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Escrivá librará a los prejubilados del Covid del nuevo hachazo en la pensión

José Luis Escrivá
José Luis Escrivá
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Susana Alcelay / María CuestaABC

Un régimen transitorio evitará que el recorte previsto en el retiro anticipado afecte a la salida de los mayores. Más de una veintena de grandes empresas tienen en marcha ERE para más de 16.000 trabajadores

El inminente castigo que prepara el ministro de Seguridad Social para las jubilaciones anticipadas ha encendido las alarmas entre las empresas, pero sobre todo entre los posibles afectados por prejubilaciones. Al miedo a tener que dejar el trabajo se une ahora el temor a recibir, como está previsto, un correctivo mayor al actual en la pensión, una circunstancia que ha llevado a José Luis Escrivá preparar un régimen transitorio, probablemente de tres años, para poner en marcha los nuevos coeficientes penalizadores del retiro anticipado.

En estos momentos, más de una veintena de grandes empresas tienen en marcha planes de extinción forzados por la pandemia, que ha provocado una zarpazo sin precedentes en sus balances. Ya son más

 de 16.000 los trabajadores que podrían verse afectados por un ERE y muchos de ellos cercanos a la edad de jubilación.

Entre finales de 2020 y el arranque de este año, compañías de todos los sectores, de la banca o la industria, las aerolíneas, pasando por los servicios, el turismo o la restauración han diseñado sus estrategias para adelgazar plantillas. Algunos de los despidos que se planearon a principios de ejercicio comienzan a desarrollarse ahora; otros, ya se han cerrado. El goteo de los temidos ERE no cesa, en un momento en el que la economía está sumida en una recesión sin precedentes. Unas veces la fórmula es el despido colectivo, pero en la mayoría de los casos la extinción se disfraza de fórmulas amables más beneficiosas para los trabajadores, especialmente los mayores de 50 años, los primeros de la lista para salir por la puerta siempre que toca ajuste. El Corte Inglés, Banco Santander, Naturgy, Coca-Cola, NH, Iberostar… las principales firmas ya tienen en marcha o proyectan negociaciones para adelgazar sus plantillas.

En la actualidad la edad de retiro voluntario está fijada en 64 años y para acceder a esta modalidad son necesarios al menos 35 años de cotización, y por cada trimestre de adelanto respecto a la edad oficial de jubilación (66 años) la pensión sufre una penalización progresiva que va desde el 2% de la base reguladora por trimestre, si se han cotizado menos de 38,5 años, hasta el 1,625% si se superan los 44,5 años cotizados.

En el caso de jubilación forzosa (por despido) puede realizarse hasta cuatro años antes de la edad legal de retiro, con lo que se sitúa en 62 años este ejercicio. Son necesarios 33 años de cotización como mínimo y la penalización va desde el 1,875% por trimestre adelantado para menos de 38,5 años cotizados, hasta el 1,5% para más de 44,5 años cotizados. El planteamiento de la Seguridad Social es que los coeficientes reductores que se aplican se calculen por meses de adelanto sobre la edad legal de retiro y no por trimestres, como ahora, lo que se traducirá en que habrá pensiones más bajas para quienes se acojan a esta modalidad. Una forma de desincentivarlas.

El futuro trato a las prejubilaciones es uno de los aspectos que el Gobierno quiere sacar adelante con más premura en la mesa de negociación que actualmente mantiene abierta con los agentes sociales para reformar las pensiones. Pero las posiciones en el diálogo social no están, ni mucho menos, cercanas al acuerdo. En el entorno, tanto de sindicatos como de la patronal, muestran su disconformidad con varios aspectos propuestos por Escrivá y aseguran que no habrá avances a corto plazo. En el Gobierno, sin embargo, el ánimo es más optimista y se esperan resultados en breve. Ayer mismo el ministro rechazaba que la negociación estuviera atascada y aludía a pequeños detalles finales para el cierre de un primer acuerdo.

Tensión en aumento

Sin embargo, fuentes de los agentes sociales remarcan que la tensión con el ministro va en aumento. De hecho no solo se critican las propuestas que lleva a la mesa, sino también las formas. Aseguran que lleva los planteamientos directamente a las negociaciones sin dar posibilidades de estudio y análisis previo, lo que ralentiza mucho los trabajos.

Uno de los principales puntos de desacuerdo con el ministerio -y que une a empresarios y sindicatos- es el calendario planteado. Como adelantó ABC, el titular de Seguridad Social ha puesto sobre la mesa tres bloques de medidas a aprobar en distintos tiempos. Una primera, que debería estar lista cuanto antes e incluso para la que el ministerio ha barajado la fecha de mediados de abril, sería la que incluiría cuestiones menos espinosas, como el índice de revalorización de las pensiones en torno al IPC, las propias prejubilaciones y el calendario para que el Estado asuma definitivamente la totalidad de los llamados gastos impropios del sistema.

En una segunda ronda, que debería concluir en verano, Escrivá habría planteado el cambio en la cotización de los autónomos. Y para final de año, entre las medidas a poner en marcha se encuentran dos de las decisiones que más ingresos y ahorros supondrán para las dañadas cuentas de la Seguridad Social. Se trata de un aumento de los impuestos al empleo para sueldos de más de 49.000 euros y la ampliación de los años que se tienen en cuenta para calcular las pensiones.

Su estrategia no convence

En el entorno del ministro defienden que esta técnica de negociación en fases es la más ágil, pues prioriza las cuestiones en las que hay más posibilidades de un encuentro rápido y deja para final de año las más espinosas. Una estrategia que encaja con los requerimientos de Bruselas, que vería con muy bueno ojos que el Gobierno español pusiera sobre la mesa un pacto transversal en el arranque de una negociación clave como es la del sistema de pensiones.

Sin embargo, tanto sindicatos como empresarios consideran que este despiece les quita fuerza y poder de negociación, y temen que dar un visto bueno ahora de cara a la primera remesa europea dé manga ancha al Gobierno para presionar después con un eventual bloqueo de las partidas de los fondos europeos en caso de no acceder a sus propuestas. También el Pacto de Toledo sigue con atención las propuestas del ministro Escrivá, y de hecho le espera el próximo día 12 de abril en el Congreso para que explique el estado de estas negociaciones. La comisión parlamentaria está molesta con la deriva del titular de las pensiones con la reforma y quiere que dé explicaciones detalladas de cuáles son sus planes, en ocasiones alejados de las recomendaciones que se pactaron.

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