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La Fiscalía archiva la investigación sobre el chat de militares al descartar delito de odio

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante una visita a la Unidad de Verificación Epidemiológica, en Madrid (España) a 5 de enero de 2021. Robles ha visitado este martes esta unidad, en la que se inscribe la Misión Baluarte, compuesta por militares que realizan labores de rastreo de contactos COVID-19. 5 ENERO 2021;UNIDAD DE VERIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA;FUERZAS ARMADAS;MINISTERIO DE DEFENSA;POLÍTICA;GOBIERNO;EJÉRCITO; Ricardo Rubio / Europa Press 05/01/2021
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Entiende que era un chat privado donde los participantes se expresaban con libertad, sin afán de publicidad

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación abiertas en torno a un chat de WhatsApp en el que un grupo de militares hablaban, entre otros asuntos, de la posibilidad de dar un golpe de Estado o «fusilar a 26 millones de hijos de puta», al no apreciar que las conductas constituyan un delito de odio.

Las diligencias se abrieron a partir de un escrito del Ministerio de Defensa, que ponía en conocimiento de la Fiscalía la existencia de este chat cuyo contenido fue difundido en prensa. Para el fiscal a cargo del asunto, se trata de un chat «privado» en el que sus participantes, miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire, exponen sus opiniones «con libertad» y «en la confianza de estar entre amigos», es decir, sin ninguna voluntad de publicitarlas.

«No concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo», señala el fiscal.

El asunto cobró relevancia cuando el pasado 1 de diciembre un grupo de altos mandos militares había remitido una carta al Rey en la que se habría exteriorizado o desvelado «una postura franquista y de ultraderecha». Entre los firmantes de aquella misiva, que cargaba contra el Gobierno por un acoso al Poder Judicial, había una persona miembro de ese polémico chat de militares.

El propio Ministerio de Defensa informó a la Fiscalía de que los integrantes del grupo pasaron al retiro hace muchos años, «algunos hace más de 40», por lo que ninguno tiene la condición militar de servicio activo o en la reserva como tampoco ninguno desempeñaba ningún puesto en organismos públicos dependientes de esa cartera.

A su vez, la Brigada Provincial de Información comunicó que el denominado ‘La XIX del Aire’ era un chat privado, razón por la cual no se podía tener acceso al mismo.

Por tanto, existe para la Fiscalía un dato objetivo, y es que se trata de un chat privado «donde los integrantes exponen con libertad sus opiniones a los demás participes» y sin que exista voluntad alguna «de dar publicidad a las mismas fuera de dicho grupo y en la confianza de estar entre amigos».

Dado que por ese carácter privado no se han podido contextualizar los comentarios publicados, la Fiscalía advierte de que «aisladamente» contemplados «constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno». Es más, los entiende como una crítica «dura» enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, «constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre».

Términos inapropiados

Eso sí, precisa que, en su opinión, «los términos utilizados podrán reputarse inapropiados, excesivos y desafortunados, pero no nacieron con voluntad de publicidad, por lo que la intencionalidad de los mismos no puede ser equiparada a actos materiales del mundo exterior y sino más bien a una forma de expresar un descontento con la situación política actual».

Ya por último la Fiscalía se refiere al campo de acción «más amplio» que tiene la libertad de expresión sobre la libertad de información «que se refiere a la narración de hechos susceptibles de ser contrastados», de ahí que un criterio fundamental de enjuiciamiento de su legitimidad sea el de la veracidad.

No ocurre lo mismo con la libertad de expresión que «alude a la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones y la veracidad no entra en juego, puesto que las ideas y opiniones no pueden ser calificadas como veraces o inveraces en una sociedad democrática avanzada».

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