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El PSOE propone penas de cárcel para los grupos provida que «obstaculicen el derecho al aborto»

Pretende modificar el Código Penal para penalizar con tres meses a un año de prisión a los voluntarios que ofrezcan información a las mujeres frente a las clínicas abortistas

El Partido Socialista (PSOE) ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con la que pretende que los miembros de las asociaciones provida, que se sitúen en los alrededores de las clínicas autorizadas para realizar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), puedan ser condenados a penas de cárcel.

Distintas organizaciones provida llevan años trabajando a las puertas de estos centros para ofrecer información a las mujeres y disuadirlas de practicarse un aborto. Sin embargo, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha denunciado que estas actuaciones suponen una coacción para las embarazadas, ya que muchas de ellas «son increpadas, insultadas o incluso amenazadas». Frente a esta situación, solicitaron al Gobierno en octubre del año pasado que estas actividades se consideren «un delito de obstaculización al derecho al aborto».

La proposición de ley, que fue presentada el pasado 12 de mayo por el Grupo Parlamentario Socialista, establece que «el que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días».

También señala que los tribunales podrán imponer a «estos grupos organizados» –como los denomina la iniciativa legislativa– «la prohibición de acudir a determinados lugares por un tiempo que puede ir de seis meses a tres años». La propuesta está ahora a la espera del visto bueno del Gobierno, que tiene de plazo hasta el próximo 25 de junio para poder seguir con la tramitación parlamentaria. Fuentes parlamentarias explicaron a ABC que cuando se presentan este tipo de proposiciones ya parten con el «benéplacito» del Ejecutivo.

Con esta iniciativa el grupo socialista se ha adelantado a Podemos, su socio de coalición en el Gobierno, ya que fue la ministra de Igualdad, Irene Montero, la que se comprometió en octubre del año pasado con ACAI a reforzar la seguridad en estos centros. Montero entonces prometió estudiar fórmulas para garantizar «zonas seguras» frente a las clínicas abortistas y que las mujeres «puedan seguir ejerciendo su derecho a decidir libremente sobre la interrupción del embarazo».

Una encuesta a 300 personas

Para defender su iniciativa legislativa, el Grupo Socialista se basa en una encuesta realizada por ACAI en 2018 a 300 mujeres que acudieron a abortar en varias clínicas en toda España. Según los resultados de ese sondeo, un 89% de las mujeres se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas. En España se practican cada año alrededor de 99.000 abortos, de los cuales el 79 por ciento se realizan en centros privados.

La noticia ha tomado por sorpresa a las organizaciones provida, que consideran que esta proposición de ley «criminaliza a las personas que defienden la vida». La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, asegura a ABC que «no acosa quien informa, quien ofrece ayuda gratuita y trata así de evitar, la muerte provocada de un ser humano inocente e indefenso».

Desde la asociación Derecho a Vivir señalan que se trata de «una estrategia más de los ideólogos de género, de los adalides que se arrogan la exclusividad de la defensa de los derechos de la mujer, mientras las abocan, sin alternativa ni ayuda, al drama del aborto». Su portavoz Rosana Ribera de Gracia asegura que los socialistas piden «ahora sanción, mordaza y censura contra los voluntarios provida que ni viven del negocio del aborto, que deja 50 millones de euros anuales a los empresarios de la muerte, ni ganan nada por conseguir que una mujer decida darle una oportunidad a su hijo y a ella misma».

Al menos tres organizaciones trabajan actualmente a las puertas de las clínicas abortistas para ofrecer información a las mujeres. Entre ellas, se encuentra Ambulancia Vida. Sus voluntarios ofrecen folletos a las embarazadas y les invitan a que se realicen una ecografía como medida disuasoria al aborto. Su responsable, Luis Losada asegura a ABC que con esta proposición de ley, el PSOE «legisla a las órdenes de la patronal del aborto». «La realidad es que solo ofrecemos información. La mayoría de las mujeres no les interesa, pero hay un porcentaje bajo del 10% que aceptan. Nuestro objetivo es ayudar. Las que quieren se hacen una ecografía en la ambulancia con un médico voluntario y les ofrecemos contactar con asociaciones provida que les ayudan con pañales, les buscan trabajo o lo que necesiten», explica Losada. «El acoso es cero», recalca.

Alfonso Qeipo lleva cerca de seis años dedicándose de forma altruista casi todos los sábados a ser «rescatador», como se denomina a estos voluntarios. Este economista jubilado de 70 años asegura que el trato es «delicado» y que «nunca» han tenido problemas con nadie. «Incluso soy el padrino de una niña cuya madre decidió no abortar», comenta a este periódico. Frente a la nueva propuesta del PSOE Qeipo dice no tener miedo. «No vamos a dejar de luchar porque los que nos mueve es el amor a la vida. Con una sola vida que hayamos conseguido salvar, habrá merecido la pena el esfuerzo».

Derecho a Vivir ha lanzado una campaña de recogida de firmas para pedir a los diputados que rechacen esta reforma del Código Penal. En menos de 24 horas, cerca de 20.000 personas se han sumado a esta acción, desde la organización.

 

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