la Guardia Civil.

Ponen muchos ejemplos sobre la mesa. El primero, la destitución, que también consideran “arbitraria”, del coronel que se había convertido en el azote de la corrupción en la UCO, Manuel Sánchez Corbí, hombre que también es poco dado a ceder a las presiones políticas. Un perfil que era muy difícil para un Ministerio que, cuando menos, aspiraba a conocer las líneas esenciales de las investigaciones sobre corrupción.

No fue el único que cayó. Luego vino el propio Pérez de los Cobos y tras él se sucedió una cascada de dimisiones, entre las que destacó la citada de Laurentino Ceña. Interior trató, sin éxito, de enmarcar todo el reguero de salidas anticipando una gran reorganización de la cúpula del Instituto Armado.

Como pieza última de esta cascada, se produjo la salida de un general que estaba siendo muy incómodo para los socios independentistas catalanes de Pedro Sánchez. Se trata del general Pedro Garrido, quien se había convertido en pieza angular de las investigaciones sobre la corrupción en Cataluña y sobre los vínculos de los separatistas violentos con formaciones que apoyan al Ejecutivo en Madrid. Otra destitución que, de nuevo, hizo moverse los sillones, de manera incómoda, en el seno de la Guardia Civil y levantó ampollas aún vivas.

“Si tuviera un poco de dignidad, debería irse a casa”, apuntan mandos del Instituto Armado sobre el ministro. Este es el ambiente en la Guardia Civil tras la sentencia de la Audiencia Nacional. La semana que viene, Marlaska tiene una agenda cargada de actos con el Instituto Armado: desde la toma de posesión en la Comandancia de Huesca de la primera mujer que accede a un puesto así, hasta una recepción en la que el ministro saludará a antiguos guardias civiles. Más de un guardia consultado por este periódico ya ha mostrado su intención de eludir su presencia en estos actos argumentando motivos de salud.

Las fuentes con las que ha hablado este periódico auguran un resto de legislatura (dos años y medio) muy difícil en el Ministerio del Interior después de una sentencia tan contundente que, aunque no es firme, deja meridianamente claro que ese ministerio ha tirado de “atajos” y no ha hecho las cosas bien.

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