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El fracaso del Ingreso Mínimo en su primer año de vida

La medida estrella del «escudo social» no llega ni a un tercio de los beneficiarios previstos y ya está pendiente de reforma

“Insuficiente”, “mal gestionado”, con un alcance “mucho menor del esperado” e “inaceptable”. Estos son algunos de los calificativos con los que sindicatos, partidos políticos y organismos públicos definen el Ingreso Mínimo Vital (IMV) un año después de su puesta en marcha. La prestación, que se publicó en el BOE el 1 de junio de 2020 y fue tramitada y validada como proyecto de ley el 17 de junio, formaba parte del llamado escudo social durante la pandemia. Sin embargo, el tiempo y las cifras han dejado en evidencia que la prestación que pretendía socorrer a los más vulnerables de la crisis de la Covid-19 no ha cumplido las expectativas. “No es aceptable que el IMV solamente esté llegando a una cuarta parte de los hogares inicialmente previstos”, criticaba duramente Unidas Podemos al presentar una nueva propuesta del paquete de enmiendas a la ley del Ingreso Mínimo Vital.

Los últimos datos de la Seguridad Social reflejan que esta prestación llegó en mayo a 260.206 hogares en los que viven 682.808 personas. Una cifra que se encuentra muy por debajo de los 850.000 hogares y 2,3 millones de personas que el Gobierno estimó hace un año como destinatarios de esta prestación asistencial de la Seguridad Social. El Consejo Económico y Social (CES) también reprochó al Gobierno el fracaso de esta medida en la memoria que analiza la situación socioeconómica y laboral de España en 2020 y que le entregó el 2 de junio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pese a considerar el IMV como un importante avance, el CES expuso que su alcance “tras nueve meses en funcionamiento ha sido mucho menor del esperado, pues la estimación del Gobierno es que llegue a 2,3 millones de personas”.

“De ahí que el gasto ejecutado en 2020 en concepto de IMV (411 millones de euros) haya sido mucho menor que el inicialmente previsto (1.500 millones de euros)”, puntualizó. En este sentido, UGT ha recordado que la prestación sólo alcanza a cubrir la diferencia entre la renta garantizada que, para un sólo beneficiario es de 461 euros; y el conjunto de rentas e ingresos que tenga el beneficiario. Una cuantía “claramente insuficiente” en su opinión.

Reforma parlamentaria

UGT considera “que esta prestación está mal diseñada desde el principio” y “se ha demostrado claramente insuficiente tanto en su diseño como en su intensidad protectora”. El sindicato reclama una “reforma mucho más sosegada y dialogada tanto social como parlamentariamente”. Sin embargo, esto no fue posible hasta prácticamente este pasado martes 1 de junio, cuando PSOE y Podemos desbloquearon la tramitación del proyecto de ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), tras acumular más de 30 prórrogas y cuando se cumplía ya un año de la aprobación de decreto. El acuerdo llegó después de que la formación morada decidiera airear su malestar y exigiera públicamente fin a las prórrogas, quejándose de que los intentos por negociar “discretamente” con el PSOE resultaron infructuosos y responsabilizando del bloqueo al Ministerio de Inclusión Social de José Luis Escrivá.

“La auténtica mejora de la ley la hacen los grupos parlamentarios, con todas sus aportaciones a través de enmiendas y el contacto con las entidades”, precisó Genís Boadella, diputado del PDeCAT, partido que ha registrado un paquete de 24 enmiendas a la Ley del Ingreso Mínimo Vital, en las que proponen que la ayuda sea compatible con la prestación por hijo a cargo y solicitan el traspaso de su gestión a la Generalitat de Cataluña. A su juicio, el Gobierno “se ha acostumbrado a legislar a golpe de Real Decreto-Ley y tendría que empezar a escuchar más a los otros partidos, si quiere tejer complicidades de cara al futuro”. Ahora ya con la tramitación desbloqueada, se supone que a partir de la próxima semana, podrá convocarse la ponencia encargada de empezar a discutir mejoras en la legislación vigente.

Unidas Podemos sostiene que el Ingreso Mínimo Vital, con su actual diseño del decreto ley de hace un año, presenta un “mal funcionamiento”. Como resultado, la formación morada ha presentado su propio paquete de enmiendas enfocado en los requisitos y beneficiarios y ha llegado a entonar el mea culpa aunque considera que esas deficiencias son responsabilidad del Ministerio de Inclusión Social, de la cuota socialista del Gobierno.

Entre los cambios que promueve Unidas Podemos, figuran que la prestación se vincule a los ingresos obtenidos en el trimestre anterior, en lugar del último año, para cubrir situaciones de pobreza, así como para que no computen para el acceso al IMV las ayudas por situación de dependencia ni tampoco, cuando no se estén cobrando, las prestaciones ni subsidios por desempleo. Del mismo modo, proponen extender las ayudas de forma excepcional a toda persona que tenga reconocida una renta mínima a 31 de diciembre de 2020 y que se reduzca el requisito de unidad de convivencia independiente a dos años para las personas de menos de 30 años. Para evitar la exclusión de colectivos vulnerables que puedan estar en situación irregular, Unidas Podemos pide, además, eliminar la obligación de acreditar una residencia legal, continuada e ininterrumpida de al menos un año en España para aquellas personas solicitantes de protección internacional, españoles emigrados retornados, personas menores que viven en hogares en situación irregular, víctimas de trata o víctimas de violencia de género.

Entre enmienda y enmienda, lo que vienen a proponer los diversos partidos es dejar el esqueleto de la ley e ir recomponiéndola con otras piezas nuevas, ya que la actual no ha sido capaz de dar cobertura a miles de hogares sin ingresos, a personas sin hogar, ni a “las miles de personas que forman a diario las llamadas ‘colas del hambre’”, denuncia UGT.

Los que cumplen los requisitos, no piden la ayuda

Fuentes de la Seguridad Social reconocen a LA RAZÓN ser conscientes “de los escollos que han existido en algunos momentos durante el inicio del despliegue del Ingreso Mínimo Vital”. Por ello, recalcan haber ido incluyendo reformas como eliminar como requisito previo estar apuntado al SEPE, autorizar a la Seguridad Social a consultar el padrón de los ciudadanos en el INE, así como otros cambios para facilitar el acceso de las personas sin hogar, por ejemplo, incorporar a los trabajadores sociales y al tercer sector en la acreditación de unidades de convivencia.

“Siempre hemos dicho que el IMV iba a ser una política que tendría una evaluación constante y por ello seguimos analizando posibles mejoras y nos gustaría que el trámite de enmiendas sirviera para ello. Además, el principal problema que hemos detectado es que, como es habitual en este tipo de prestaciones, hay un volumen importante de personas que a priori cumplirían los criterios de vulnerabilidad y no han solicitado el IMV”, algo que ya se está analizando, señalan. El pasado mes de mayo Escrivá explicó que entre sus objetivos también se encontraba ”ir ampliando progresivamente” esta ayuda a otras prestaciones, por ejemplo, por hijo a cargo o por unidades de convivencia, a unidades familiares con rentas más altas pero con hijos. En cuanto a la medida más reciente planteada por el titular de Inclusión se encuentra una ayuda de 50 euros por hijo que complemente al IMV.

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