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Funcionarios de la SEPI no firman más rescates ante posibles demandas

Las ayudas continúan paralizadas más de tres meses después de la concesión de los últimos préstamos por temor a que se produzcan casos como el de Plus Ultra

Tres meses después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) firmara su último rescate a una empresa, con la concesión de 320 millones a Ávoris, el consejo gestor de la SEPI continúa sin reunirse para dar el ‘ok’ a nuevas ayudas. Y el Gobierno ya admite abiertamente los motivos que mantienen congeladas las peticiones de decenas de compañías que quieren entrar en el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas, algunas al borde del colapso económico. Porque ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció que hay funcionarios de la SEPI que se niegan a firmar los expedientes sobre las empresas que piden ayudas a ese organismo por temor a que los casos se judicialicen, como

ha pasado con Plus Ultra, la aerolínea vinculada al chavismo que ha sido rescatada por el holding público con 53 millones de euros.

Un hecho que también confirmaron a este periódico fuentes del organismo dependiente de Hacienda, que aseguran que entre los funcionarios y técnicos de la entidad existe temor a que los expedientes que realizan sobre las empresas que piden ayudas puedan tener repercusiones judiciales y se les pueda exigir responsabilidades.

Algo que ha sucedido con el caso Plus Ultra, con casos abiertos en los juzgados, y que desde esta misma semana también está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas, que admitió el martes a trámite la denuncia de Ciudadanos, encabezada por el eurodiputado, Luis Garicano, que podría acabar salpicando a miembros del Gobierno y del mismo holding público.

En este sentido, Montero quiso dejar claro en Sevilla que el fondo de solvencia «está presidido por personas que tienen poca o escasa capacidad de poder trasladar políticamente lo que piensan, porque son criterios técnicos» los que se establecen y que dicha empresa «cumplía».

Por eso, añadió, «si hay algunos que tienen interés concretamente en esa empresa, me empiezo a plantear por qué hay tanto interés en demonizar a una empresa en concreto que ya los tribunales han ido diciendo que no ha habido ningún tipo de situación anómala» en su rescate. Me temo que esa permanente demonización que hace la derecha y el PP de cualquier actuación del Ejecutivo hace que haya otras empresas que estén esperando recibir fondos y que se estén retrasando por mor de esta crítica injustificada que hace que los funcionarios se retraigan a la hora de proporcionar las ayudas».

Al defender el carácter «estratégico» de Plus Ultra, la ministra portavoz argumentó que «una empresa estratégica no tiene por qué ser por su participación en la cuota de mercado», y remarc que dicha aerolínea «forma parte del ‘hub’ de Barajas, que es muy importante para el conjunto de las interconexiones de un sector estratégico para nuestro país» como es el del turismo y la aviación. María Jesús Montero terminó aseverando que no tiene «ninguna duda de que los técnicos que al final analizan esos expedientes han hecho su trabajo», y «ahí están los resultados».

Empleos en juego

Más allá del escándalo político, lo cierto es que la herida alcanza a numerosas compañías con serios problemas de solvencia, por lo que miles de empleos continúan en juego. Uno de los casos más preocupantes es el de Abengoa. La compañía sevillana, con 13.500 empleados, a duras penas ha podido hacer frente al pago de las nóminas del mes de mayo.

Una situación que también padecen las empresas turísticas, mayoría en la lista de espera de la SEPI, que a las puertas del que se supone tiene que ser el ‘verano de la recuperación’ continúan sin noticias de sus expedientes. Fuentes cercanas a una de las compañías que espera el rescate, aseguran a este periódico que el Consejo Gestor del holding público continúa sin reunirse para firmar nuevos préstamos, pero que desde hace algunas semanas sí que se cita para estudiar los casos abiertos sobre la mesa. Aunque con un reordenamiento de los procesos, que incluyen nuevos requerimientos con el fin de evitar nuevas polémicas como la ocurrida con Plus Ultra. «Están midiendo el efecto político de las decisiones que puedan tomar, hay una paranoia interna tremenda. Tenemos todas las bendiciones de los asesores de la SEPI y no recibimos la aprobación», cuentan a ABC los mismos informadores, sin previsiones de cuándo sucederá el desbloqueo.

Mientras, como adelantó ABC, el Gobierno ya ha colocado en algunas de las empresas rescatadas a personas afines al partido de Sánchez, en línea con lo que está ocurriendo con otras participadas de la SEPI. Como en el caso de Indra, con el nombramiento de Marc Murtra como presidente. Persona cercana al PSC, que estuvo ligada al Gobierno de Zapatero.

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