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El juez ve un posible delito el “caso niñera” de Iglesias y Montero

La ministra de Igualdad
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La Razón

Escalonilla también quiere esclarecer si Pablo Iglesias cobró supuestamente las costas procesales por un juicio en Pamplona en 2016 y las donaciones de Podemos al Instituto 25-M

El juez del “caso Neurona”, Juan José Escalonilla, investigará si la ministra de Igualdad, Irene Montero, recurrió a una trabajadora del partido -actualmente asesora del Ministerio- para cuidar de sus hijos, tal y como denunció la exabogada de la formación morada Mónica Carmona al magistrado que indaga en la supuesta financiación irregular de Podemos.

Así lo ha acordado el instructor en una resolución en la que, tal y como le pidió la Fiscalía, ha decidido investigar los hechos, aunque no en una pieza separada, sino en un procedimiento independiente. Escalonilla aprueba así la apertura de procedimientos independientes para investigar, por un lado, la utilización de la ministra de Igualdad “de una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos”. Pero no solo eso. También el presunto cobro por parte del actual vicepresidente Pablo Iglesias “de las costas procesales” de un juicio en Pamplona en 2016 en el que fue defendido por la letrada de la formación Marta Flor (que ya cobra del partido, por lo que no había que abonarle sus honorarios aunque se condenara a la parte contraria a pagar las costas de defensa de Iglesias).

Se trata de la demanda de protección de derecho al honor que interpuso Unión del Pueblo Navarro (UPN) contra él y que perdió la formación política, siendo condenada al pago de las costas, más de 7.000 euros, por el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Pamplona. Pero dado que el partido se hacía cargo de los honorarios de la letrada y de la procuradora, el juez quiere comprobar quién se quedó ese dinero.

Carmona denunció a Escalonilla que su investigación respecto al supuesto cobro de esas costas por dirigentes del partido se centró en el «tratamiento contable y fiscal» de las mismas. «Lo lógico era que las costas las cobrara el partido, pero esta solución planteaba varias dudas legales que debían resolverse correctamente para evitar infracciones tributarias», detalló.

El Instituto 25-M, también bajo la lupa

Del mismo modo, el juez ordena indagar en otro procedimiento sobre las donaciones efectuadas por Podemos al Instituto 25-M, la fundación del partido, y la contribución efectuada por ésta a la Escuela Popular Paulo Freire.

La ex responsable de Cumplimiento Normativo contó al instructor que investigó la denuncia de una donación de «una cantidad elevada de dinero para actos de formación» a través de la Fundación 25-M «sin que existiera la debida transparencia sobre el destino real de dichos fondos». Según esa denuncia, desde Podemos y su grupo parlamentario se habían inyectado casi 300.000 euros.

En su resolución, el magistrado asegura que aunque algunos de los documentos aportados por Carmona “no se corresponden con los hechos objeto de investigación”, al tratarse de hechos novedosos “que podrían ser constitutivos de delito, no cabe abstraerse de su denuncia devolviendo dichos expedientes” a la testigo, por lo que considera que procede su investigación, “si bien en procedimientos independientes”.

Para el instructor, abrir una pieza separada como pretendía el Ministerio Público “podría conllevar la dilación en la tramitación del presente procedimiento”, sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, “que tiene tramitación urgente”. Además, añade, se atribuye “la comisión de hechos delictivos diversos a personas distintas”.

Aval de la Fiscalía

Carmona, ex responsable del área de Cumplimiento Normativo de Podemos, denunció a Escalonilla el pasado 20 de enero que Pablo Iglesias e Irene Montero «utilizaron a una persona a sueldo del partido», Teresa Arévalo, «como cuidadora de sus hijos», lo que según expuso «además de ser contrario a las más elementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal del patrimonio del partido».

La Fiscalía se mostró a favor de que tanto el “caso niñera” como el resto de denuncias que puso sobre la mesa la letrada deben investigarse en una pieza separada, y no en el marco del “caso Neurona”, para no convertir la instrucción en “un procedimiento de auditoría de la actuación de un partido político que excede de lo que corresponde a una investigación penal”. El Ministerio Público se opuso así a la petición de Podemos de que se rechazase de plano investigar el “caso niñera” por tratarse de “cuestiones de índole personal que nada tienen que ver” con el objeto de la causa.

Para la Fiscalía debía esclarecerse si Irene Montero “habría contratado a un miembro del partido como cuidadora de sus hijos”. Carmona aportó documentación de un viaje que ambas habrían realizado en campaña electoral (cuando se habría encargado de cuidar a su hija durante un mitin).

La abogada puso en conocimiento del instructor que le había llegado una denuncia interna que apuntaba a que Arévalo había ejercido de «niñera» en 2019 en Alicante durante un mitin. La letrada, según explicó, comprobó que el 20 de octubre de 2019 Montero, su hija y Arévalo viajaron a Alicante, junto a otras personas del partido, «a cargo del presupuesto de campaña de las elecciones del 10 de noviembre de 2019 de la coalición Unidas Podemos».

Manos Limpias presentó el pasado día 17 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Montero por delitos de prevaricación y malversación por dejar en manos de su actual asesora esas “funciones de niñera” y por lo que considera la “utilización de una dependencia del Ministerio, el despacho de la secretaria de la ministra”, para “sala de juegos” de los hijos del vicepresidente Pablo Iglesias y la titular de Igualdad.

 

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