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El Gobierno paga 150.000 euros y coloca en la OMT a una ex alto cargo

Isabel Oliver fue cesada al detectarse irregularidades en el sello anti-Covid

El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado un cargo a medida en la Organización Mundial del Turismo (OMT) para colocar a la ex secretaria de Estado de Turismo Isabel María Oliver después de destituirla por su fracaso con el sello anti-Covid, y asumirá el coste de esta recolocación, que asciende a 150.000 euros al año.

El pasado mes de diciembre, el Ejecutivo firmó un convenio con la Organización Mundial del Turismo (OMT) por el cual la ex secretaria de Estado percibirá 123.334 euros al año, en doce pagas. Además, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo compensará con 13.636 euros a la OMT por el nombramiento de Oliver, 9.459 euros correspondientes al seguro médico y otros 3.569 euros para gastos

de representación, viajes y publicaciones, según ha publicado el periódico especializado en turismo ‘Preferente’. En total, el nombramiento de Oliver costará a las arcas del Estado 150.000 euros anuales, el doble de lo que ganaba con su anterior sueldo. Paradójicamente, el sector turístico al que Oliver representaba sufre una de las peores crisis de su historia por el coronavirus.

Según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 18 de febrero, esta cuantía está destinada a costear los gastos relacionados con el desarrollo de sus funciones, entre ellos «los sueldos, subsidios, seguro médico, afiliación de pensiones, viajes oficiales, vacaciones en el hogar nacional y mudanza de sus enseres domésticos y efectos personales».

El convenio firmado por la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, nombra a Oliver como «experta» y detalla entre sus funciones las de «reforzar la imagen de la OMT en el sector turístico español» y asesorar al secretario general en la Agenda 2030, «el reto demográfico y el desarrollo del turismo rural». Además, se encargará de hacer «un seguimiento de la evolución y tendencias de la actividad turística mundial y favorecer el intercambio de ideas y experiencias entre diferentes ramas de la actividad turística».

En julio de 2020, Oliver fue relevada fulminantemente de su cargo en el Ministerio de Reyes Maroto tras detectarse varias irregularidades en la puesta en marcha del sello anti-Covid. Esta iniciativa fue impulsada por su departamento para identificar los establecimientos ‘libres de coronavirus’, pero los empresarios y clientes denunciaron numerosos fallos. Según destapó ‘El Confidencial’, el sello permitía que cualquier usuario, incluso con cualquier identificación falsa, pudiera obtener, sin verificación alguna de datos, una garantía de estar libre de coronavirus en sus establecimientos.

El Ministerio desvinculó este suceso de la salida del Gobierno de Oliver, que desapareció de escena cuando el sector turístico iniciaba la lenta recuperación y en plena crisis de imagen de Baleares, y España en general, como destino seguro en el exterior. Para no dejarla sin cargo, el Gobierno suscribió en diciembre un convenio con la OMT y lo vendió como un ascenso para Oliver. En ningún momento informó de que pagaría su salario íntegro, además de una compensación a la OMT por aceptarla como «experta».

En el mes de febrero, ante las sospechas, el PP registró una pregunta parlamentaria en el Congreso pidiendo que se detallaran las funciones de Oliver en la OMT. Nunca fue contestada. «Después hemos descubierto en el BOE este escándalo, con la creación ‘ad hoc’ de una plaza, como si Oliver fuera una asesora más de las 1.400 que tiene Sánchez», lamenta el diputado popular Agustín Almodóbar, que cuestiona si la mallorquina tiene el mejor perfil para representar a España como experta en Turismo, teniendo en cuenta su salida de la Secretaría de Estado por la «chapuza» de los sellos anti-Covid. El grupo popular registrará hoy una batería de cuestiones ante la Cámara, aunque ya está informado de que la ministra Maroto no comparecerá «como mínimo hasta septiembre».

Oliver, licenciada en Biología por la UIB y funcionaria del cuerpo superior de la Administración de las islas Baleares, fue nombrada secretaria de Estado de Turismo en junio de 2018, en el anterior Gobierno de Pedro Sánchez. Lleva 22 años en política y está afiliada al PSOE. Fue secretaria general de la consejería de Turismo entre 1999 y 2003 y desde 2011 y hasta 2018 fue diputada en el Parlamento balear y portavoz de la comisión de Turismo.

En sus cuentas bancarias del año 2018 declaraba 2.086.641 euros, una cifra que superaba con creces los 1,7 millones que acreditaban los otros 26 secretarios de Estado juntos, según Sueldos Públicos. El resto de su declaración reveló que tenía bienes inmuebles por valor de 459.438 euros y 127.245 euros de deuda. También declaró 29.856 euros en la categoría de «demás bienes y derechos de contenido económico».

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