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El Gobierno firmó contratos fallidos por valor de 140 millones de euros al estallar la pandemia

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Sanidad selló nueve adjudicaciones que no llegaron a buen puerto con firmas chinas, intermediarios textiles o expertos en materiales de construcción en los meses más duros de la crisis sanitaria del coronavirus

Un año después de que España se encerrara ante la amenaza del coronavirus, se siguen conociendo datos de la gestión que el Gobierno y, en concreto, el Ministerio de Sanidad, realizaron de la pandemia. El último habla de que el Ejecutivo, a través del gabinete que dirigía Salvador Illa, firmó contratos fallidos por valor de 140 millones de euros durante los primeros meses de crisis sanitaria. En concreto, las licitaciones se cerraron desde marzo de 2020 hasta mediados de diciembre por 140.781.473 euros y hacen referencia a distintos tipos de material, desde mascarillas y guantes a tests de diagnóstico o respiradores.

Así figura en los balances del Ministerio de Sanidad, a los que ha accedido ABC gracias a los

mecanismos de Transparencia. Este recuento habla de nueve licitaciones que no llegaron a buen puerto por distintas razones. Que estos contratos sean fallidos no tiene por qué suponer obligatoriamente que el dinero pagado se haya perdido, ni en su totalidad ni parcialmente, pero sí constata que toneladas de material sanitario y de protección no llegaron a España en los meses que más falta hacía.

Toneladas de material de protección y sanitario no llegaron a España como consecuencia de estos contratos fallidos

El valor de los contratos es muy diverso, y oscila entre los 468.000 euros y 62.542.929 euros. También los proveedores: desde firmas chinas hasta intermediarios textiles. Todos los acuerdos tienen en común que fueron suscritos por el procedimiento de urgencia, es decir, sin un concurso que seleccionara al mejor proveedor. Este hecho fue habitual durante los primeros meses de la pandemia, donde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) tenía la facultad de abordar estas licitaciones por la vía rápida en virtud de la urgente situación de crisis sanitaria y el desabastecimiento de estos materiales a nivel global.

Problemas con China

El contrato de mayor valor que no llegó a buen puerto se suscribió con la firma china Hong Jin Medical Science. Esta licitación fue rubricada el 26 de marzo de 2020 por 62.542.929 euros -a los que hubo que sumar 5.168.837 euros en materia de aranceles- e iba destinada a comprar más de 100 millones de mascarillas entre quirúrgicas -la mayoría-, FFP2 y FFP3. También incluía una partida de otros 100 millones de guantes de nitrilo. Según especifica Sanidad en los documentos entregados a ABC, el contrato está totalmente cancelado por la «imposibilidad de suministrar el material por cambio normativo de exportación en China».

El segundo contrato de mayor cuantía de la lista también se firmó con un proveedor asiático, en este caso China National Instruments Import & Export Group Corporation. Se selló el 26 de marzo por 38.960.007 euros a cambio de 2,5 millones de trajes de protección (EPI). El trato se rompió ya que, como figura en los datos de Sanidad, se ejecutó el desistimiento. Con esta licitación se da una curiosa circunstancia que se replica en otras entrada del listado. La fecha del expediente y la empresa adjudicataria siempre encajan, aunque el número de expediente con el que etiqueta cada caso el ministerio no concuerda siempre con el resto de información.

Al margen de esta situación, que no facilita precisamente el derecho de acceso a la información pública, también hubo problemas con una tercera empresa china, Shandong Liangfu Pharmac. Con ella se llegó a un acuerdo para que facilitara elementos higiénicos a cambio de 942.955 euros, IVA incluido, según figura en la memoria de contratación. El acuerdo se rubricó el 26 de marzo para la compra de 260.000 envases de gel desinfectante. Sin embargo, el producto carecía del sello de marcado europeo, lo que dio al traste con la licitación.

Por adelantado

El detalle de estos contratos no está disponible en internet, ya que el Gobierno únicamente ofrece la memoria de los mismos en el Portal de Contratación. Este dato ayudaría a constatar la cantidad de dinero público que perdió en estas licitaciones fallidas. En aquellas fechas, con todos los países del mundo intentando hacer acopio de elementos sanitarios de protección ante el avance del virus, los proveedores chinos se aprovecharon y solicitaron, por norma, el pago de una parte -solía ser la mitad o incluso más- por adelantado.

En estos casos no se puede conocer este detalle, si bien es cierto que la Oficina Económica de España en Pekín elaboró un listado de proveedores de este material en el que figuran detalles como las empresas que ofrecían cada elemento, el precio de los productos, si estaban homologados en Europa o si las firmas chinas reclamaban el pago por adelantado de los pedidos. Dos de las tres compañías arriba citadas -Hong Jin Medical y Shandong Liangfu- con las que se firmaron contratos fallidos aparecen en esta relación y en ambos casos, la Oficina Económica de España en Pekín advierte de que solicitaban el pago por adelantado de todo el pedido.

Dos de las tres empresas chinas con las que España selló contratos fallidos reclamaban el 100% del pago por adelantado

Otro de los grandes problemas durante los meses de escasez de materiales de protección o diagnóstico fueron los intermediarios. Empresas sin experiencia en el sector sanitario aprovecharon la coyuntura y la crisis sanitaria para hacer negocio. Son numerosos los casos en los que la Administración recurrió a ellos para conseguir material y, aunque hubo ejemplos en los que salió bien, también hay otras operaciones que naufragaron. Es el caso de dos licitaciones suscritas por el Gobierno con la firma Member of the Tribe.

Esta empresa, vinculada al sector textil, recibió dos contratos que no pudo afrontar. El primero fue sellado el 14 de mayo de 2020. Por 5.564.000 euros debía entregar a Sanidad 52 millones de guantes de nitrilo. Sin embargo, como indica el gabinete que ahora dirige Carolina Darias, la empresa incumplió el acuerdo a la hora de entregar el material y, por ende, el procedimiento se encuentra «en trámite de resolución» pendiente de un informe del Consejo de Estado. En la memoria de este contrato sí figura que Sanidad entregó 1.669.200 euros -el 30 por ciento del total- en el momento de la firma del contrato. El naufragio de esta encomienda provocó que otra licitación posterior suscrita con la misma empresa, y por un importe de 3.880.000 euros se suspendiera.

Hyperin Grupo Empresarial es otro ejemplo de empresas alejadas del universo sanitario. Concretamente es especialista en materiales de construcción, pero recibió un contrato para suministrar a Sanidad 144 respiradores por 3.310.560 euros. Esta encomienda se resolvió «ante la imposibilidad por parte del contratista de suministrar los bienes objeto del contrato y no siendo los bienes ofrecidos en sustitución de los inicialmente ofertados aptos para el fin pretendido».

Uno de los contratos fallidos de menor cuantía es el que el Gobierno resolvió con la firma MJ Steps el 31 de marzo de 2020. El acuerdo obligaba a esta empresa a entregar a Sanidad diez respiradores a cambio de 468.300 euros. La licitación no llegó a buen puerto y la cancelación, como expone el ministerio en su listado, todavía está en trámite a falta de un informe del Consejo de Estado. El motivo que propició que el contrato fuera fallido fue el «incumplimiento de entrega del material».

Tests defectuosos

De mutuo acuerdo se rescindió otra de estas adjudicaciones fallidas, que también se realizó a través del procedimiento de emergencia. Se trata del contrato suscrito entre el Ingesa y la compañía Abbott Rapid Diagnostics Healthcare. El trato señalaba que debía entregar 500.000 tests de diagnóstico del coronavirus por 2.800.000 euros. Tampoco se cumplió lo previsto.

La mayoría de estos nueve contratos fallidos se firmaron entre marzo y junio de 2020, los meses más duros de la pandemia y cuando más material faltaba

Entre los contratos fallidos también figura una de las licitaciones más polémicas. Se trata de los tests de detección de coronavirus que Sanidad compró a la firma Inter Pharma al inicio de la pandemia. Dicho acuerdo, que consistía en el intercambio de 659.000 unidades de este producto por 17.143.885 euros, tuvo que ser rescindido una vez que se hizo público que estos equipos de diagnóstico no tenían la precisión y fiabilidad que se les presuponía en el momento de la adquisición. Como se puede comprobar en la memoria del acuerdo, el Gobierno tenía que adelantar un 35 por ciento -6.000.359,75 euros- que posteriormente, y como informaron las partes, fueron devueltos por el laboratorio.

Más allá de si el dinero se perdió o no, esta relación de contratos fallidos revela las toneladas de material de protección que nunca llegaron a España en los meses más complicados de la pandemia.

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