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El Gobierno exige a la gran empresa un mínimo del 25% en cada Perte

El presidente Sánchez y los suyos aspiran a tener también una posición de dominio en los proyectos público-privados ante la llegada de los fondos

Los tentáculos del poder del Gobierno Sánchez residen más allá de las sillas ministeriales. Si bien es cierto que la mayoría de los líderes políticos -con su ego- de tal o cual partido de la coalición al frente del país, digamos, se ha conformado con lograr una de las carteras o puestos técnicos (secretaría, dirección general…) dentro del Ejecutivo, no menos cierto es que más suculento es para otros muchos allegados -y de hecho más beneficioso a la larga- optar a cargos que van quedando vacantes en otro tipo de reparto de sillas más allá del poder del arco parlamentario.

De hecho, tal y como ha informado este periódico, el presidente Sánchez y su mano derecha -el jefe de Gabinete,

 Iván Redondo– iniciaron desde su llegada al poder tras la moción de censura a Rajoy, en junio de 2018, una revolución paulatina al frente de las empresas y organismos públicos. En paralelo, abrieron el camino lento, ahora ya con velocidad de crucero, de ganar cuota de poder en las grandes compañías del Ibex 35, vía consejeros independientes y externos, como adelantó ABC. Ahora, el siguiente asalto serán los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica).

Según ha podido saber ABC, el presidente y sus socios analizan la manera de controlar desde dentro todos los proyectos público-privados que nacerán bajo el paraguas de los fondos europeos. La idea inicial es constituir una empresa en la que de promedio el Estado tenga un mínimo del 25%. La reacción de la gran empresa es «de auténtico pavor», según fuentes empresariales, que añaden que «vía Perte, el Gobierno, además del control de las empresas públicas y semipúblicas bajo el paraguas de la SEPI, busca tener posición de dominio en la reconstrucción de un gran sector público en negocios estratégicos del futuro».

Esta semana Bruselas dará el pistoletazo de salida para la llegada de las ayudas, casi 9.500 millones, el 13% de los fondos pactados, que España cobrará, en principio, en julio. El calendario corre, pero la opacidad sobre cómo se articularán estos proyectos público-privados está provocando inseguridad jurídica en las compañías interesadas. El temor empresarial a una politización de la gestión ha crecido tras la selección de las empresas para los Perte ya anunciados, en lo que se califica como un proceso «opaco y poco transparente» y con escasas garantías: ni el registro estatal dependiente del Ministerio de Hacienda, donde deben inscribirse las empresas interesadas, está listo, ni tampoco el grupo de alto nivel prometido por Sánchez para coordinar la colaboración público-privada.

La falta de planificación y los escasos resultados de las reformas intranquilizan a las autoridades comunitarias. También crecen los temores entre regiones y entre las empresas a que las fórmulas para canalizar el maná europeo se politicen y Sánchez termine poniendo en marcha proyectos que puedan asemejarse al ‘plan E’ de Zapatero, uno de los mayores fiascos vividos por la economía española. Desde ámbitos políticos y económicos se reclama al presidente que «objetive los proyectos porque el dinero que llegará es limitado» y que aplique los principios de «competitividad, solvencia y de inversión privada».

 

 

El control que ejercerá Bruselas sobre su exigencia de reformas ya no se discute. Se ha configurado una estructura de reuniones periódicas de control y en función de los resultados se irán liberando nuevas partidas. Es decir, que una vez se reciba la primera remesa se analizarán los cambios exigidos en España y, de no haber resultados, no habrá nueva liberación de fondos. «Si no hay reformas, no hay apoyo», comenta una fuente a ABC.

¿Cómo se diseñan los Perte? La identificación de los Perte corre a cargo del Consejo de Ministros, «que pondrá en marcha los correspondientes procesos para articular a los diferentes participantes públicos y privados en la correspondiente ‘alianza’ o consorcio para el despliegue de los proyectos», detalla el Plan de Recuperación elaborado por el Gobierno. De momento se han identificado, a título preliminar, seis posibles proyectos estratégicos, centrados en desarrollar «la industria de la automoción verde y conectada; la generación energética mediante hidrógeno verde; la industria aerospacial; la agricultura sostenible y eficiente; el uso del español en el ámbito de la inteligencia artificial; y el desarrollo de un sistema nacional de salud puntero». Grandes ideas, pero muy poca concreción, detalla la gran empresa y las autonomías.

Los Perte se han concebido como la herramienta con la que se espera convertir a España en una economía competitiva y moderna. Pero la materialización de esta idea parece que se le hace bola a Sánchez. Una de las posibilidades que baraja el Gobierno, según las mismas fuentes, es lograr sus objetivos utilizando la sociedad vehículo especial en la que el Estado y las empresas compartan capital. La fórmula se ve con buenos ojos en el departamento de Asuntos Económicos del gabinete de la Presidencia del Gobierno, que dirige Manuel de la Rocha, pero genera dudas entre la mayoría de los empresarios al conocer que el Estado exigirá tener prácticamente una importante posición de dominio. También ha provocado un debate entre el propio Ejecutivo y los altos funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica, por no ofrecer suficiente seguridad jurídica.

En el Plan de Recuperación, el Gobierno ya abría la puerta a invertir a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético) en nuevas empresas para impulsar las renovables, aunque incluía un abanico de posibilidades con las que hacerlo. El documento menciona la posibilidad de que el IDAE articule sus actuaciones por medio de la entrada directa en el capital social de empresas existentes, la entrada en el capital de Uniones Temporales de Empresas (UTE), las SPV o ‘joint venture’ que se puedan crear con otros socios.

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