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La Generalitat incurre en una presunta malversación con su aval, avisan los expertos

No se pueden utilizar fondos públicos para respaldar actuaciones ilegales

Dudan de que el Tribunal de Cuentas, competente para enjuiciar el uso de fondos públicos, acepte esta garantía

Si el subterfugio que buscó la Generalitat para pagar las fianzas del ‘procés’ exigidas por el Tribunal de Cuentas a través de entidades interpuestas era un fraude, el aval directo que el Govern tiene intención de prestar ahora a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de la Generalitat puede constituir directamente un delito de malversación. Así lo aseguran los juristas consultados por este periódico, que recuerdan que la Generalitat no puede avalar ni directa ni indirectamente con fondos públicos responsabilidades contables individuales, máxime cuando el dinero defraudado ha salido de las mismas arcas públicas que se prestan a avalar a los encausados, dicen. El Código Penal prohíbe que se realicen actos de administración del patrimonio público que sean perjudiciales, como es el caso de la asunción de obligaciones que no corresponden a la Administración.

Recuerdan que las administraciones públicas sirven al interés general y que aquí se aporta un dinero para beneficiar a un determinado número de encausados por haber cometido una defraudación. Atenta contra el interés general al que sirven las Administraciones porque esa administración tiene que recibir el dinero distraído, no darlo. La actuación de la administración no es solo reclamar, sino también proteger, dicen. Aluden, además, al conflicto de intereses que se produce entre los políticos y la propia Generalitat. «El interés general se representa en la institución, que es la Generalitat. El interés de la Generalitat es salvaguardar y proteger su patrimonio conforme a lo establecido en la ley. La Generalitat no son los políticos».

Los juristas señalan que las Administraciones pueden crear un fondo para cubrir el ejercicio del cargo, pero riesgos dentro de la legalidad, no las consecuencias económicas de actuaciones ilegales. El fondo en sí no es ilegal pero si se utiliza para dar cobertura a actuaciones ilegales. Y aseguran que el principio de indemnidad de los cargos públicos al que aludía el real decreto de la Generalitat tiene una excepción importante: que no se cometa un delito. Los seguros contratados por Administraciones Públicas eximen de indemnización cuando hay actuaciones delictivas, dicen. Aquí se crea una especie de seguro para asegurar lo que no cubriría ningún seguro: el resarcimiento a las autoridades y funcionarios que han actuado con dolo o culpa. Para el catedrático César García Novoa aquí no cabe invocar el principio de indemnidad y «es dudoso que exista la razón e utilidad pública que justifique que sea una entidad pública la que avale».

«El fundamento último de la responsabilidad contable es el incumplimiento culpable de las obligaciones establecidas en el régimen jurídico contable y presupuestario por parte de quienes manejan fondos públicos. El Tribunal Supremo la ha definido como una responsabilidad de marcado carácter patrimonial y personal sobre la base del manejo y custodia de fondos públicos y el deber de responder de ellos. Ese aval no se trata de una garantía acorde con ese carácter personal de la responsabilidad», dice.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada Miguel Ángel Recuerda dice que es posible que el Tribunal de Cuentas, competente para enjuiciar el uso de fondos públicos, no vea aceptable esa garantía. Si finalmente se considera que la operación es ilegal, quienes participen en ella a través del ICF podrían asumir responsabilidades penales por delitos de prevaricación o malversación; civiles, lo que les obligaría a indemnizar, o contable exigida por el propio Tribunal de Cuentas, señala el jurista.

Luis Míguez, catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela advierte de que si finalmente el Tribunal de Cuentas declara la responsabilidad contable de los dirigentes del ‘procés’, la Generalitat está obligada a exigirles todos los costes que para la Hacienda Pública hayan supuesto estos avales. En caso contrario, los responsables estarían incurriendo en delito.

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