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El recurso de Vox a los indultos divide al Supremo

Los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo tendrán que decidir sobre la legitimidad de Vox y del PP para recurrir sobre la inminente excarcelación de los presos del “procés”

La anunciada intención de Vox y del PP de tumbar los indultos a los presos del “procés” genera dudas en el Tribunal Supremo sobre la legitimación que tienen ambas formaciones políticas para recurrir ante el Alto Tribunal la decisión del Gobierno, según explican las fuentes consultadas por LA RAZÓN.

La “pelea” se iniciará cuando Vox y el PP remitan sendos recursos a la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en los que solicitarán a los magistrados que se anulen los indultos, pero también que acuerden medidas cautelarísimas, que consistirían en frenar la excarcelación de los nueve condenados por sedición y malversación.

En principio, la decisión correrá a cargo de los magistrados Segundo Menéndez Pérez, Octavio Juan Herrero Pina, Wenceslao Olea, Ángeles Huet de Sande y Fernando Romás. Sin embargo, fuentes del Supremo anuncian que por la trascedencia de la resolución el asunto acabará siendo analizado por toda la Sala de lo Contencioso-Administrativo. En la Sala Tercera apuntan que es difícil que los magistrados acuerden las medidas cautelarísimas que reclamen Vox y el PP. Sin embargo sí podrían decretar medidas cautelares, que bloquearían las excarcelaciones.

Abogacía del Estado

Y será entonces cuando la Abogacía del Estado, previsiblemente, planteará la falta de legitimación de los recurrentes para tratar de parar el procedimiento en ese momento inicial. Si los jueces no reconocen el derecho de Vox y del PP a personarse, el procedimiento terminará y los presos quedarán libres.

Las fuentes del Supremo consultadas por esta redacción evidencian las diferencias existentes en el seno del Alto Tribunal. Mientras un sector sostiene “está claro que alguien que ha sido acusación en el procedimiento penal sí estaría legitimada” para recurrir los indultos, otras fuentes consideran que solo los afectados directamente por los delitos de los indultados podrían impugnar la decisión del Gobierno. Pero nunca una acusación popular, como es el caso de Vox.

Para justificar la legitimidad de una acusación popular para recurrir un indulto de un condenado, las fuentes consultadas aluden al precedente, del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, cuya medida de gracia decidida por el Gobierno del PP fue revocada por una sentencia de 8 de junio de 2015 tras un recurso que presentó Ecologistas en Acción. Los magistrados aceptaron el recurso pese a que esta asociación ni tan siquiera había sido parte en la causa.

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