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El Gobierno cierra apoyos para el decreto de las mascarillas mientras el de interinos sigue en el aire

Bildu confirma su apoyo a retirar la medida de protección en el exterior y Vox se abstendrá

La negociación del PSOE ‘in extremis’ para intentar salvar los dos decretos-leyes que corrían peligro ayer, interinos y retirada de mascarillas, dan sus frutos para éste último. Bildu confirma su voto a favor mientras Vox prevé abstenerse, lo que permitirá al Gobierno salvar el texto con, al menos, 170 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PDeCAT, Junts, Bildu, Compromís o Más País).

El PP confirma su «no» mientras Ciudadanos y el PNV siguen guardando silencio aunque sin posibilidad de superar entre todos ellos a los «síes» con los que ya cuenta el texto.

La convalidación de este texto tiene el efecto colateral de suponer un importante revés político para el lendakari Iñigo Urkullu, que ayer envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchezpara pedirle que modificara el decreto y volviera a convertir las mascarillas en obligatorias. Ni el Gobierno cede ante Urkullu ni tampoco el lendakari logra arrastrar a los grandes partidos nacionalistas sobre los que tradicionalmente ha ejercico influencia.

El decreto de interinos, sin embargo, sigue completamente en el aire. Bildu confirmaba a primera hora de la mañana que su posición sigue en el «no» y el PP también ha confirmado un voto en contra que se une al de Vox. Ayer a última hora se mantenían en esta posición ERC, PDeCAT, CUP, Coalición Canaria, BNG o Junts. Si todos ellos mantienen esta posición, el decreto no saldrá adelante.

En ese caso, será el tercer derogado que el Congreso deroga a Pedro Sánchez desde que es jefe del Gobierno. El primero fue el decreto-ley de los alquileres en enero de 2019, que pretendía ampliar la duración mínima de los contratos de alquiler de viviendas hasta los cinco años sin regular los precios. El PSOE gobernaba en solitario entonces.

El pasado mes de septiembre, el Congreso aplicó otro correctivo al Gobierno y tumbó el decreto-ley con el que Hacienda pretendía quedarse con los remanentes de los ayuntamientos, ya con la coalición PSOE-Unidas Podemos gobernando.

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