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El Gobierno incumple las normas y no aprueba su plan de ajuste fiscal

La factura de la actual crisis
La factura de la actual crisis
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Javier TahiriABC

La Autoridad Fiscal denuncia que Hacienda rechaza elaborar una hoja de ruta para bajar el déficit a medio plazo como obliga la Ley de Estabilidad

La factura de la actual crisis permanecerá durante años en forma de déficit y deuda pública a pagar en las próximas décadas, todo un dilema generacional. La plana mayor de gobiernos han disparado su gasto en un momento en el que las reglas fiscales europeas han quedado en segundo plano ante la mayor crisis sanitaria y económica que se recuerda. Los corsés al déficit y la deuda se han suspendido en 2020, 2021 y, quizás, 2022, por lo que los países pueden incumplir los límites fiscales. Pero en algún momento las reglas volverán. Ante este escenario futuro en el que habrá que aprobar ajustes, la ley de Estabilidad recoge que la suspensión de los límites de déficit debe ir

acompañada de un plan de reequilibrio «que permita la corrección del déficit estructural». Una hoja de ruta futura que el Ministerio de Hacienda rechaza aprobar, pese a que el Gobierno suspendió las reglas en otoño y la Ley le obliga a ello.

Así lo denuncia la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en sus recomendaciones del cuarto trimestre donde señala que, al pedir a Hacienda aprobar este plan, el departamento dirigido por María Jesús Montero replicó que ya ha cumplido al haber presentado en octubre el plan presupuestario y las propias cuentas, que preveían que en 2020 se pasaría de un déficit del -11,3% del PIB al -7,7% en 2021. Sin embargo, la Airef señala que esto no acata lo que dispone la Ley, ya que el plan de reequilibrio no se limita a un solo año, sino que debe de incluir la senda de corrección de varios ejercicios hasta que se vuelva a cumplir los objetivos de déficit y deuda pública «desagregando la evolución de los ingresos y los gastos, y de sus principales partidas», recoge la norma.

Es decir, la información que contempla el plan presupuestario o el Programa de Estabilidad que el Ejecutivo remitirá a finales de abril, no puede sustituir a un plan de reequilibrio que también ha reclamado el propio Banco de España.

Además, laLey de Estabilidaddispone que los plazos y las formas ya se han incumplido. La norma recoge que el plan debe aprobarse previo informe de la Airef en un plazo máximo de un mes desde que se suspendan las reglas fiscales –Hacienda lo hizo en septiembre y se tramitó en el Congreso en octubre–. Desde entonces ya ha pasado medio año. A ello se suma que este plan de reequilibrio se debe remitir «a las Cortes Generales para su aprobación», recoge la Ley de Estabilidad.

La Autoridad Fiscal alerta de las consecuencias que puede tener este incumplimiento. El organismo reclama el plan de reequilibrio «para reflejar el impacto plurianual de los proyectos financiados con los fondos europeos de recuperación» y «para arrojar certeza sobre las líneas concretas de actuación, y servir de guía de la política fiscal en medio de la incertidumbre derivada de la pandemia». De lo contrario, Estado, comunidades autónomas y entidades locales estarán sin límites de déficit y deuda, sin la obligación de diseñar mecanismos a medio plazo para volver al equilibrio.

Todo ello se produce después de que la deuda pública cerrase en el 117,1% del PIB en 2020. La Autoridad Fiscal alertó el pasado jueves de su sostenibilidad, recogiendo que incluso en el año 2049 el pasivo seguirá en el entorno del 110% del PIB, tomando en cuenta un déficit primario –es decir, descontando el pago de intereses–, del 1,5% del PIB. Hasta noviembre de 2020, solo en el Estado, el déficit primario era del 3,07% del PIB.

La incertidumbre con partidas al alza, como el gasto en pensiones, aconseja adoptar este plan. «El incremento del gasto sanitario y del gasto en pensiones –en la medida en que no sea cubierto con recursos adicionales– conllevará un incremento muy significativo del endeudamiento desde unos niveles históricamente muy elevados», recoge la institución.

El Ministerio suspendió las reglas para 2020 y 2021 meses después de que lo hiciera la Unión Europea. De esta forma, el Ejecutivo no tiene que rendir cuentas ante la Comisión Europea por sobrepasar el 3% del PIB de límite de déficit y el 60% de deuda pública que recoge el Pacto de Estabilidad. Ahora la Comisión Europea ha propuesto extender esta suspensión de las reglas fiscales a 2022, donde parece que hay acuerdo, aunque el consenso es más frágil sobre la reforma del Pacto de Estabilidad que quieren países como Francia y España, ante la oposición de Alemania.

Sin embargo, España es el país del euro que prevé cerrar 2020 con un mayor déficit público, con un -11,3% del PIB, muy por encima del -10,8% de Italia, el -10,2% de Francia, el -8,6% de Grecia, el -7,3% de Portugal o el -6,3% de Alemania. Para 2021, también espera ser el estado con un mayor desequilibrio de todos los estados con la moneda común. Es decir, en el momento en el que vuelvan las reglas fiscales, España tendrá muchas papeletas de estar en el centro de las críticas de instituciones comunitarias y mercados.

Los precedentes no son halagüeños. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, España estuvo en el Procedimiento de Déficit Excesivo desde 2008 a 2018. La UE le llegó a poner la primera multa por incumplir el déficit, de cero euros eso sí, en 2016.

Debilidad futura

El hecho de que España no publique un plan de reequilibrio puede suponer un elemento de incertidumbre adicional. La financiación del BCE hace que los diferenciales de interés estén en mínimos históricos, pero el programa de compras acabará algún día. «Los elevados niveles de endeudamiento incrementan la vulnerabilidad frente a eventuales cambios en las condiciones de financiación de la economía por lo que debería diseñarse cuanto antes una estrategia de consolidación a medio plazo que contribuya a mitigar esos riesgos», advierte la Airef.

A ello se le suma que, según un estudio del BCE y la Comisión Europea, España registrará el mayor incremento de deuda pública de toda Europa, con un incremento de 28,4 puntos sobre PIB entre 2019 y 2022. España prevé cerrar 2021 con un 117,4% del PIB. Atendiendo a los planes presupuestarios remitidos a la Comisión Europea, sería la quinta mayor tras Grecia (184,7%), Italia (155,6%) y Portugal (130,9%), y por delante de Francia (116,2%).

«Alcanzar un equilibrio presupuestario será fundamental para afrontar la presión sobre la deuda asociada al incremento del gasto en pensiones, derivada del proceso de envejecimiento y evitar el mantenimiento del nivel de deuda por encima de un umbral, que según la literatura económica, pueden llevar asociado un impacto negativo sobre el crecimiento», advierte la Airef. España tendrá un importante freno a la actividad y a la inversión futura, por una deuda que seguirá aumentando en términos absolutos los próximos años.

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