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El PSOE defenderá hoy en el Consejo de Europa el indulto y la reforma de la sedición

El líder socialista de Andorra se une a la campaña para que se adopten las medidas

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa vivirá este lunes, en Estrasburgo (Francia), una de esas sesiones que deberían avergonzar a cualquier Estado. E incluso proporcionar la reacción airada de su Ejecutivo por tal tropelía.

Sin embargo, desde el partido que sostiene al Gobierno de España (PSOE) y otros partidos socialistas vecinos (véase Andorra) o más lejanos (Letonia), se aprovechará ese sonrojo para dar carta de naturaleza europea a los indultos políticos de Pedro Sánchez a los presos no arrepentidos del ‘procés’.

Tal y como informó ABC el viernes, hoy se aprobará en el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de tal institución la conocida como ‘resolución de Cilevics’, en honor al diputado letón que visitó nuestro país

en febrero de 2020 para interesarse sobre el juicio y la sentencia que condenó a los doce presos por sedición, malversación o ambos delitos.

En esa resolución, se recomendará a las autoridades españolas la reforma del delito de sedición, la concesión de los indultos, se pedirá que no se tengan en cuenta otros procesos judiciales a funcionarios ni que se persiga a los prófugos –Puigdemont es el siguiente paso–, por ejemplo.

Se trata de una enmienda en toda regla al sistema judicial español. Y todo ello se expondrá en un informe dedicado a la cuestionada democracia en la Turquía de Erdogán –a España le dedican 5 de los 28 folios– titulado: ‘¿Deberían ser procesados los políticos por declaraciones hechas en el ejercicio de sus mandatos?’.

Para más inri el informe contará con la aquiescencia de cinco diputados y senadores del PSOE que se personarán este lunes en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

De este modo, los diputados Sergio Gutiérrez (Toledo), Marc Lamuà (Gerona) y Susana Sumelzo (Zaragoza) y los senadores Antonio Gutiérrez (Sevilla) y María Fernández (Asturias) han presentado enmiendas pero sólo para cambiar cuestiones menores, no el fondo de la cuestión: reforma del delito de sedición e indultos. Así defenderán el cambio de un punto del informe (9.3.1) que hacía mención a la reforma del delito de sedición aludiendo también al referéndum ilegal por otro que sigue abogando sobre la reforma del delito de sedición pero ya no menciona nada de referéndum ilegal.

La enmienda dice: «Reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal manera que no puedan dar lugar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas».

Esto avalaría moralmente la reforma del delito que también quiere impulsar el Ejecutivo de Sánchez ya que el propio PSOE considera ante una institución como el Consejo de Europa que la condena del Tribunal Supremo fue desproporcionada y que hay que cambiar el tipo penal.

En otra enmienda los cinco parlamentarios socialistas españoles también abogan por el indulto pero, al contrario que el informe del letón Cilevics, evitan la frase que pide «considerar la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra políticos que viven en el extranjero que son reclamados por los mismos motivos». Es decir, los socialistas españoles aparcan la idea, por el momento, de que Puigdemont pueda volver a España sin rendir cuentas ante la Justicia española.

El socialista andorrano

Los socialistas españoles asistirán al debate de la ‘resolución Cilevics’ con una estrategia marcada para que Sánchez conceda ‘ipso facto’ –mañana o el próximo martes– el indulto.

En esa estrategia contarán con otro apoyo socialista, el del andorrano Pere López, líder de la oposición del exparaíso fiscal donde los Pujol escondieron parte de su fortuna.

López, en otro informe similar sobre la misma cuestión pero en el Comité sobre Igualdad y No Discriminación, aboga por que las sanciones de los delitos de sedición y rebelión son desproporcionadas en España. «Sólo puedo dar la bienvenida a la resolución que pide a las autoridades españolas reformar tales delitos de sedición y rebelión y también el hecho de que el Gobierno español y las autoridades hayan traído de hecho este asunto al debate público», asegura en su informe. Por cierto, en Andorra el delito de traición se castiga con una pena de prisión de 5 a 15 años.

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